julio 15, 2015 | Industria
(El Mercurio) El avance ha sido silencioso, pero los planes son ambiciosos. El Gobierno se ha impuesto como meta incorporar 100 nuevas centrales minihidro -de hasta 20 MW- a 2018, y hasta ahora el progreso ha sido importante.
A junio de 2015 había 73 iniciativas de este tipo operando, las que suman una capacidad de 320 MW. A esto se agrega un catastro de 130 proyectos que aportarán 721 MW y consideran una inversión por US$ 2.500 millones. Se ubican entre la Región Metropolitana y Aysén, y a la fecha nueve han entrado en operación y 10 figuran en construcción, según datos del Ministerio de Energía.
Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec -gremio creado en 2008 y que agrupa a las hidráulicas pequeñas y medianas-, comenta que otros 52 proyectos cuentan con aprobación ambiental. Lo anterior, considerando las dos iniciativas que obtuvieron ayer su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Se trata de central Cóndor (5,4 MW), propiedad de Schwager Energy, que considera una inversión por US$ 17 millones, y Añihuerraqui (nueve MW), de GTD Negocios. Esta última involucra una inversión por US$ 22 millones. La novedad es que ambas se ubican en la Región de La Araucanía. «Este debe ser el rubro que más inversión pretende hacer en esa zona», dice Loyola. Añihuerraqui además planea desarrollar una medida inédita en torno a la asociatividad: compartir sus ingresos con las comunidades aledañas. De los 130 proyectos, solo quedan 14 en tramitación ambiental y 45 en etapa de prefactibilidad.
Loyola explica que la principal barrera que enfrentan las iniciativas para su aprobación ambiental tiene que ver con los permisos y los tiempos que demoran en obtenerlos -solo por un permiso de obras mayores, un proyecto puede estar parado cuatro años, comenta-, y luego con la conexión a la red. De hecho, este último es uno de los principales motivos que impiden la realización de algunas centrales. Para que una minihidro sea viable, el costo en transmisión no podría pasar del 15% del total de la inversión, señala. «Son centrales que, dado que tienen pocos megawatts, enfrentan ciertos problemas de economía de escala para llegar a un punto de inyección», sostiene. Pero destaca que el gobierno está haciendo esfuerzos en este sentido. El proyecto de ley de transmisión eléctrica evalúa crear polos de desarrollo; esto es, lugares donde varias minihidro se agrupen para juntar fuerzas para llegar al sistema eléctrico.
Rafael Loyola explica que las minihidro tienen muchas ventajas, por su armonía con el medio ambiente, por constituir una energía desconcentrada, y por el efecto promotor sobre los lugares donde se instalan, pues ocupan a empresas y mano de obra de las distintas zonas.
Estigma del agua
«La hidroelectricidad hoy está estigmatizada en Chile, y ese es un tema que hay que abordar. Hay que hacer la separación entre ambos tipos de hidroeléctricas, lo que hoy no está bien puntualizado. Invertir hoy en hidráulicas más grandes no es imposible, pero sí muy difícil», sugiere Loyola.
Añade que, como gremio, piensan que se debe impulsar la hidroelectricidad como un todo, aunque les parece correcto dar por ahora un fuerte impulso a las minihidro, porque Chile cuenta con pocas de estas centrales. Alemania, por ejemplo, tiene 300 minihidro entre 1 y 10 MW, y 7.600 microcentrales menores a 0,1 MW. Austria, por su parte, cuenta con 2.800 proyectos de este tipo menores a 10 MW.
[Principales barreras al emprendimiento mini hidro]
julio 8, 2015 | Industria
(La Tercera) El 25% de los hogares de la Región Metropolitana no experimentará alzas en sus cuentas de luz, una vez que entre en vigencia el proyecto de equidad tarifaria, firmado por la Presidenta Bachelet el 26 de junio.
El ministro de Energía, Máximo Pacheco, detalló que para el área Metropolitana las tarifas eléctricas subirán $ 900 por mes, para quienes consuman más de 180 Kw mensuales.
“El 25% de los hogares del área Metropolitana no van a ver esta alza (…) han quedado excluidos”, precisó.
Detalló también que el aumento se efectuará en los dos años siguientes a la aprobación del proyecto. De modo que en el primer año el incremento sea de $ 500 y en el segundo de $ 400.
