(La Tercera) Por segunda vez desde 2009, una delegación chilena llegó hasta Ginebra, Suiza, para rendir examen sobre la situación del país en materia de Derechos Humanos ante los estados miembros de las Naciones Unidas.
La representación nacional estuvo compuesta por el ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda; el ministro y vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch; el ministro de Justicia, Juan Ignacio Piña, y la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries.
Ante representantes de 83 países, la delegación dio lectura a un informe con la realidad nacional en materia de Derechos Humanos, tras lo cual recibió observaciones, recomendaciones e inquietudes de cada uno de los asistentes.
Para Lorena Fries, el balance de la presentación nacional estuvo marcada por el reconocimiento a los avances que ha mostrado el país, como por ejemplo, en lo relativo a la nueva Ley Antidiscriminación, pero también recibió reparos por aspectos que no muestran avances. “Los temas que más se tocaron en términos de preocupación de parte de la comunidad internacional y en términos de recomendaciones por parte de los estados, tuvieron que ver con pueblos indígenas”, sostuvo la directora del INDH.
Detalló que fueron tres las temáticas abordadas que más llamaron la atención con respecto a los grupos originarios: la aplicación de la Ley Antiterrorista, la restitución de sus tierras y su participación ciudadana. Así, afirmó que “hay varios estados, incluyendo Estados Unidos, que llamaron a no aplicar la Ley Antiterrorista, otros plantearon reformarla. También se criticó el proceso de restitución de tierras como una falencia o un déficit del Estado. Y se habló de la necesidad de generar instancias de participación política de los pueblos indígenas, que no sólo estén referidos a consultas”, precisó Fries.
El ministro de Justicia (S), Juan Ignacio Piña, asumió que una de las áreas que concentró mayor interés internacional fue la situación de los pueblos originarios. “Nos preguntaron por la relación con nuestros pueblos indígenas y ahí el ministro Baranda hizo una muy interesante explicación sobre la política de transferencia de tierras y de todos los programas de desarrollo que su ministerio ha ido coordinando”.
Respecto de la aplicación de la Ley Antiterrorista, Piña sostuvo que él fue encargado de abordar este tema. “Hubo tantas preguntas como recomendaciones y tuve la oportunidad de explicar las sucesivas modificaciones que ha tenido esta ley y que ha permitido acotar su ámbito de aplicación. Los números demuestran que su aplicación no es discriminatoria ni se dirige contra los pueblos indígenas”, apuntó.
Otro de los puntos donde la comunidad internacional estableció que el Estado se encuentra en deuda en materia de derechos humanos está relacionado con la legislación sobre el aborto. “Se repitió mucho la necesidad de despenalizar el aborto en casos de violación y nosotros ahí manifestamos, con bastante claridad, cuál es la opinión del Estado chileno respecto del tema y que, por lo tanto, esa no es una línea donde se puedan esperar muchos avances”.
En la delegación hubo consenso respecto de que un avance reconocido por las naciones fue la promulgación de la Ley Antidiscriminación, que rige desde julio de 2012. Esta tipifica la discriminación arbitraria debido a raza, religión, apariencia, sexo u orientación sexual, entre otras razones, ya sea como delito civil o como un agravante penal.
Sin embargo, de acuerdo con la directora del INDH, también se plantearon críticas en este sentido. “La primera tiene que ver con la definición de discriminación, la cual es bastante más restrictiva que la que tiene el sistema de Derechos Humanos. Además, se pidió reforzar mucho más las políticas públicas a partir de dicha ley”, indicó.