enero 19, 2018 | Industria
(El Mercurio) La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó ante la Tercera Sala de la Corte Suprema un recurso de aclaración, tras el fallo en que amplía las facultades de fiscalización y de sanciones de este organismo de manera retroactiva, antes de la reforma ambiental del 2010.
El máximo tribunal, en fallo dividido, acogió la reclamación de sindicatos de trabajadores de las caletas de Ventanas y Horcón que recurrieron de la resolución de la SMA, que se había declarado incompetente para conocer y sancionar el derrame de hidrocarburos en el terminal marítimo de Enap Refinería Aconcagua S.A., ubicado en la bahía de Quintero, en 2014.
La SMA sostiene en su escrito que no les o queda claro cómo cumplir el mandato entregado por el máximo tribunal, luego de más de tres años que ocurrieran los hechos. En la presentación argumentan que la resolución de la Tercera Sala, «si bien es evidente que ordena dejar sin efecto el archivo de la denuncia», tienen duda acerca de «¿cómo se procede después?, y ¿qué significa ‘decidir, conforme en derecho corresponda’?».
Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2014, cuando el buque tanque Mimosa se encontraba realizando operaciones destinadas a la descarga de petróleo crudo mediante la monoboya hacia el estanque T-5104 del terminal. Ese mismo día realizaron una fiscalización en las dependencias del terminal, hasta que se declaró incompetente en 2015 y archivó la denuncia porque las instalaciones del terminal no se encuentran reguladas por ninguna de las Resoluciones de Calificación Ambiental, ya que datan del año 1971.
«Cumplir con el fallo significaría terminar con el mismo resultado de archivo de la denuncia ya no por incompetencia para fiscalizar, como su S.S. Excma. ha interpretado, sino por no existir un cargo que formular, por aplicación del non bis in idem (que no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento por el mismo hecho), y/o o por no tener recomendaciones o instrucciones que dar a estas alturas», dice la SMA.
enero 17, 2018 | Sustentabilidad
(Diario Financiero) En agosto de 2017, el gobierno -a través de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Energía, Transportes y Telecomunicaciones, y Medio Ambiente, presentó la Estrategia Nacional de Electromovilidad.
Esta iniciativa pretende lograr que el 40% de los vehículos particulares y el 100% de los vehículos de transporte público sean eléctricos al 2050. Además, busca reducir la demanda energética en un 20%, y mitigar los gases de efecto invernadero.
Asimismo, y en un contexto de sus estrategias sostenibles, las empresas chilenas están viendo con buenos ojos este escenario, que si bien avanza a paso lento, mueve a algunas firmas a innovar en sus sistemas de transporte.
[Se inaugura primer punto de carga para autos eléctricos de la Región de O´Higgins]
Electromovilidad es real
Como parte de su nuevo modelo de distribución, CCU Chile sacó a las calles su nueva flota de camiones 100% eléctricos, cero emisiones y cero ruidos.
Esta iniciativa, que se enmarca en su estrategia de sustentabilidad, busca incorporar soluciones de transporte más eficientes y contribuir al cuidado del entorno.
El gerente de Logística y Distribución de CCU, Álvaro Román, señala que “como empresa, nos inspira liderar iniciativas en esta materia, avanzando hacia un uso más eficiente de los recursos. La propuesta es disminuir el consumo del agua y generación de gases de efecto invernadero e incrementar la valorización de los residuos industriales”.
CGE, en tanto, inauguró su primer punto de carga dentro de su plan de electromovilidad en Rancagua. Este punto, llamado “electrolinera”, es el primero de una red de cinco que serán instalados durante el primer semestre de 2018 en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Santiago y Concepción. Además, como forma de incentivar la movilidad eléctrica, este servicio será gratuito por ahora.
“Éste es el primer paso que está dando nuestra compañía para llevar la electromovilidad a diferentes zonas de Chile. Esperamos extender la cobertura de forma progresiva, ofreciendo tecnología limpia, más económica y que estará cada vez más presente en el país”, dice el presidente de CGE, Antonio Gallart.
El ejecutivo agrega que, junto con la red de puntos de carga, el Plan de Electromovilidad de la compañía incluye migrar paulatinamente los vehículos que utiliza para sus operaciones, incorporando cinco unidades eléctricas en su flota operativa el primer trimestre de 2018.
Conducción monitoreada
Si bien algunas compañías orientan sus esfuerzos por utilizar vehículos en base al uso de la electricidad o bien ofrecer un servicio para ese fin, hay otras que apuntan a generar soluciones innovadoras en elementos que forman parte del sistema de transporte.
Ese es el caso de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), que implementa prácticas en el control de fatiga en vehículos pesados.
Esta medida se aplicará en los 85 camiones y conductores de la flota contratada para la estatal por medio de un sistema integrado de gestión de riesgos vitales. De ahí se obtienen y procesan, de forma automática, los datos de los dispositivos (cámaras instaladas en los camiones) y de los operadores de GPS, entregando alertas en tiempo real, perfiles de conducción y reportes para realizar cambios de conducta.
El gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ENAP, Gabriel Méndez, explica que durante la operación de los vehículos se generan una serie de datos de GPS, frenados bruscos y alertas, que serán procesados usando modelos predictivos para crear perfiles de conductores y rankings asociados. Méndez añade que entre un 30% a 47% de los accidentes de vehículos pesados en el país están relacionados a la fatiga, y dos de cada tres accidentes fatales en el trabajo son también consecuencia de lo anterior. De ahí que esta plataforma sea una herramienta eficaz para el área de transporte terrestre de la firma, que monitorea su flota 24/7 con el fin de evitar accidentes.
Sin duda que el lanzamiento del Plan de Electromovilidad fomenta que diversos actores se sumen a esta nueva corriente que pretende masificar de forma segura y sustentable la tecnología eléctrica y, por tanto, impactar positivamente al medio ambiente.
Pese a que este propósito lleva poco tiempo en curso, ya se observan algunos aportes e iniciativas sostenibles en relación al sistema de transporte que usan las empresas, donde la innovación es importante. Aquí el factor cultural es clave también para que se desarrolle e implemente de forma eficaz y progresiva en el tiempo y no quede sólo como una moda.
enero 12, 2018 | Industria
(El Mercurio) La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) está preocupada y «sorprendida» tras conocer el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que amplía las facultades de fiscalización y de sanciones de este organismo de manera retroactiva, antes de la reforma ambiental del año 2010.
El máximo tribunal, en fallo dividido, acogió la reclamación de sindicatos de trabajadores de las caletas de Ventanas y Horcón que recurrieron de la resolución de la SMA, que se había declarado incompetente para conocer y sancionar el derrame de hidrocarburos en el terminal Marítimo de Enap Refinería Aconcagua S.A., ubicado en la bahía de Quintero.
«El fallo es sorprendente, por las consecuencias que tendría para la gestión de la SMA porque modificaría radicalmente el ámbito de competencia que la ley establece y obligaría a fiscalizar toda la normativa de carácter ambiental, y los recursos no alcanzarían para hacer todo ese trabajo», explicó el superintendente de la SMA, Cristián Franz.
Incompetencia
Estos hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2014, cuando el buque tanque Mimosa se encontraba realizando operaciones destinadas a la descarga de petróleo crudo mediante la monoboya hacia el estanque T-5104 del terminal. Ese mismo día, la SMA realizó una visita inspectiva a las dependencias del terminal, hasta que se declaró incompetente en 2015 porque los hechos denunciados por los reclamantes no se pudieron asociar a la infracción de algún instrumento de carácter ambiental.
El argumento de la SMA es que las instalaciones del Terminal Marítimo Quintero involucradas en el derrame correspondían a la monoboya y al estanque T-5104, estructuras que no se encontrarían reguladas por ninguna de las Resoluciones de Calificación Ambiental con que cuenta dicho terminal, pues datan del año 1971.
Argumentos
La resolución de la Tercera Sala se adoptó en un fallo dividido, por los ministros Sergio Muñoz, Rosa Egnem y Carlos Aránguiz.
Los magistrados argumentan que la autoridad «debe fiscalizar toda clase de actividades que puedan lesionar el medio ambiente, con independencia de si las mismas han sido sometidas previamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental».
Al superintendente de la SMA le preocupa además que no den abasto con este crecimiento repentino de la competencia. «Tenemos cinco años de funcionamiento, hemos crecido gradualmente. Y por eso, al ampliar de esta manera extrema nuestra competencia, y con la estrechez de recursos, se agudiza un problema».
Franz dice que la resolución además los tomó por sorpresa porque el ámbito de la competencia de la SMA «ha sido ratificada en múltiples ocasiones por tribunales ambientales especializados creados para resolver estas controversias técnicas y jurídicas. Llama la atención que se plantee una interpretación de competencia que no teníamos en la ley y hacernos cargo de instrumentos de carácter ambiental abre el abanico de funciones para todo el espectro de la normativa ambiental», aseguró el superintendente.
enero 11, 2018 | Industria
(AméricaEconomía) Engie no pierde el tiempo. La empresa de origen francés vio una oportunidad tras el acuerdo entre los ministros de Chile y Argentina que permitirá el intercambio de gas y electricidad entre ambos países, y a través de su compañía asociada en Argentina, Energy Consulting Services (ECS), venderá gas a la operación chilena (con el previo acuerdo de reintegrar el volumen del hidrocarburo).
Tras el acuerdo del 22 de diciembre pasado, entre el Ministerio de Energía y su par transandino, Engie Energía Chile podrá comprar un tope inicial de 2,5 millones de metros cúbicos al día, cantidad que es semejante al combustible requerido para una central de ciclo combinado de 500 megawatts (MW) de potencia.