El secretario de Estado formuló estas declaraciones en el marco del seminario: “Iluminando el futuro energético de Chile”, organizado por la Universidad de Los Andes y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Por otra parte, el titular de la cartera de energía comentó que en el sector hay un “tremendo” interés por invertir, y ello queda demostrado en que hay US$ 10.500 millones en proyectos que están siendo ejecutados, centrales de generación eléctrica que están siendo construidas, y además, US$ 2 mil millones en proyectos de transmisión.
“Se registra también el doble de los proyectos que había a la misma fecha del año pasado en calificación ambiental. Por lo tanto, concluyó, el tubo de proyectos futuros viene extraordinariamente favorable y positivo”, comentó.
Proyectos Seia
En otro plano, un 40% más de proyectos a evaluación de impacto ambiental se registraron a junio de 2015, según el reporte entregado ayer por el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, y el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso. El monto alcanzó a US$ 23.800 millones y fueron 489 proyectos en el período.
julio 6, 2015 | Industria
(La Tercera) La judicialización de proyectos de inversión que tanto alude el sector privado, no parece estar afectando el desarrollo de iniciativas energéticas en el país. Así lo revela un catastro realizado por la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía, al cual tuvo acceso La Tercera.
Con datos a julio de este año, el levantamiento de información de la cartera dirigida por Máximo Pacheco muestra que sólo un proyecto de generación eléctrica y otro de transmisión, entre un total de 69 iniciativas que están en construcción e iniciaron sus trámites de aprobación medioambiental, se encuentran paralizados producto de procesos judiciales o administrativos.
Se trata de la Central de Pasada Mediterráneo (210 MW / Los Lagos), de la empresa Mediterráneo S.A., y la línea de transmisión Centinela-Panimávida (1 x 220 KV), de Hidroeléctrica Centinela.
Tanto la central Mediterráneo como la línea de transmisión Centinela-Panimávida esperan una resolución del Comité de Ministros, ante reclamaciones contra sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
“Por muchos años tuvimos una discusión pública sobre proyectos que se transformaron en emblemáticos. Eso instaló una idea de que en Chile estaba paralizada la inversión porque estaba judicializada”, dice Pacheco, haciendo referencia a los megaproyectos Castilla (2.100 MW / Copiapó) e HidroAysén (2.750 MW / Aysén), que fueron paralizados por orden de la Corte Suprema y el Comité de Ministros, respectivamente.
“La verdad es que hoy, como lo ha señalado el presidente de la Corte Suprema, los tribunales están dándole celeridad a la resolución de proyectos. Por lo tanto, se ha reducido significativamente el número de proyectos judicializados”, agrega la autoridad
De hecho, el catastro del gobierno de iniciativas paralizadas también incorporaba la Central Hidroeléctrica Cuervo (640 MW/ Aysén), de Energía Austral, proyecto que tenía pendiente la resolución de un recurso de reclamación en su contra, por parte del Tribunal Ambiental de Santiago. Sin embargo, la empresa titular del proyecto comunicó ayer que la instancia judicial resolvió aprobar la iniciativa, aunque sus opositores aún pueden apelar.
“El proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo cumple con el marco regulatorio que rige al país”, dijo la empresa en un comunicado. “Nuevamente, una instancia judicial ratifica la aprobación ambiental de Cuervo, tal como lo hiciera la Corte Suprema en agosto de 2014”, agregó.
De todas formas, la central Cuervo aún debe esperar una resolución del Comité de Ministros, instancia que debe resolver reclamaciones pendientes en su contra. Por ello, la empresa Energía Austral comunicó que “continuará llevando adelante un diálogo abierto y participativo con la comunidad para explicar los alcances y características del proyecto y abordar los temas de interés de todos los actores involucrados”.
Proyectos nuevos
La baja paralización de proyectos energéticos producto de recursos judiciales o administrativos, contrasta con cifras que entregó a fines de 2014 la Sofofa, que implicaban inversiones detenidas, en todos los sectores de la economía (incluido el eléctrico), porUS$ 73.000 millones producto de Judicialización de proyectos.
El panorama, dice Pacheco, ha cambiado. De hecho, el catastro de la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Energía, dirigida por el ex intendente de la Región Metropolitana de Santiago, Danilo Núñez, revela un significativo aumento de iniciativas en construcción y aquellas que han iniciado su tramitación ambiental.
