(La Tercera) Pasadas las 9:30 de la mañana de ayer, funcionarios de la Brigada de Delitos Medio Ambientales y Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI), llegaron hasta las oficinas de Endesa para cumplir una orden de allanamiento, diligencia que se realizó de manera simultánea en Santiago y Coronel, en la Región del Biobío.
¿El motivo? Una denuncia presentada en contra de la empresa el 10 de agosto de 2012 en el Juzgado de Garantía de Coronel, por pescadores artesanales y algueros de la zona, por la presunta emisión de metales pesados en la central termoeléctrica Bocamina, investigación que lleva a cabo la fiscal Ana María Aldana.
En Santiago, y luego de realizar diligencias por más de seis horas, los efectivos policiales se retiraron de las instalaciones de Endesa llevando consigo documentación y discos duros.
Durante el procedimiento, los efectivos policiales también realizaron algunas consultas a ejecutivos vinculados a la operación de la central emplazada en la Región del Biobío.
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Respecto al procedimiento efectuado, desde Endesa señalaron en un comunicado que facilitaron “toda la información y documentación” solicitada por la policía, y que el proceso se efectuó “con la entera colaboración de los trabajadores y la empresa”.
La firma aseguró, además, que cumplió “de manera estricta con todas las reglamentaciones y normas jurídicas vigentes, lo que hará valer en la etapa judicial correspondiente”.
La planta termoeléctrica Bocamina se compone de dos unidades. La primera unidad funciona desde 1970, con una potencia de 128 MW. La segunda central tiene una potencia de 350 MW, y se encuentra paralizada hace 15 meses, luego que pescadores y algueros de Coronel presentaran un recurso en contra de su funcionamiento.
Querellantes
El senador por la Región del Biobío, Alejandro Navarro (MAS), destacó la acción realizada ayer. “Este es el resultado de una denuncia criminal que realizamos el año 2012 contra Endesa por daño ambiental”.
Navarro afirmó que la PDI cuenta con informes clínicos donde se han detectado metales pesados en toda la comuna de Coronel, “lo que derivó en que el Instituto de Salud Pública (ISP) llegara a la comuna a tomar mil muestras de sangre”, particularmente en colegios cercanos a la central.
“Tengo la convicción de que muchos de los informes que entrega Endesa han sido alterados”, dijo el senador por el MAS. Agregó que los reportes de las tomas de agua realizados por la empresa no han reflejado “fielmente la verdad”, y que ésta habría ocultado información respecto a la presencia de residuos de asbesto en sus instalaciones.
En tanto, la presidenta del Sindicato de Algueros de caleta Lo Rojas de Coronel, Marisol Ortega (una de las querellantes del caso), se mostró satisfecha por las diligencias. “Me parece bien. Hay muchas cosas ocultas en Endesa”, afirmó.