(Diario Financiero) Con la interconexión de los principales sistemas eléctricos del país en marcha, ahora el gobierno prepara el terreno para adelantar el inicio de operaciones del coordinador de esta red integrada, que reemplazará a los actuales Centros de Despacho Económico y de Carga (CDEC) de las redes Interconectadas del Norte Grande (SING) y Central (SIC).
En las próximas semanas, el gobierno, a través del ministerio de Energía, ingresará indicaciones al proyecto de transmisión eléctrica, hoy en el Senado, entre las que figura adelantar al menos un año la entrada del denominado Coordinador Independiente del Sistema (Cisen).
Conocedores de este plan comentaron que la Comisión Nacional de Energía (CNE) encargó un estudio a una firma internacional para determinar la factibilidad de apurar este proceso y la conclusión fue que los actuales CDEC pueden fusionarse a mediados de este año, lo que la autoridad consideró un plazo prudente.
Sin embargo, en el sector privado sostienen que luego de conversar con la autoridad, la unión se concretaría a más tardar en enero de 2017, es decir, un año antes de lo previsto originalmente.
Con esto, el nuevo organismo estará en funciones cuando se concrete la unión física de los sistemas, mediante la línea de transmisión que construye Transmisora Eléctrica del Norte, filial de E-CL (Engie) y de la española Red Eléctrica.
Desde junio del año pasado, los directorios de los centros de despacho del SIC y el SING han organizado grupos de trabajo conjunto para llevar adelante la transición al nuevo organismo, los que ahora deberán acelerar su labor.
Cambios a directorio
El gobierno también está estudiando otras modificaciones a la inicitiva, entre ellas, cambiar el mecanismo para nombrar al Consejo Directivo del nuevo coordinador eléctrico y que reemplazará a los actuales directorios de los CDEC.
Actualmente, el proyecto señala que éste se compondrá de seis miembros que serán designados por un Comité Especial de Nominaciones, figura que desató algunas controversias en el sector privado respecto de posibles injerencias políticas en la designación de los miembros.
En el gobierno descartan el tema, y dijeron estar estudiando una propuesta que presentó Libertad y Desarrollo (LyD), que indica que esta instancia de designación esté compuesta por la CNE, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el Panel de Expertos y el Consejo de Alta Dirección Pública.
Esta idea será presentada a los senadores, y luego de escuchar su opinión, se ingresarían las modificaciones al proyecto.
Entre las nuevas funciones que tendrá el Cisen, estará monitorear la competencia en el sistema eléctrico y procurar más transparencia en el manejo de la información, lo que obligará a reforzar sus equipos.
(Diario Financiero) Cuatro investigaciones en contra de distintas empresas de generación y transmisión eléctrica, tiene abiertas la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), todas ellas derivadas de diversas auditorías que ha realizado el CDEC-SIC, organismo que coordina la operación entre las eléctricas en el centro sur del país, respecto de algunas prácticas que podrían estar afectando la operación económica del sistema.
El fiscalizador se encuentra analizando los resultados de los informes realizados por el CDEC-SIC a Eléctrica Santiago (central Nueva Renca) y Guacolda, ambas filiales de AES Gener; Transnet -controlada por grupo CGE-, y Transelec, por algunos incumplimiento que se ha habrían detectado durante el 2015.
Según detallaron algunas fuentes, los informes harían referencia a prácticas en que habrían incurrido las empresas en temas como la declaración del costo combustible de algunas centrales, la disponibilidad de infraestructura para el despacho de energía o el funcionamiento de subestaciones, entre otras, las que podrían haber afectado la definición de los costos del sistema.
Desde 2014 a la fecha, dicen en el CDEC-SIC, se ha realizado doce auditorías, las que en su mayoría han sido remitidas a la SEC. En otros casos, como fue el de Guacolda, aunque el organismo había decidido no enviar antecedentes, fue el fiscalizador el que los solicitó para realizar su propio análisis. Según señalan en la SEC, las investigaciones están en una etapa inicial -de análisis de datos- y si se detecta algún incumplimiento se pasará a la formalización.
Esto es similar a la investigación que se lleva adelante contra la central GasAtacama de Endesa, en el Norte Grande, a la que ya se solicitaron datos adicionales, lo que deberán ser entregados en marzo.
Un decreto de 2013 fue el que dio al CDEC la facultad de realizar estas auditorías, y el directorio del organismo ha manifestado su intención de ejercerla a plenitud.
“Las auditorías son una facultad que la legislación le otorga a los CDEC para garantizar, entre otras cosas, que la información que utilizamos y que proviene de las empresas que coordinamos es fidedigna”, señaló Andrés Salgado, director ejecutivo del organismo.
