(El Mercurio) Un fuerte remezón está experimentando la industria de la capacitación en Chile: a la eliminación de miles de cursos considerados deficientes y a la reducción a la mitad de los dineros que el fisco destina a programas de formación a distancia ( e-learning ), se sumó ayer la firma por parte del Presidente Sebastián Piñera de un proyecto de ley que fija nuevos límites al uso de la franquicia tributaria Sence.
El Estado dispone de US$ 300 millones al año para financiar cursos de capacitación de trabajadores. Y lo hace mediante un subsidio que permite a las empresas descontar de impuestos todos los gastos que hagan en esta materia, por un máximo equivalente al 1% de la planilla anual de remuneraciones.
Este esquema nunca le gustó a la actual administración y ayer el Presidente lo hizo ver una vez más: criticó la proliferación de cursos de muy corta duración y la ausencia de un mecanismo para orientar el gasto público hacia los sectores más vulnerables.
Para poner límites a lo que el Gobierno considera un despilfarro de recursos, el proyecto de ley propone la creación de los Consejos de Competencias Sectoriales, que representarán a las distintas áreas productivas del país y que tendrán por misión desarrollar planes formativos y decidir qué tipo de capacitación requiere cada sector.
Hasta ahora, las empresas deciden individualmente en qué capacitar a sus trabajadores, según la oferta de cursos que desarrollan los OTEC (Organismos Técnicos de Capacitación, que basan sus ingresos en la franquicia tributaria Sence). Es así como han surgido institutos que ofrecen cursos como Optimismo y Calidad de vida, por ejemplo.
Con el nuevo enfoque, el 90% de la inversión pública en capacitación se canalizará según las directrices de estos consejos, mientras que las empresas podrán decidir individualmente por el 10% restante.
Los OTEC, en tanto, tendrán que ajustar su oferta a los requerimientos de las distintas industrias para poder acceder a los fondos estatales. Las que no lo hagan, desaparecerán del registro de instituciones reconocidas por el Sence.
No sería la primera vez que se produce una depuración de esta industria: en 2006, el Sence obligó a los institutos a someterse a un proceso de certificación de calidad con empresas auditoras que hizo que el número de OTEC bajara de 6.000 a 2.000.
El presidente de la Asociación Gremial de OTEC y dueño del centro de formación Edutecno, Carlos Linares, ve con preocupación el proyecto: «Lo peligroso es que no están levantados todos los perfiles de competencias que necesita cada industria y si no hay una marcha blanca prolongada, cuando empiece a operar el nuevo sistema va a haber empresas que no van a poder usar la franquicia».
Se acaban las becas
El proyecto contiene dos puntos que generan rechazo en un sector del empresariado: la posibilidad de que el Presidente pueda disminuir la franquicia y la eliminación de un instrumento llamado becas de capacitación.
Este último punto afecta directamente a los grandes gremios, como la Cámara Chilena de Construcción y la Sofofa.
Estas organizaciones empresariales son propietarias de los Organismos Intermedios de Capacitación (OTIC), que tienen la facultad de administrar la franquicia tributaria de sus afiliados, comprando cursos y gestionando los recursos que no utilicen. Si durante un año determinado los OTIC no alcanzan a gastar esos dineros, pueden guardarlos para el año siguiente o, simplemente, invertirlos en otras actividades, de modo que sus afiliados no pierdan la franquicia.
Una de esas actividades se conoce como Becas de Capacitación, que es el mecanismo a través del cual los OTIC compran cursos para capacitar a trabajadores desempleados, aprendices u otros grupos vulnerables.
¿Por qué, entonces, se decidió poner fin a este sistema? Según fuentes de gobierno, una de las principales conclusiones de la Comisión Larrañaga (2011) fue que hay indicios de que la franquicia podría usarse para financiar a ciertos gremios, mediante la integración vertical OTIC-OTEC.
«No nos gusta que se eliminen los fondos que no son usados por las empresas y que se usan para ayudar a gente desempleada que quiere trabajar», dice el gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, Bernardo Ramírez.
A diferencia de lo que ocurre ahora, la iniciativa permitirá financiar a través del Sence cursos conducentes a un título de nivel técnico superior.
Para el rector de Inacap, Gonzalo Vargas, este cambio apunta en la dirección correcta: «Chile necesita hacer formaciones más completas y no solo cosas puntuales, porque en abstracto uno podría decir que la computación o el inglés son importantes, pero está lleno de cursos que finalmente no tienen ningún impacto en la empleabilidad».