junio 21, 2017 | Industria
(Diario Financiero) Diversos son los artículos del Código Laboral que modificó la reforma que rige íntegramente desde el 1 de abril. Uno es el que regula la determinación de las empresas cuyos trabajadores no pueden ir a huelga, también conocidas como “estratégicas”.
Si bien el 31 de marzo el Ministerio de Economía emitió una resolución donde describe el mecanismo que usará para determinar si una compañía reúne los requisitos para ser considerada en esta categoría, se ha instalado la expectación y el debate en torno a la renovación del listado.
En el mundo laboral, por ejemplo, advierten incertidumbre por los criterios que la autoridad utilizará para decidir y hablan de una potencial inestabilidad porque esta determinación puede ser apelada ante la justicia.
El 31 de mayo pasado finalizó el plazo de postulación de las firmas que buscan ser declaradas como estratégicas y, aunque -según trascendió- entre ellas estarían las mismas firmas que figuran en el listado vigente, habría una novedad: las generadoras eléctricas optaron por tratar de ser incluidas por primera vez en el grupo, sumándose a las transmisoras y distribuidoras eléctricas que hace años lo integran, así como los gasoductos y los terminales de regasficación de GNL que están desde 2016.
¿La razón? En la industria explican que como ahora la huelga efectiva es una posibilidad real, estas compañías intentan blindar la operación de ciertas centrales que son indispensables para la seguridad del sistema eléctrico.
Considerando este factor, la apuesta es que al menos los cuatro principales actores de este segmento tendrían que haber postulado. Consultadas, Enel Generación Chile y Colbún confirmaron su participación, mientras que en Engie Energía Chile comentaron que hasta el proceso anterior fueron parte del listado (por sus actividades de transporte de energía). AES Gener en tanto no respondió.
Expectación en alza
El listado que se conocerá en julio tiene expectante al mundo académico. El director del grupo laboral de Albagli Zaliasnik, el abogado Jorge Arredondo, comentó que en esta primera resolución se verá si los ministerios usarán los mismos criterios para definir a las empresas estratégicas o si limitarán el número o rubros de las firmas donde no se pueden hacer huelgas.
Lo anterior, agregó, considerando que uno de los ejes de la reforma es elevar el número de trabajadores que puede negociar colectivamente y ejercer el derecho de huelga.
“El gobierno debe fijar una regla clara y de aplicación general sobre los límites a la huelga cuando ésta afecta los derechos de terceros (clientes y usuarios de los servicios de las empresas estratégicas)”, explicó el socio de Sáez & Fernández y miembro de la comisión laboral de la Sofofa, Felipe Sáez.
Añadió que lo que se defina también impactará la calificación de servicios mínimos de las empresas que no son estratégicas, dada la necesidad de mantener la coherencia en el concepto de “utilidad pública”.
El socio de BAZ/DLA Piper, Luis Parada, advierte que la reforma no estableció un criterio claro para la aplicación de las causales de “grave daño a la salud, economía del país, abastecimiento de la población o seguridad nacional”, como sí lo hacía el artículo 384 del Código del Trabajo previo a la reforma.
Arredondo mencionó que el nuevo proceso considera como novedad que la designación puede ser reclamada ante la Corte de Apelaciones tanto por las organizaciones sindicales como por trabajadores en forma individual y colectiva. Lo mismo será válido para las empresas que no sean incorporadas al listado.
Sáez coincide y explica que en la práctica la reforma laboral transfirió el poder de calificar las empresas estratégicas desde el gobierno al Poder Judicial, lo que “es un cambio de fondo que le ha generado a las compañías la necesidad de adecuar su estrategia para abordar con éxito este nuevo proceso de calificación como empresa estratégica”.
Otro aspecto que genera expectativas, agrega Parada, es “cómo operara el sistema de arbitraje obligatorio que se contempla en la reforma para aquellas empresas en las que se ha declarado la prohibición de huelga, considerando especialmente la ampliación de la nómina de árbitros que podrán conocer este asunto”.
¿Qué son empresas estratégicas en la nueva ley laboral?
DEFINICIÓN
La reforma estableció un nuevo artículo (362 del Código del Trabajo), según el cual no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.
PLAZOS EN JUEGO
La calificación será efectuada cada dos años dentro del mes de julio, por resolución conjunta de los ministros del Trabajo, Defensa y Economía.
EL PROCESO
Los solicitantes podrán acompañar todos los documentos que estimen convenientes para fundamentar su petición. El Ministerio de Economía también podrá solicitar informes a los ministerios, servicios u organismos públicos competentes en las materias que motiven la causal invocada.
