(El Mercurio) El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, retomó el debate sobre el rol que han jugado los tribunales al rechazar la ejecución de algunos proyectos energéticos o mineros por cuestionamientos ambientales, al asegurar ayer que el «Poder Judicial no debiera estar resolviendo problemas técnicos y científicos de esa clase».
Ballesteros, quien participa en Copiapó en un seminario del Poder Judicial, fue consultado sobre las críticas recibidas por los jueces tras frenar iniciativas como Castilla, Pascua Lama o Punta Alcalde.
El magistrado sostuvo que estas materias debiera solucionarlas «la administración pública, los órganos del Estado chileno, no el Poder Judicial, pero en tanto que la gente no tenga seguridad y confianza en el desempeño de los órganos del Estado reclamará en los tribunales y si la gente reclama en los tribunales, está en obligación de acoger el reclamo y seguir los procedimientos que establece la ley y fallar».
Según Ballesteros, hoy están resolviendo «cuestiones que son ajenas a la cosa judicial», y aseguró que «no es grato estar incursionando en materias de esa clase, pero tenemos la obligación legal y constitucional y los jueces del país tienen claras sus obligaciones y tienen claras sus facultades y competencia», dijo.
El presidente del máximo tribunal sostuvo que espera que en un futuro «los órganos del Estado funcionen de manera que acojan la confianza de la gente y que la gente acepte los fallos de las distintas instituciones estatales que resuelven estos problemas, que debieran resolverlos».
Ballesteros aclaró que no es un problema de competencia, sino que «no debiéramos intervenir en asuntos que otros debieran resolver».
El presidente del Segundo Tribunal Ambiental, José Ignacio Vásquez, coincidió con Ballesteros que los tribunales de justicia no están para definir cuestiones «de políticas públicas» a menos que lleguen por por conflicto entre partes, porque ahí el Poder Judicial debe entrar a resolverlas.
El profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile, Luis Cordero también cree que «no son los jueces los llamados a resolver cuestiones técnicas o de política pública». Por ello, pone el foco en que los jueces «deben tener mucho cuidado cuando controlan este tipo de situaciones, pues no pueden declararse incompetentes y no pueden no proveer decisiones jurisdiccionales, deben pronunciarse inevitablemente».
Frente a esta obligación, para Cordero la pregunta es «de qué manera deben hacerlo. Esa «manera» es uno de los debates clave».
Agregó que los magistrados «pueden controlar los presupuestos para tomar la decisión, los procedimientos administrativos utilizados, pero el juez debe tener mucho cuidado de, mediante ese mecanismo de control, sustituir las decisiones técnicas, porque de hacerlo estaría dejando de ser juez y (estaría) transformándose en un organismo administrativo. Esos límites del control judicial son un problema clásico en cualquier parte del mundo».
Cordero afirmó que «no es un problema de inexcusabilidad, de «no me pronuncio», es un problema de «¿cómo me pronuncio?»».
A su vez, el abogado especialista en temas medio ambientales, Mario Galindo, coincidió con el presidente de la Corte Suprema en que las decisiones que adoptan las instituciones públicas «han sufrido una paulatina pérdida de confianza por parte de la ciudadanía, notoria en los últimos años».
Esta merma no se produce por la calidad técnica de las decisiones que adoptan estos organismos, sino que «por una cuestión asociada a la propia forma en que se ha conducido la gestión pública en esta materia, pues, cada autoridad (del sector) que ha necesitado validar un discurso lo ha hecho sobre la base de minar la credibilidad de la institucionalidad anterior a su gestión».
Por ello, añadió, «la gente deja de creerle a las instituciones y, si nos les cree, hace lo que es natural, recurrir a un órgano imparcial de manera que éste resuelva las divergencias».
El abogado constitucionalista Fernando Saenger coincide con que los conflictos medioambientales se han judicializado, pero que «jamás puede prohibirse presentar un recurso de protección si las personas, ante un acto u omisión ilegal y arbitraria, consideran que están siendo vulnerados sus derechos», dijo.
Explicó que en la Constitución del 80 se consagró por primera vez el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. «Cuando alguien ejecuta una acción u omisión que infringe este derecho se puede recurrir a tribunales», dijo Saenger.
Fuente / El Mercurio