De hecho, el organismo creó una unidad especial para realizar estas auditorías -la que tiene presupuesto y plan de trabajo-, aunque para materias muy específicas han contratado asesores chilenos y extranjeros para que realicen los informes.
De todos modos, el tema no es del todo nuevo. En 2011 Codelco llegó hasta el Panel de Expertos -órgano que dirime las disputas- para obligar a las generadoras del SING a sincerar su estructura de costos en los contratos de gas natural. El Panel le dio la razón, señalando que las empresas no podían declarar los costos “a su conveniencia”.
Prácticas cuestionadas
Entre los temas que el fiscalizador está poniendo atención, ya que podrían afectar la operación del sistema, lo que tiene un correlato en los costos, está, por ejemplo, la declaración del costo de combustible como variable.
Durante su última sesión, el directorio del CDEC-SIC acordó instruir a las eléctricas en dos materias: obligarlas a declarar sus costos de combustible y otros con anterioridad al despacho de la central, y también sincerar el tipo de contratos que tenían, lo que en caso de estar bajo la modalidad take or pay (úsalo o págalo), debían ser considerados de costo variable cero.
Diversas fuentes señalan que, además, en el caso de las generadoras, se vigilan todos los aspectos que puedan influir en la operación y en la seguridad del servicio, mientras que para las empresas de transmisión, el foco está puesto en la configuración, disponibilidad y confiabilidad de las instalaciones, como subestaciones eléctricas, redes y equipos.
La fijación de precios nudo de 2000, los planes de expansión troncal de 2012-2103 y 2014-2015, y la Agenda de Energía son los principales hitos históricos que aprecia la Comisión Nacional de Energía (CNE)al momento de analizar el recorrido de la interconexión SICSING, que se materializaría en 2017, con las obras que desarrolla la empresa TEN, filial de E-CL.
Iván Saavedra, jefe del área eléctrica de la CNE explica que en las primeras discusiones sobre la interconexión “ni siquiera existía la Ley Corta I, o sea no había un plan de expansión ejecutorio de la transmisión obligatoria como lo estipula ahora la normativa, así que era bastante más complejo que se contabilizase la interconexión sobre la estructura regulatoria de ese periodo”, añade.
Andrés Romero, secretario ejecutivo de la CNE, señala a Revista ELECTRICIDAD que los principales antecedentes históricos de la interconexión se reconocen a partir de “los análisis efectuados por las empresas privadas a finales de la década de los ’90 para importar energía desde el SING al SIC, aprovechando el contexto de los proyectos de centrales de ciclo combinados y gasoductos instalados en el SING y el bajo precio del gas natural importado desde Argentina”.
“En este contexto, en el Informe de Fijación de Precio de Nudo de abril de 2000, la CNE incorporó las alternativas de abastecimiento dadas por los proyectos de interconexión entre el SING y el SIC, que fue modelado considerando la inyección en 220 kV (desde el SING) de una central térmica de 300 MW, con fecha de puesta en servicio en abril de 2006”, precisa la autoridad.
Otro hito fue el plan de expansión troncal 2012- 2013, pues −según Andrés Romero− es en este contexto en que el proyecto de interconexión, analizado desde la perspectiva de expansión de los sistemas troncales, tuvo su primera versión, “cuando se efectúan estudios relacionados con esta temática, tanto por la CNE como por el organismo asesor en materia energética (CADE) de la administración pasada”.
“A partir de esos análisis, se presentó la interconexión SIC-SING en el Plan de Expansión Troncal 2012-201, tras un dictamen adverso por parte del Panel de Expertos respecto de la pertinencia de la incorporación de esta obra en la expansión troncal 2012-2013 y como consecuencia de esto, un cambio de ley que explicitó la facultad de la CNE de incorporar como expansión troncal un proyecto de esta naturaleza”, agrega Romero.
Finalmente el secretario ejecutivo de la CNE menciona que la Agenda de Energía y el Plan de expansión troncal 2014-2015 son los hitos más recientes para la interconexión.
Durante las últimas discusiones en torno a este proyecto, Iván Saavedra menciona que se incluyeron aspectos no solamente económicos, sino que de seguridad y de resiliencia ante eventos naturales.
“Realizamos un total de once estudios que respaldaban la factibilidad técnica de realizar la interconexión tal como se estaba planteando. El número de escenarios que se analizaron fueron veinte, de los cuales en casi todo se arrojaban beneficios”, asegura Saavedra.
