marzo 14, 2013 | Industria
(Pulso) A pesar de que se trataba de un compromiso de campaña, y uno de los pilares de la política energética propuesta, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera le quitó el piso a la reforma a la ley de fomento de las energías Renovables No Convencionales (ERNC), que establecía una meta de participación de estas energías en la matriz energética chilena.
A cambio, el Ejecutivo ofreció un mecanismo de licitaciones anuales de bloques de energías provenientes de algún tipo de fuente verde.
Este nuevo procedimiento no contempla el establecimiento de una meta, situación que fue lo que no agradó a algunos parlamentarios quienes solicitaron a la autoridad que concurriera al Congreso a explicar los alcances de este nuevo plan.
Precisamente, ayer el ministro de Energía, Jorge Bunster (en la foto), y el subsecretario Sergio del Campo, participaron de la sesión de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, instancia en la que detallaron la propuesta del gobierno que reemplaza al 20-20, y que consiste en un mecanismo de licitaciones por primas de bloques de energías renovables, que busca además facilitar el financiamiento de los proyectos, una de las principales trabas que acusan los desarrolladores.
Según la autoridad, si bien no existe una meta, los estudios preliminares hechos por el ministerio suponen que las ERNC, de avanzarse en esta línea, podrían llegar a representar el 15% de la matriz energética chilena a 2025, lo que equivaldría a casi 4.000 MW de capacidad instalada, lo que es varias veces superior a los casi 750 MW instalados en el país entre centrales a biomasa, eólicas y solares.
Según explicó el subsecretario Del Campo, antes de tomar alguna decisión sobre metas o fomentos a la ERNC, es importante analizar aspectos técnicos relacionados a la implementación de estas tecnologías en la matriz local, que está diseñada para incorporar fuentes a firme y no unidades que generen de forma intermitente, como lo son hoy en día las unidades solares o eólicas.
“Es importante que la integración de las ERNC sea factible técnicamente. Pero tenemos que estar preparados. Necesitamos tiempo para que se puedan resolver los problemas de automatización, tener respaldo, etc. Es por eso que el plazo de 2020 es algo complejo”, planteó el representante de gobierno.
Los costos
El ministro de Energía, además, explicó los detalles del proyecto de reforma en lo relacionado con los costos para los usuarios que tendrá el pago de primas para los generadores de ERNC, señalando que para los clientes libres, esto no superará el US por cada MWh, lo que equivale, a precios actuales, a menos del 1% del costo total de la electricidad.
Asimismo, Bunster aseguró que para una cuenta promedio domiciliaria de 4.968 por mes, el cargo por las licitaciones de ERNC representará sólo el 0,5% de la cuenta tipo en 2024, el año de costo máximo en el marco del plan de incorporación de estas tecnologías. Esto equivale a 3 pesos por mes por usuario.
El proyecto de ley se enmarca en una serie de reformas eléctricas, entre las que se cuentan, además, la carretera eléctrica y la ley de Concesiones.
Fuente / Pulso
marzo 8, 2013 | Industria
(Pulso) A comienzos de semana, Moody’s revivió un tema que al gobierno le preocupa y mucho, pero que ha sido dejado de lado por la discusión sobre las reformas eléctricas, que copan hoy la agenda energética. La delicada situación financiera que vive ENAP fue descrita por la agencia clasificadora de riesgo como un severo “apalancamiento financiero en relación con su perfil de ingresos”. En otras palabras, está con el agua hasta el cuello.
Lo urgente es hacer frente a los vencimientos. Este año debe cumplir con obligaciones totales por US22 millones, cifra inédita y que tiene que ver, a su vez, con aplazamiento de deuda hecha años antes. Si bien ya salió al mercado en noviembre pasado, obteniendo cerca de un cuarto del total, estos dineros no serán suficientes. Por lo tanto, hay que hallar una salida.