NOVEDADES
El Ministerio de Economía elaborará una propuesta sobre cada una de las solicitudes que se presenten, la que deberá presentar a los ministros del Trabajo y Defensa. Sin embargo, según lo establecido en el artículo 362 del Código del Trabajo, la resolución podrá ser reclamada ante la Corte de Apelaciones.
¿CUÁNTAS SON?
En 2014 el número de firmas catalogadas como «estratégicas» llegaba solo a 97. En 2015 se estableció una lista de 115 compañías (se incorporaron 21). Mientras, según la resolución del 29 de julio de 2016, figuraron 128 empresas con esta definición, de las cuales once son nuevas.
junio 12, 2017 | Industria
(La Tercera) Cincuenta años cumplió en Chile la empresa Dow y el festejo fue en grande. Su presidente para América Latina, Fabián Gil, visitó el país y encabezó las actividades, donde destacó una reunión con la Presidenta de la República, Bachelet, y un foro privado en que expuso el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo.
La fecha encontró a la compañía en pleno proceso de cambio, preparando la fusión con DuPont que por ahora avanza en las aprobaciones regulatorias y que creará un gigante con un valor de US$ 130 mil millones.
Uno de ellos es el gas natural, donde Dow ha entrado en los últimos años y donde ya tiene un acuerdo para explotar los recursos del yacimiento Vaca Muerta, en Argentina, considerado uno de los más grandes del mundo en términos de recursos. Según Fabián Gil, Chile es un mercado clave para ese negocio, considerando que el país importa gas desde diversas zonas a través de los terminales de GNL de Quintero y Mejillones. Sin embargo, es consciente de las dificultades que tendría debido a la mala experiencia que tuvo Chile luego que ese país decidiera incumplir los acuerdos de venta de gas.
“Vaca Muerta es el segundo yacimiento de gas más grande del mundo. Argentina es un país vecino y es una gran plataforma por el potencial energético que tiene. Esa es una gran oportunidad para Argentina y la región y también para Chile, en la medida que se pueda retomar el contacto gobierno con gobierno y vuelva la confianza. Vaca Muerta ofrece gas abundante y barato y está muy cerca. Va a tomar tiempo retomar las confianzas, pero es una gran oportunidad”, indica.
Agricultura
Otro negocio relevante para Dow es la agricultura, donde la alianza con DuPont abre nuevas posibilidades.
“Chile, historicamente, es un gran productor, con producción de semillas de contraestación para el mercado americano. Tiene grandes condiciones agroecológicas para hacer eso y el sector agrícola chileno es muy diversidicado, con productos de alto valor y alta tecnología. Eso se puede fortalecer ofreciendo un portafolio de productos más completo, con la venta de productos de Dow y DuPont, pero también generando modelos de negocio más eficiente, probar cosas nuevas que se tienen, poner a Chile en la avanzada”, añade.
junio 12, 2017 | Industria
(El Mercurio) A US$ 7.550 millones asciende el monto de los proyectos de inversión que cuentan con aprobación ambiental, pero cuya ejecución está retenida por demandas interpuestas en los tribunales por las comunidades cercanas. Se trata de iniciativas en el sector energético, minero, industrial, portuario, inmobiliario y de infraestructura que, de llevarse adelante, generarían 30.631 empleos en etapa de construcción y 7.418 en operación, de acuerdo con un estudio del bufete Vergara, Galindo y Correa, que presentaron en Icare el abogado Javier Vergara y el economista Jorge Hermann.
La inversión que contemplan estos proyectos equivale a un 3% del PIB y, según cálculos de Hermann, su materialización daría un impulso adicional de 0,3% anual al crecimiento del PIB en dos años, suponiendo que la mitad se realiza el primer año y el resto al año siguiente.
En total, son 21 las demandas por reclamación en contra de las resoluciones de aprobación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que al 15 de mayo se encontraban radicadas en los tribunales ambientales y Corte Suprema. Entre ellos, el de continuidad operacional de Candelaria en la Región de Atacama (US$ 460 millones); el aumento de capacidad del terminal GNL de Quintero (US$ 300 millones); puerto Cruz Grande, en Coquimbo (US$ 250 millones); continuidad operacional de Cerro Colorado, en Tarapacá (US$ 467,2 millones); el mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria Santiago-Rancagua (US$ 277 millones); la nueva línea de tendido eléctrico Charrúa-Ancoa entre Maule y Biobío (US$ 140 millones); y el plan de expansión Cardones-Polpaico en las regiones Tercera, Cuarta, Quinta y Metropolitana (US$ 1.000 millones).
