(El Mercurio) El robo de cables eléctricos es un problema de seguridad pública. Así lo considera el Ministerio del Interior, encabezado por Mario Fernández, quien se querelló contra siete personas residentes en Rancagua por asociación ilícita y receptación del tendido eléctrico sustraído, entre otros cargos. «La destrucción de la propiedad de las instalaciones del tendido eléctrico, por medio del robo o hurto de cables, provoca una especial dañosidad y alta preocupación (…), ya que se pone en riesgo el sistema energético de la comunidad, afectando directamente a la población en sus diversas actividades cotidianas, tanto productivas, comerciales, servicios, de salud, educacionales», señala la querella interpuesta por la cartera en el Juzgado de Garantía de Rancagua en octubre del año pasado.
En el escrito, Interior reseña que opera en la capital de la VI Región «una organización criminal» que funciona «al menos desde 2013 en dos locales comerciales ubicados en el pasaje Urquijo N° 0672 de la población Jorge Alessandri y la Avenida República de Chile N° 0155, ambos en la ciudad de Rancagua». Tal entidad «se ha dedicado al robo de cables del tendido eléctrico y su receptación».
El Gobierno se hizo parte así de un proceso que se inició a comienzos del 2016 con una querella de Transelec por robar el tendido eléctrico. Y es que esta sustracción provocó un masivo apagón en la madrugada del domingo 7 de enero del 2016, que significó dejar sin luz a tres regiones del país: parte de la Región Metropolitana, la VI y la VII Región.
Esa querella fue «contra quienes resulten responsables», pero en el curso de la investigación, a cargo del fiscal Carlos Fuentes, se constató la existencia de una «organización criminal», según detalla la acción del ministerio, lo que fue el motivo para que esta cartera se hiciera parte del proceso, al igual que otras reparticiones del Estado. Y es que por la misma causa han presentado querellas la Empresa de Ferrocarriles del Estado y el Servicio de Impuestos Internos.
Según la acción judicial del Ministerio del Interior, «Augusto Yáñez dirige la organización criminal coordinando el robo de cables, recepcionando el material sustraído en dos locales comerciales». Su esposa, Sandra Grandón, «coopera directamente tanto en la compra y venta de los objetos de los delitos».
El escrito detalla que «en el segundo nivel de la organización» están Orlando Grandón y María Méndez, «quienes atienden los locales de Augusto Yáñez, recibiendo el material robado, posteriormente entregándolo a quienes indica el señor Yáñez o su cónyuge».
La querella pormenoriza que existe un «tercer nivel de la estructura ilícita», en el cual se encuentran «Jorge Tapia, Pedro Pinto y José Neira», que fueron condenados en 2008 por robo de cable. «Su función es la de cortar el cable de cobre de las distintas empresas eléctricas y luego llevarlo a los locales ya individualizados». Una vez recibido el material, «a través de boletas ideológicamente falsas, guías de despacho falsificadas y actas de procedencia», se hacían negocios con las empresas «Sociedad Recuperado Rancagua», «Augusto Yáñez Orellana Excedentes Industriales» y «Transportes Sandra Grandón».