Argentina
La interconexión SIC-SINGtambién se relaciona con la integración energética con Argentina, lograda este año con la autorización del Gobierno a AES Gener para realizar intercambios con el SADI, a través de la línea Andes-Salta.
Daniel Salazar, director ejecutivo del CDEC SING, indica a Revista ELECTRICIDAD, que el proceso de integración con Argentina “se inició a fines de los ’90, con el desarrollo de tres gasoductos para unir ambos países, hechos por distintas compañías y un cuarto proyecto de una línea que conectaba una central por el lado argentino que traía energía hacia Chile. Eso dio lugar a intercambios cuando apostamos a ser importadores de gas argentino, pero partir de 2005 empiezan a caer los envíos y se combina con otros factores como altos costos”.
“En 2013 AES Gener toma la iniciativa de presentar estudios al CDEC SING y ahí viene una mirada sobre el intercambio con Argentina”, precisa el ejecutivo.
Como conclusión de este proceso, Salazar menciona que ahora el desafío “es ver cómo este régimen, que se va a prolongar tal como lo conocemos hasta la interconexión SIC-SING, acumula experiencia, aprovecha las oportunidades y saca know how para adelante, pues lo que viene es la interconexión nacional, viendo el desarrollo del sistema eléctrico y de las ERNC”.
(Diario Financiero) Una visión crítica al proyecto de ley de transmisión, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y hoy ingresaría al Senado, tiene el abogado, académico y ex integrante del Panel de Expertos, Alejandro Vergara, por lo que estima pérdida de independencia de los actuales CDEC (que coordinan los dos principales sistemas eléctricos y que se fusionarán), la reducción de atribuciones del Panel -órgano que dirime diferencias- y la falta de control que tendrá la Contraloría en algunos actos administrativos.
Por esto, Vergara asegura que el proyecto tiene vicios de “inconstitucionalidad”.
-¿Cómo ve los cambios a la planificación de la transmisión?
-Es probable que el proyecto tenga aspectos positivos, que tienen por objetivo incentivar la inversión en la transmisión, pero se altera el concepto detrás de la actual ley, en cuanto a la definición de los trazados, que ahora van a ser determinados centralizadamente por un órgano administrativo. Acá había incentivos para decidir los trazados que eran económicos. La incorporación de criterios políticos puede alterar en gran medida ese esquema.
-También hay cambios importantes a la institucionalidad en los CDEC, ¿cómo ve la nueva estructura?
-Puede parecer razonable que a partir de la interconexión, exista un solo coordinador. Lo que no es razonable es que el coordinador (CISEN) pierda toda independencia y autonomía. El CISEN no tiene ninguna independencia respecto de los órganos del Estado. El gobierno puede dictar su reglamento, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) pasa a tener un poder sancionatorio y casi directivo, dando órdenes y sancionando a sus directores con pérdidas de porcentajes de su remuneración. Esto es un retroceso institucional.
-¿Esto puede teñirse de algún cariz político?
-Evidentemente las regulaciones intentan que los órganos técnicos adopten decisiones alejadas del gobierno, que tiene otras funciones políticas que son legítimas en otros ámbitos, pero que no tienen ninguna legitimidad en cuestiones técnicas, y eso es un gran riesgo.
-Las modificaciones también afectan al Panel de Expertos…
-En Panel está cumpliendo un rol de razonabilidad técnica en cuanto a las decisiones que toman las empresas o los CDEC, y también de la CNE. Eso puede terminarse con este proyecto de ley, ya que se establece la facultad del ministro de declarar inaplicable indefinidamente los dictámenes del Panel de Expertos. Acá hay un problema de constitucionalidad, porque se priva de cosa juzgada. También desclasifica las potestades del panel del rango legal y se lo entrega al reglamento, lo que tampoco es constitucional. El Panel no va a ser independiente si el presidente de la República va a dictar sus atribuciones.
-¿El proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad?
-Sí, porque las atribuciones de un tribunal tienen que ser aprobadas por ley, donde tiene que ser oída la Corte Suprema. Todas las modificaciones al Panel de Expertos tienen que pasar por ella.
-¿Que otros problemas hay?
-Se incorpora una cláusula donde se considera a la Comisión Nacional de Energía (CNE) o la SEC como interesados ante el panel, y no partes, para esquivar las decisiones, para que no las puedan afectar. Se busca lograr inmunidad jurisdiccional para la SEC y la CNE. Acá se le están estableciendo una serie de mecanismos con los cuales se le quita atribuciones a la Contraloría, y aquí también hay un problema de constitucionalidad (…) El proyecto actual transforma la CNE en una entidad omnipotente.