Larga tramitación
Solamente en los tribunales ambientales los recursos tienen un plazo promedio de 11 meses y medio en Santiago, y en Valdivia del orden de 6 meses y medio. En la Corte Suprema, el plazo aproximado es de seis meses más. A ello hay que sumar el largo período de aprobación administrativa del proyecto, al punto que la oportunidad de invertir ya podría haber pasado. «Hay que tener mucha preocupación por hacer más eficientes estos tiempos», advierte Vergara. Que la gente ejerza sus derechos es algo que no se puede negar. Lo importante, puntualiza, es tratar de que las reclamaciones demoren lo menos posible. «Un año en un tribunal ambiental es un período demasiado largo», afirma.
Hermann hace referencia a un estudio publicado por el CEP (Hernando y Razmilic, 2015) donde se plantean tres propuestas para mejorar el diseño institucional de la evaluación ambiental en Chile.
Lo primero, señala, es avanzar en una planificación estratégica en todo el país que determine dónde se van a localizar las plantas eléctricas, las redes de electricidad, los proyectos inmobiliarios y las zonas industriales en las regiones, todo con una visión global. Los autores apuntan a encauzar la aprobación de los proyectos en relación con la necesidad de desarrollar ciertas formas de infraestructura.
Una segunda propuesta es realizar un proceso de autorización específico basado en el SEIA en que se exija que el proyecto sea compatible con las definiciones del plan nacional de ordenamiento territorial, lo que genera certidumbre jurídica sobre los lugares donde se pueden localizar los proyectos específicos. Según Hermann, eso haría más fácil el proceso de autorización del SEIA en relación con las comunidades.
La tercera propuesta consiste en un sistema de compensaciones que establezca recursos monetarios para la comunidad en base a las características del proyecto, evitando las compensaciones estandarizadas. Por ejemplo, dice el economista, destinar por una vez un 1% del monto de la inversión a la comunidad, que la empresa lo pueda considerar gasto tributario y rebajarlo de su base imponible. Compensaciones para hacer mejoras en infraestructura, colegios, salud o seguridad permitirían a las empresas tener mejor relación con las comunidades para destrabar los proyectos.
junio 12, 2017 | Mundo
(Diario Financiero) La tensión ha escalado desde que Arabia Saudita y sus aliados decidieron romper relaciones diplomáticas con Qatar. Desde el 5 de junio Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto han expulsado a diplomáticos qataríes, cerrado fronteras y bloqueado el tráfico aéreo desde y hacia Qatar, acusando al emirato de financiar a terroristas. Pero ese argumento es sólo una parte de la historia. El gas, que permitió que Qatar se enriqueciera, también lo aisló de sus vecinos del Golfo, y gestó en Arabia Saudita un sentimiento de revancha.
Un año clave para la historia reciente de Qatar es 1995. Ese no solo fue el año en que el padre del actual emir, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, derrocó a su propio padre pro-saudita, sino que también fue cuando la pequeña península desértica realizó su primer envío de gas natural licuado (GNL).
Qatar era afortunado, poseía la mayor reserva mundial del recurso en lo que se conoce como el Campo Norte, pero esa zona es compartida con Irán, el rival de Arabia Saudita.
Gracias a ese hito, Qatar se convirtió no solo en el país más rico del mundo, con un ingreso per cápita anual de US$ 130 mil, sino que también en el mayor exportador mundial de GNL.
Esa fue su fortuna, pero también su desgracia. El foco en el gas lo apartó de sus vecinos exportadores de crudo, reunidos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), el cartel dominado por Arabia Saudita. Pero al mismo tiempo, le permitió liberarse del dominio de Arabia Saudita, que al comunicar su decisión de romper relaciones diplomáticas con Doha la semana pasada describió a los qataríes como una “extensión de sus hermanos en el reino”.
Foco en Asia
Al construir gasoductos, el emir de Qatar decidió no integrarse a los mercados de sus vecinos del Golfo, sino que se enfocó en proveer del recurso al creciente mercado asiático, que hoy recibe un 65,3% de los envíos de GNL del país.
Eso no fue un problema para los Estados exportadores de crudo, ya que veían al gas natural como un recurso que solo era útil para ser reinyectado hacia los pozos petroleros para mejorar las tasa de extracción. Por eso, solo estaban dispuestos a pagar una fracción del precio del mercado mundial de GNL.