Pero la crisis no comenzó ahora. ENAP está en problemas desde 2008, año en que registró pérdidas por US.000 millones, en medio de la crisis subprime y una reducción veloz de los precios del petróleo. Entonces la estatal, para poder cumplir con sus reglas de aprovisionamiento, adquirió petróleo a precios altos, mientras que debía venderlos a precio bajo, pues la reducción de los valores fue rápida. Entonces, se debió comer ese diferencial. Mismo que escaló hasta la histórica cifra.
Con los años, la estatal ha implementado distintas medidas para poder mejorar su posición, pero no lo ha conseguido. A septiembre, sus pérdidas alcanzan US36 millones, cifra que podría ser mayor (toda indica que así será) cuando se entregue el balance del año completo.
¿Cuál es la salida? La empresa ha planteado que le sería de mucha ayuda la eliminación del arancel que hoy la obliga a pagar un 6% extra sobre las compras de crudo que efectúa, lo que se traduce en que su materia prima se encarece.
De hecho, a mediados del año pasado la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para pedir formalmente que se rebaje el 6% de impuesto que debe pagar la empresa por las compras de petróleo. “A ENAP se le hace muy difícil de recuperar (ese 6%) y no se ajusta a la realidad de tarifas que se aplican en el mundo para las refinerías, que suelen estar debajo de los US por barril”, se planteó en el documento de acuerdo del año pasado.
Gobierno y Petrobrás
El problema es que desde entonces no se ha tomado ninguna decisión. ENAP sigue arrastrando con el pago de ese 6%, cuya eliminación si bien no le permitiría necesariamente revertir la totalidad de las pérdidas, sí ayudaría a atenuarlas.
Pero hay otras reformas que están pendientes y que, si bien se han discutido largamente, no se han traducido en propuestas concretas, y mucho menos en cambios reales que permitan a la empresa salir del agujero en el que se encuentra.
El primero de los cinco ministros de Energía que ha tenido el gobierno del presidente Sebastián Piñera planteó, en una de las primeras actividades públicas que tuvo, que estaban pensando en una reforma grande para la empresa.
“Lo que tenemos pensado es hacer más explícita la participación del capital privado dentro de la compañía, y ahí estamos analizando tomar como base el modelo de Petrobras, donde el Estado mantiene un control de la compañía, pero se hace participar a inversionistas privados en algunas formas de la propiedad”, explicó Ricardo Raineri en mayo de 2010.
Pero de esa intención no quedó nada. ENAP sigue como está, Raineri abandonó el gobierno y las pérdidas siguen apareciendo, año a año.
Otra propuesta que no avanzó fue el cambio del gobierno corporativo de la empresa. Desde 2009, fecha en la que se tramitaba en el congreso la reforma al directorio de Codelco -que logró separar los ciclos políticos de la duración de los cargos directivos en la minera, y sacó a los ministros de la mesa- se venía hablando de que la segunda etapa correspondía a ENAP. Esa reforma tampoco fructificó.
Tirón de orejas
Al interior de ENAP se plantea que lo que deja entrever Moody’s es, precisamente, una crítica a la lentitud con la que el gobierno está tomando las reformas que deben hacerse en la petrolera, tanto respecto de los cambios legales como en lo relacionado con una capitalización que permita hacer frente a los vencimientos.
“La calificación de riesgo combina: la evaluación de base crediticia subyacente de ENAP y la voluntad y habilidad del gobierno de Chile para proveer apoyo crediticio a ENAP en una situación difícil”, explica el informe de la clasificadora de riesgo.
La baja de riesgo tiene otro antecedente: la propiedad estatal de la compañía. Si bien los bonos que emite ENAP no cuentan de forma explícita con el aval del Estado de Chile, el mercado subentiende que en caso de un default de la empresa será el Estado el que saldará esa deuda. Es decir, considerando el nivel de deuda de la empresa y en el caso de que fuera privada, su nota sería aún más baja. Y el escalón más bajo la convierte en bono basura.
También se reclama el que la estatal deba salir a vender sus activos para poder pagar sus vencimientos 2013, cuando podría buscarse alguna fórmula alternativa, como apoyo estatal, endeudamiento fiscal o explicitar el respaldo estatal a las emisiones de la empresa.
