El proyecto de ley que introduce la portabilidad eléctrica en el segmento de la distribución, y que forma parte de la llamada Ley Larga para la reforma del sector, fue analizado en el reporte mensual de Systep Ingeniería, donde se plantea la necesidad de conocer la forma en que el Ministerio de Energía incentive la materialización de la «potencial disminución de precios del mercado minorista».
Y es que, de acuerdo al documento de la consultora, la aparición del Gestor de la Información, que se propone crear en el proyecto, podría implicar un costo adicional «que deberá pagar el usuario final (costo eventualmente duplicado si se considera que las distribuidoras deberán seguir administrando la información de sus clientes para sus tareas de planificación, mantenimiento y operación de la red), por lo que este costo extra debe ser menor a los beneficios que traerá al sistema».
«Este tipo de análisis no es novedad para nuestro sector, por ejemplo, cuando se decidió y se mostró cuantitativamente que holguras (sobrecostos) en el sistema de transmisión traían beneficios en el mercado de generación (energía más barata), se agrega.
Otro elemento que, según Systep, podría significar un costo adicional es la forma en que se pagará la energía que se contrate para garantizar que los clientes pequeños y medianos tengan acceso a la tarifa regulada.
«En efecto, el proyecto de ley indica que se debe licitar al menos la energía necesaria para el suministro de clientes pequeños más la energía de clientes medianos que optaron por tarifa regulada. Dado que estos clientes (hasta 5.000 kW) tienen la posibilidad de traspasarse a régimen libre, habría un riesgo de demanda relevante para los generadores que participen de estas licitaciones, razón por la cual el proyecto de ley establece un eventual monto de energía mínima (no definido aún) que se pagará a todo evento (take or pay)», se indica.
Y se agrega: «Esto significa que sería el usuario final (pequeños y medianos) quien se haría cargo de pagar dicha energía mínima independiente de si emigró a un régimen de tarifa libre, lo que representaría un costo adicional para dicho consumidor».
Como conclusión, el reporte señala que «la autoridad debe sopesar la distorsión que provoca la existencia de una tarifa regulada y el legítimo interés de proteger a los usuarios pequeños y medianos. Tal vez un punto intermedio, que vale la pena discutir, es dejar con la opción de tarifa regulada solo a los clientes pequeños (en España es sólo hasta 10 kW5) con lo cual el riesgo de demanda cae para el generador (hay abundante evidencia que muestra que los clientes domésticos son los que menos se cambian). Consecuentemente los pagos por energía mínima serían menores y no se distorsionaría la competencia para el resto de los agentes que sí son más activos y que por tanto ayudarán a la competencia».
«La comercialización es sin lugar a duda una buena idea, pero si se quiere desarrollar en forma óptima es vital dimensionar los costos de su incorporación (evitando sobrecostos innecesarios) de tal manera que sean mucho menores que sus potenciales beneficios, y para ello es clave discutir y analizar largamente su correcta implementación», se afirma.