Pero en el último tiempo la demanda por gas natural para producir electricidad y para usar en industrias ha crecido en los Estados del Golfo, obligándolos a recurrir a importaciones de GNL más costosas y a explorar las formaciones de gas domésticas que son caras de extraer. Esto empezó a gestar una molestia con Qatar, que tiene los menores costos de extracción en el mundo.
Aislado de sus vecinos petroleros, Qatar construyó además sus propios vínculos con otras potencias, como Irán -con quien comparte el Campo Norte- y Estados Unidos, que tiene en el país su mayor base militar en Medio Oriente. A ellos se sumó Rusia el año pasado, cuando el fondo soberano de Qatar acordó invertir US$ 2.700 millones en la petrolera estatal Rosneft.
La cercanía con Irán no es lo único que ha irritado a los vecinos del emirato. La riqueza proveniente del gas le ha permitido aplicar políticas externas provocadoras: respaldó a los Hermanos Musulmana en Egipto, a Hamas en la Franja de Gaza y a facciones armadas en Libia y Siria. El gas también financió una cadena de televisión, Al Jazeera, que en varias ocasiones ha avergonzado o provocado la ira de la mayoría de los gobiernos de Medio Oriente.
Según Steven Wright, de la Universidad de Qatar, el acercamiento a Irán fue la manera en que el país aseguró la fuente de su riqueza, pero “se puede cuestionar por qué no ha estado dispuesto a abastecer a sus países vecinos, dejándolos pobres de gas”.
Visita de Trump, el gatillo
“Qatar solía ser una suerte de estado vasallo de Arabia Saudita, pero usó la autonomía que creó la riqueza proveniente del gas para forjarse un rol independiente”, dijo Jim Krane, investigador de energía del Instituto Baker, de la Universidad de Rice, a Bloomberg. “El resto de la región ha estado buscando una oportunidad para cortar las alas de Qatar”.
Esa oportunidad llegó con la visita del presidente de EEUU Donald Trump a Arabia Saudita, cuando le pidió a “todas las naciones de conciencia” aislar a Irán. Qatar respondió que estaba en desacuerdo a través de un comunicado, pero luego el gobierno acusó que el texto había sido hackeado. Eso no importó, sus vecinos lo acusaron de apoyar al terrorismo y le cerraron las fronteras.
Disputa por el mercado asiático
Uno de los frentes de la batalla diplomática entre Arabia Saudita y Qatar se encuentra 5.500 kilómetros al sureste de sus territorios, en el Estrecho de Malaca, entre Malasia e Indonesia.
Esto porque el centro de gravedad del mercado del petróleo, y de la economía global actual, está en Asia. Hasta la Guerra de Irak en 2003, EEUU y Europa representaban más de la mitad de las importaciones mundiales de crudo.
Pero ese porcentaje ha caído a un poco más de un tercio, ya que la demanda de los países del Atlántico norte se ha mantenido, mientras que la de China, India, Corea del Sur y Filipinas se ha disparado.
Eso hace que la posición que tomen los principales socios comerciales de Qatar -Japón, Corea del Sur, India y Taiwán- sea un factor crucial en los desarrollos de la disputa diplomática y en el embargo que se le impuso al emirato.
Más de la mitad de las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de Qatar se destinan a esos cuatro países, y esa cifra sube a dos tercios si se suma a China y Tailandia.
junio 6, 2017 | Designaciones
Tras una trayectoria de más de 30 años en el rubro industrial y de generación eléctrica en compañías multinacionales con presencia tanto en Argentina como en nuestro país, Alejandro Mc Donough asumió como gerente de Desarrollo de Negocios del área Energy Solutions de Wärtsilä Chile.
“Nuestro desafío es desarrollar nuevos negocios de la mano de la tecnología y la experiencia de Wärtsilä, tanto en relación a generación de energía, como a soluciones de GNL, energías renovables no convencionales (ERNC) y almacenamiento de energía”, señaló el ejecutivo.
En cuanto a ERNC, Mc Donough resaltó que la empresa trabaja “en la integración de la energía solar, en sistemas Energy Management y de almacenamiento de energía acorde a los requerimientos actuales del país. Con respecto a esto último, se destaca la adquisición por parte de Wärtsilä de la compañía Greensmith Energy Management”.
Alejandro Mc Donough es ingeniero electrónico naval de la Universidad de la Marina Mercante y Máster en Dirección de Empresas de la Universidad del Salvador de Argentina. Además, cursó el Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) de la Universidad de los Andes, en Chile, y el Advanced Management Program de Duke University de Estados Unidos.
[Wärtsilä se integra a Asociación Chilena de Energías Renovables]