Por ahora, la agenda legislativa no contempla, en el año de gobierno que queda, generar cambios. Por el contrario, los temas energéticos son otros, como por ejemplo, la carretera eléctrica.
Fuente / Pulso
marzo 7, 2013 | Industria
(Diario Financiero) La dupla de ministros de Energía, Jorge Bunster, y de Economía, Pablo Longueira, retomó su trabajo conjunto en el congreso para agilizar los proyectos de su sector que forman parte de la agenda pro inversión y que el Ejecutivo espera tener aprobado durante este año.
Ambos concurrieron a la comisión de Minería y Energía del Senado, la que también analiza el proyecto de interconexión del SIC y el SING. Bunster explicó que “la próxima semana debiera ser votado en la sala del Senado el proyecto de ley de carretera eléctrica” al cual se le aplicará suma urgencia para su análisis.
Lo anterior, en el marco de las instrucciones presidenciales de agilizar la discusión de las normativas del sector que se complementan con concesiones eléctricas, interconexión SIC-SING, energías renovables 20/20 y el proyecto de concesiones geotérmicas que debe entrar al congreso en marzo.
Coordinación
El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, afirmó que “la mayor prioridad está en avanzar en el área económica en los proyectos de energía, hemos conversado con parlamentarios de todos los sectores y los ministros nos hemos coordinado para sacar rápidamente los proyectos que forman parte de la agenda de energía”.
Bunster complementó con que “son temas que tienen urgencia para el país habida cuenta la factibilidad de poder traer la energía de lugares más eficientes”.
En la comisión del Senado también participaron representantes de GDF Suez y de Alstom, que explicaron sus proyectos relativos a la forma de interconexión entre el SIC y el SING.
El gerente general de GDF Suez, Juan Clavería, manifestó nuevamente su convicción que debe ser corriente alterna y no continua. Asimismo, señaló que en cualquier caso “hay que esperar la resolución del Panel de Expertos, donde puede que apoye la decisión de la Comisión Nacional de Energía (CNE), si es así hay que intentar hacer el proceso de licitación lo más rápido posible, ya que siempre existe la posibilidad que eventuales opositores presenten recursos legales o administrativos y eso puede hacer que el proceso se atrase unos cinco años. Si dice que no hay que evaluar otra alternativa para el proyecto”. También indicó que como empresa su proyecto “es fácilmente adaptable a corriente continua, pero esperemos lo que defina el panel de expertos”, explicó.
Fuente / Diario Financiero
enero 28, 2013 | Industria
(La Tercera) Una intensa discusión se anticipa para la tramitación de los proyectos energéticos que hoy están en el Congreso. En particular, en lo que respecta a la ley que busca crear una carretera eléctrica pública, donde el Estado participará directamente en el diseño del trazado de la franja troncal por donde pasarán las futuras líneas de transmisión.
En el gobierno sostienen que este proyecto es una de las principales iniciativas que se requieren, considerando las restricciones de transmisión que enfrenta el sistema troncal (principal red eléctrica del país). Como no se puede transportar la energía producida por las centrales con menores costos de operación -hidroeléctricas y las termoeléctricas a carbón- a los grandes centros de consumo, se opera en forma ineficiente y se impacta el valor de la energía que pagan las personas y empresas.
La carretera eléctrica comprende un red que atravesará el país en forma longitudinal entre Arica y la Patagonia, incluyendo cerca de 4 mil kilómetros de extensión. Debido a que su diseño incluye ramificaciones, se podrán interconectar los futuros desarrollos de energías renovables, los cuales hoy tienen problemas para ser viables por el costo que deben asumir para conectarse a la red troncal.
En las últimas semanas, el Ministerio de Energía se abrió a estudiar un cambio de fondo e inédito en la forma como opera el sector. Que la concesión eléctrica de las líneas, que sean parte de la carretera eléctrica, no se otorgue a perpetuidad, sino que tenga un plazo definido. Este fue el punto central del acuerdo que el gobierno y diputados de oposición firmaron el viernes pasado, para generar consensos y acelerar la tramitación de la agenda eléctrica en el Congreso.