(Diario Financiero) La rentabilidad de las empresas distribuidoras de gas por cañería volvió a abrir un frente de conflicto entre el Ministerio de Energía y Metrogas, la principal empresa del sector.
Ayer, el titular de la cartera, Máximo Pacheco, dio a conocer los resultados del estudio realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), el que determinó que Metrogas fue la única de las cinco firmas que participan en el negocio, que sobrepasó el límite de 11% establecido en la ley para la rentabilidad del negocio, lo que habría provocado un sobrepago de los clientes a la distribuidora.
“Metrogas se ha excedido del máximo de rentabilidad que la ley le permite a las empresas de distribución de gas por cañería (…) los consumidores pagaron más de lo que la ley permite”, dijo Pacheco.
Según el estudio de la CNE, en 2014 la rentabilidad de Metrogas fue de 12,2%, mientras que GasValpo e Intergas tuvieron una de 6,8%, GasSur una de 5,9% y Lipigas una de 4,9%.
En las mediciones de 2013 y 2012, Metrogas había obtenido rentabilidades de 16,9% y 11,4%, respectivamente, ambas por sobre lo establecido en la norma.
A fines de 2014, y producto del chequeo de rentabilidad realizado para los años 2013 y 2012, el gobierno entró en una agria disputa pública con la distribuidora controlada por la catalana Gas Natural Fenosa, que llevó incluso a que el tema fuera visto por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Pacheco sostuvo que el gobierno no tenía facultades para obligar a Metrogas a devolver a los consumidores el exceso pagado, por lo cual se envió un proyecto de ley -hoy en trámite legislativo ante el Senado- “para que este tipo de excesos no se volvieran a cometer”.
“Nos parece grave que esta situación se de y es por eso que enviamos el proyecto de ley, el que establece que cualquier empresa que cobre por sobre lo que la ley le permite, inmediatamente va a perder el régimen de libertad tarifaria, y van a ser tarificados sus servicios por parte de la CNE. El ministerio va a tener facultades y atribuciones para instruir a la compañía que se haya excedido a devolver el exceso cobrado en la misma cuenta de gas”, dijo.
Según estimaciones del sector, en 2012 y 2013 los excesos de rentabilidad habrían significado mayores costos por unos US$ 85 millones.
Por su parte, Metrogas rechazó las conclusiones del estudio, señalando que “no ha superado el umbral máximo de rentabilidad”.
“La empresa ha puesto a disposición de la autoridad toda la información requerida, sin embargo, no comparte los criterios usados por la CNE para realizar este estudio. La actual Ley de Servicios de Gas presenta un vacío regulatorio, porque nunca se dictó el Decreto con Fuerza de Ley que establecería las bases para determinar el chequeo de rentabilidad, por lo que los criterios técnicos elegidos por la CNE son discutibles”, dijo Metrogas.
Fallo del TDLC
En marzo del año pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia abrió un arista de discusión respecto de la validez legal del chequeo de rentabilidad a la industria realizado por la CNE, luego que el alcalde de Maipú, Cristián Vittori, presentara una solicitud al organismo para que ordenara al gobierno aplicar la tarificación de los servicios de la compañía, que goza de libertad para cobrar precios.
El TDLC señaló que, debido a los vacíos de la ley, no era posible determinar legalmente la tasa de costo de capital anual aplicable a Metrogas -que según la CNE es de 6%-, ni tampoco “determinar, legalmente en los términos del artículo 33 de la Ley de Gas, la rentabilidad económica de dicha empresa”.
Ley podría estar a mediados de año
En junio o julio, dependiendo de la celeridad de la discusión legislativa, la ley que reforma la actual normativa que regula a la industria de distribución de gas de cañería podría ser despachada por el Senado. Hoy la iniciativa, que tiene urgencia simple, se encuentra en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. El proyecto de ley recorta en tres puntos la tasa de rentabilidad para las empresas, del 11% al 9%, y además establece que en caso que una empresa exceda la tasa de rentabilidad máxima permitida, se activará un proceso de fijación tarifaria para dicha compañía, la cual, además, deberá compensar a sus clientes, devolviendo el monto equivalente al exceso de rentabilidad obtenido. Asimismo, el proyecto cambia la clasificación de los clientes por giro y uso del gas en Cliente o Consumidor Residencial, Comercial -ambos con tarifa garantizada- e Industrial -con derecho a optar a un régimen de precio libre. El proyecto contempla, por primera vez, que será el Panel de Expertos quien resuelva las controversias en materias tarifarias y de chequeo de rentabilidad.