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ECS tiene la obligación de reimportar los volúmenes que venda a Engie Energía Chile en un periodo determinado de 240 días corridos desde la fecha de entrega. La autorización agrega también que la entrega de gas debe estar condicionada a que se asegure la prioridad de abastecimiento para la demanda nacional, si existiesen situaciones en que se requiera interrumpir el suministro.
Este es el primer swap -o contrato financiero entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de caja futuros, de acuerdo a una fórmula pactada- establecido entre el gobierno de Argentina y una empresa privada chilena, ya que el anterior intercambio de gas estuvo bajo la responsabilidad de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
Consultado el titular de la cartera del Ministerio de Energía de Chile, Andrés Rebolledo, por AmerícaEconomía, comentó: «Nuestro convencimiento es que ese acuerdo de swap energético es beneficioso para ambos países y nos permitirá, con reglas claras y conocidas de antemano, profundizar la relación que tenemos con Argentina».
Desde la secretaría de Energía también comentaron que hoy el intercambio es de gas natural y que en un próximo periodo podría ser electricidad. Asimismo, se espera fluyan en ambas direcciones, teniendo como consecuencia la entrega de una mayor seguridad de suministro a los sistemas a ambos lados de la cordillera y el aprovechamiento de la infraestructura subutilizada.
Engie Chile comentó a AméricaEconomía que «el gas se usará para impulsar una herramienta que correrá dentro del caño y con ello realizar una inspección interna en la tubería. Se trata de una inspección rutinaria y de cumplimiento obligatorio en los gasoductos de alta presión». Desde la privada aseguraron que el envío del hidrocarburo se hará por el Gasoducto Nor Andino, que es donde -explican- se va a realizar la inspección interna.
Sobre la opción de nuevas compras de gas a Argentina, respondieron que «por el momento solo está la autorización con devolución para esta inspección, lo que no descarta que en el futuro se pueda repetir con fines de consumo».
enero 8, 2018 | Industria
(Pulso) Con sus ojos puestos en Chile, y específicamente en el mercado energético, está el fondo de inversión francés Ardian Infrastructure.
Trascendió que el fondo que maneja activos por US$66 mil millones, aterrizó con sus máximos ejecutivos en infraestructura, sondeando la venta de la distribuidora de gas de redes GasValpo, que desde el año pasado está en medio de un proceso de venta.
Prueba de dicho interés es que en noviembre pasado, ejecutivos llegaron al país para conocer de primera mano el mercado del gas de red, cuya legislación fue modificada el año pasado.
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En concreto, Juan Angoitia, director general de Ardian Infrastructure; Gonzague Boutry, director también de la firma y sus abogados locales, Álvaro Barriga y Sebastián Leyton, ambos de Morales y Besa, se reunieron con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, para abordar la normativa del sector. Según indica la Plataforma del Lobby, el motivo de la reunión fue hablar sobre el “régimen de distribución del gas en Chile, ante potenciales inversiones en el sector”.
Chile no es un país desconocido para Ardian Infrastructure. En 2016 concretó su primera operación en América Latina con la compra del 81% de cuatro plantas solares fotovoltaicas a Solarpack por US$31 millones, tres de las cuales estaban ubicada en Chile -las que sumaban 26,5 MW- y una en Perú -19,4 MW.
Y tras ello, el activo que estaba en su mira era GasValpo, propiedad de la australiana Whitehelm Capital, que está en venta desde hace unos siete meses. Según conocedores de la operación, la demora en su enajenación se explica en parte por las condiciones puestas por la controladora, que buscaría traspasar la compañía a un actor que no esté presente en el mercado de la distribución de gas por red, lo que beneficiaría a Ardian ya que justamente no participa en ese sector en el país.
A lo anterior -añaden actores del mercado- se sumaría que el hecho de que ya habrían desertado una serie de empresas por las complejidades propias de un mercado regulado. En febrero de 2017 fue publicada la ley que modifica el mercado del gas; normativa que incluye una reducción del máximo de rentabilidad, pasando de 11% a 9%. En concreto, el proyecto mantiene el piso de 6% de la tasa de costo de capital, pero reduce el margen de rentabilidad por sobre dicha tasa de cinco a tres puntos porcentuales, restándole atractivo a la industria.
Adicionalmente, en el caso de excederse, la ley establece un proceso de fijación tarifaria por el solo ministerio de la ley. Además, de un mecanismo de compensación a consumidores en caso que una empresa exceda la rentabilidad máxima.
A esto se suma, la dura competencia que experimenta el sector de la distribución de gas, luego que en 2014 Gas Natural Fenosa ingresara a la propiedad de CGE -controladora de Metrogas-, prometiendo un plan de inversiones de US$1.000 millones en redes hacia 2025. Otros actores de GLP, como Abastible y Lipigas, también están moviendo sus fichas para participar en el rubro.