De acuerdo al análisis del gobierno, existen 41 iniciativas energéticas actualmente en construcción en el país, y otras 25 que han presentado antecedentes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) para su aprobación.
“Es claro, por los números que vemos, que en Chile ha habido un aumento muy significativo de centrales eléctricas en construcción”, dice Pacheco. “Hoy tenemos prácticamente 2.000 MW más de proyectos que están en plena etapa de desarrollo”, agrega.
Junto a ello, la autoridad también destaca las iniciativas que han iniciado tramitación ambiental, paso previo para que comiencen a construirse.
“Los inversionistas continúan presentando nuevos proyectos para aprobación ambiental. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos 14 proyectos y hoy día estamos con 25 proyectos. Es decir, hemos pasado a tener 80% más de iniciativas que en 2014”, explica Pacheco. Lo anterior “es una demostración de que no sólo se están construyendo nuevas iniciativas, sino también se están adicionando proyectos a las etapas de aprobación ambiental”, acota.
julio 2, 2015 | Tendencias
En julio de 2014 la Declaración de Impacto Ambiental del Parque Eólico Negrete, propiedad de wpd Chile, fue evaluada favorablemente por el Servicio de Evaluación Ambiental, obteniendo, de esa manera, su Resolución de Calificación Ambiental.
El Parque Eólico Negrete no es solo un proyecto eólico de 36 MW (12 aerogeneradores) emplazado en la comuna de Negrete, Región del Biobío, también es la punta de lanza de una serie de proyectos que tiene en carpeta el grupo alemán wpd en el país.
Aunque wpd Chile abrió oficinas en el país recién en 2009, wpd fue fundado en Alemania en 1996 y, desde entonces, ha construido 310 parque eólicos e instalado 1.700 aerogeneradores; alcanzando una capacidad instalada superior a los 3.000 MW en 18 países, entre los que destacan Alemania, Finlandia, Taiwan, Francia, Polonia, Canadá y Chile.
wpd, tanto en Chile como en el resto del mundo, sigue el concepto de “greenfield development”, que consiste en desarrollar parques eólicos desde la génesis del proyecto. Así wpd controla el proyecto completo desde la identificación de sitios, el desarrollo del proyecto y su gestión, estructuración y financiamiento, la construcción y adquisición de insumos, operación técnica y comercial, como también el mantenimiento. El Parque Eólico Negrete es una muestra de la filosofía de la empresa en línea con las particularidades del mercado eléctrico chileno.
“Negrete, que esperamos comenzar su construcción en 2016, es el modelo que queremos replicar en Chile. Para esto ya contamos con dos proyectos, Malleco y Santa Fe, que se encuentran en evaluación ambiental”, explica Tomas Schröter, gerente general de wpd Chile.
Subsidiara del grupo alemán wpd, la empresa tiene proyectos en desarrollo y para construir en el sur del país, iniciativas que en conjunto superan los 500 MW.
El Proyecto Parque Eólico Santa Fe tendrá una producción anual de cerca de 681 GWh (62 aerogeneradores y una potencia nominal de 204,6 MW) y Malleco estará conformado por 90 aerogeneradores, una capacidad de 270 MW y una generación anual de 850 GWh). Mientras el primero ingresó a evaluación ambiental por una DIA, el segundo lo hizo por una EIA.
Respecto de la relación con el entorno, Tomas Schröter explica que para el proyecto Negrete se arrendarán los predios (cinco) con los propietarios, teniendo especial atención de no competir por el recurso (uso de suelo) y de asegurarse que las actividades agrícolas emplazadas sean complementarias a la generación eólica.
“El espíritu de wpd es ser un buen vecino, vamos a estar 30 años en el sector, por lo que nos interesa una relación de largo plazo. Así queremos trabajar en todos los proyectos que realicemos. La RSE no es ajena a wpd, apoyando los proyectos de desarrollo local a través de distintas iniciativas”, explica Schröter.
Grupo wpd
El Grupo wpd está conformado por tres empresas: wpd, se dedica al desarrollo y la operación de proyectos; wpd Windmanager, se dedica a la operación técnica y comercial; y la Deutsche Windtechnik, que realiza el servicio de mantención de los proyectos. Las dos últimas para proyectos desarrollados por wpd y de terceros.