La meta del gobierno es tener el proyecto promulgado y publicado a más tardar el 30 de junio.
El ministro de Energía, Jorge Bunster, destaca que el gobierno está de acuerdo con explorar la factibilidad de esta iniciativa, pero que quiere hacer un levantamiento de información para recoger las experiencias internacionales, la opinión de los expertos y analizar las implicancias que esta metodología puede tener. “No queremos que esto genere mayores dificultades, sino que sea una buena solución. Por eso tenemos que estudiarlo. No queremos entrar a esta discusión con un prejuicio de que esto no se puede o sí se puede hacer. Queremos explorar la factibilidad de su ejecución”, explica.
Para generar los consensos necesarios, todos estos puntos serán estudiados en la comisión de trabajo que estará integrada por los diputados, sus asesores y por los los ministerios de Energía y Economía. De hecho, el titular de esta última cartera, Pablo Longueira, se incorporó al equipo de trabajo con el fin de acercar posiciones políticas en una discusión que hasta hoy se ha centrado más en aspectos técnicos, según afirma el propio personero a La Tercera.
Para Juan Carlos Latorre, diputado DC -quien se ha reunido con Endesa, Colbún, AES Gener y también Pacific Hydro para analizar el tema- el arribo del secretario de Estado allanó el camino a una apertura de parte del gobierno a la idea de estudiar que la concesión tenga un plazo definido, tema que si bien estaba sobre la mesa desde el inicio de la discusión en la Cámara, no había prosperado.
Las diferencias
Pero desde ya se advierten posiciones divergentes, que saldrán a flote cuando se retome la discusión, a partir de marzo en el Senado.
Fuentes del sector eléctrico indican que las empresas están abiertas a estudiar el tema propuesto. Eso sí, les preocupa el impacto que esto tenga en la tarifa de transmisión y también que se abra la posibilidad de que la concesión eléctrica, luego de acabado su tiempo de vigencia, pueda ser renovada. Los privados esperan tener más antecedentes al respecto esta semana, tras la reunión que la Asociación de Generadoras de Chile tendrá con parlamentarios. Después de esta nueva conversación, agregan las mismas fuentes, probablemente tengan una visión más unificada.
Francisco Aguirre, director ejecutivo de Electroconsultores, cree que el modelo de concesión con tiempo definido es una medida “original”, que incluso podría dar más competitividad al segmento de transmisión. “Alguien que hoy instala por tiempo definido tendrá que enfrentar eventuales competidores cuando se termine su concesión. Hoy eso no sucede”, dice. Agrega que esto incluso puede ayudar en las tarifas: “Si la competitividad trae como impacto menores precios, el resultado es mejor”.
El efecto en las cuentas y en los inversionistas también es una preocupación para los senadores que en marzo comenzarán la discusión en particular de la norma. Es en ese debate donde se pueden generar las mayores diferencias. El senador Jaime Orpis (UDI), integrante de la Comisión de Minería y Energía, explica que aún no conoce los alcances del acuerdo, pero que en su visión colocar un plazo a la concesión puede tener sus riesgos, sobre todo en las tarifas finales de los clientes residenciales.
“Es un tema que se tiene que discutir. Aprobaré una norma que sea técnicamente buena. En esa idea hay riesgos que hay que analizar, en especial por su impacto en los precios”, explica. Es partidario de que el período de vigencia de la concesión sea amplio para que sea un proyecto atractivo para los inversionistas.
Para el senador Baldo Prokurica (RN) la discusión no será fácil. Hasta ahora, indica, los equipos de trabajo de los parlamentarios y el gobierno han avanzando en casi todos los puntos de consensos, excepto este. “Aquí hay que considerar dos aspectos importantes. Uno, que dar una vigencia definida a la concesión supone una modificación de fondo al sistema y hay que ver sus efectos. Esto significa cambiar el modelo con el que ha funcionado este sector. Hay que ver si el costo de la inversión se traspasará a los usuarios. Hay argumentos en todas las líneas y esto hay que resolverlo pensando en qué es mejor para el país”, señala.