Las áreas de negocio, el proceso del proyecto de la compañía se dividen en evaluación de emplazamientos, determinación de potencial eólico, planificación técnica, financiamientos, planificación de acceso a la red, permisos, construcción, puesta en servicio, gestión/operación/mantenimiento y, finalmente, comercialización de la electricidad. Lo anterior, tanto para proyectos onshore y offshore.
wpd ha trabajado con más de 14 fabricantes de aerogeneradores. Además, la red de trabajo de la empresa está compuesta por fabricantes, autoridades locales, terratenientes, bancos e inversionistas
Finalmente, destaca Tomas Schröter “wpd es una empresa CO2 neutral, pues compensa sus emisiones a través de proyectos de reforestación”.
junio 22, 2015 | Sustentabilidad
(La Tercera) Aunque parezca irónico, son varias las opiniones en contra que tiene el proyecto de construcción del Parque Eólico Altos de Hualpén, al interior del Parque Museo Pedro del Río Zañartu, de Hualpén, en la VIII Región. En el Facebook del recinto se consulta la opinión a los seguidores, quienes coinciden en el inconveniente de ubicar estas torres en medio de un santuario de la naturaleza. Esto, pese a que el administrador recalca que el Parque Hualpén, como se le conoce al Parque Pedro del Río Zañartu, es una corporación de derecho privado, que no recibe ayuda ni del Estado ni de privados, y que subsiste “a duras penas”, sólo gracias al cobro de entradas de vehículos de sus 150 mil visitantes anuales. Son 10 aerogeneradores que se instalarán en las lomas de Rocoto, en los terrenos del parque-museo, el que a su vez tiene 500 hectáreas de extensión, que son parte de las 5.400 hectáreas en total que tiene la península de Hualpén, santuario de la naturaleza desde 1976, y hoy reconocido internacionalmente como sitio IBA (Important Bird Area) desde 2014.
Precisamente, la falta de financiamiento es el principal argumento del administrador para dar el visto bueno a la instalación de las torres de 80 metros de alto. El arriendo del terreno, más un porcentaje de la energía producida, ayudará a financiar la mantención del santuario. “Podemos generar siete de los $ 14 millones que necesitamos mensuales para que el parque sobreviva, y así solventar los meses en que baja la afluencia de público. Los trabajos serán por fuera y habrá una mínima intervención”, explica Martín Domínguez, administrador del Parque Pedro del Río Zañartu. “La gente habla desde la ignorancia”, reitera, al ser consultado por la oposición de la ciudadanía y de consejeros regionales. “Ellos no tienen nada que decir, porque en cien años nunca hemos recibido recursos ni del municipio, ni del gobierno regional, ni del Consejo de Monumentos”, dice Domínguez.
En la votación de la junta administrativa, formada por la gobernadora provincial, el director del Servicio de Salud y el alcalde de Concepción -según lo estipulado en el testamento del dueño-, se aprobó la idea del administrador para conseguir financiamiento. Los dos primeros votaron y aprobaron por mayoría la renovación de los contratos de arriendo de los terrenos entre el parque-museo y la empresa española Enhor, titular del proyecto, el que se encuentra aprobado, por la entonces Conama, desde 2007. El único que votó en contra del arriendo fue el alcalde de Concepción, Alvaro Ortiz, “porque contraviene la voluntad del testador que legó el parque para fines recreativos y de estudio botánico, sin fines de lucro”. La gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, argumenta “que el proyecto cuenta con sus permisos y es una energía limpia y necesaria para la matriz energética”.
La renovación de los contratos fue la señal que encendió las alarmas en la comunidad y entre los ambientalistas. Las torres con aspas de 40 metros de largo deben ser enterradas y cubiertas con concreto en su base, lo que implica movimiento de más de 20 mil metros cúbicos de tierra y la excavación de zanjas para el soterrado del cableado. Esto generaría eventuales perturbaciones a la nidificación de aves y choques de éstas con las aspas durante la migración. “El que exista una resolución de calificación ambiental no nos da ninguna seguridad. Nunca se respetó su condición de santuario de la naturaleza, y nos parece irónico que la misma gobernadora esté avalando un proyecto que está caduco. Ya no están las mismas condiciones que en 2007 y ahora este sitio es IBA”, declaró Luciano Pérez, director regional de Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff).