Al ser consultado si esta modalidad impactará las cuentas de la luz, Jorge Bunster sostiene que aún es pronto para responder esa interrogante. Agrega que en marzo recién comenzarán con los estudios y que tendrán como máximo dos a tres meses para analizar el caso.
Si la norma se llega a aprobar en junio, la expectativa del gobierno es que las primeras líneas de la carretera eléctrica estén operativas hacia 2018.
Fuente / La Tercera
enero 22, 2013 | Industria
(Diario Financiero) “La idea es que en junio tengamos los proyectos aprobados”. Así de categórico se mostró el ministro de Economía, Pablo Longueira, al manifestar su deseo de que los principales proyectos legislativos del área de energía sean despachados desde el Congreso.
Longueira se reunió ayer con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda, por espacio de una hora, acompañado del titular de Energía, Jorge Bunster, con quien hará dupla en el parlamento para acelerar el despacho de las leyes relativas a la agenda pro inversión que impulsa el Ejecutivo en el área de energía.
Al salir de la sede de gobierno, el titular de Economía explicó a DF que “sí, trabajaremos junto al ministro de Energía en estos proyectos. El presidente tomó la decisión de que sean de la agenda pro inversión, junto a concesiones eléctricas, carretera eléctrica, el llamado 20/20 y un proyecto que ingresará pronto de concesiones geotérmicas”.
La idea del Ejecutivo es que la experiencia técnica de Bunster sea apoyada por el manejo político de Longueira en proyectos clave para el desarrollo del país y evitar que su tramitación se alargue de manera innecesaria en el parlamento. “La meta que tenemos es bien ambiciosa, ojalá poder despachar estos proyectos en el mes de junio, aunque sabemos que es una meta exigente, haremos un esfuerzo, porque este es el mayor problema que enfrenta la economía chilena para su competitividad: el costo de la Energía”, dijo Longueira.
Así, esta es la primera señal concreta que emana del Ejecutivo en cuanto a agilizar los proyectos energéticos, desde la realización de la cumbre con empresas mineras y eléctricas que se desarrolló el 29 de septiembre de 2012.
Ayer en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados Longueira y Bunster presentaron una serie de indicaciones al proyecto de concesiones eléctricas, con el objetivo de viabilizar el texto y que sea analizado por la sala este miércoles y votado en general antes del inicio del receso parlamentario de febrero.
Sostuvo que “estamos trabajando intensamente con los asesores y los parlamentarios de la comisión para recoger algunas indicaciones, esto es una gran señala para el país el mostrar disposición a legislar en este proyecto que perfecciona el sistema, disminuye plazos y entrega mayor certeza jurídica que la ley actual de concesiones eléctricas”.
En tanto, el ministro Bunster señaló que “el objetivo es que a mediados de año estén aprobados concesiones y carretera, porque están incidiendo mucho en el ritmo de crecimiento del país y la disposición de los inversionistas. Es importante despejar eso a la brevedad y para ello estamos acercando posiciones y buscando un acuerdo “.
Las indicaciones fueron presentadas ayer en la comisión, pero hoy serán oficializadas con la firma de Piñera y han sido trabajadas con la alianza y la oposición. El subsecretario de Energía, Sergio del Campo, en la comisión sostuvo que la idea del proyecto de concesiones eléctricas es mejorar la materialización más rápida de las líneas de transmisión que hoy tardan en promedio 700 días pudiendo llegar a 150 días y afirmó que el proyecto busca mitigar los precios de la energía en Chile.
Algunas de las indicaciones consensuadas con los parlamentarios se refieren a establecer un trazado y franja de seguridad de las líneas y precisar que los concesionarios eléctricos deben cumplir con la ley ambiental y no quedan eximidos de sus obligaciones medioambientales.
Fuente / Diario Financiero
