(Pulso) El plan de reformas estructurales del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, se encamina exitosamente para renovar al país, al menos hasta el momento. Ya se aprobó la reforma educacional y la de telecomunicaciones, y el jueves pasado se sumó la fiscal. Esta última realizará una serie de cambios al sistema tributario para aumentar la capacidad financiera del estado, con el fin de aumentar los ingresos en 1,1% del PIB en 2014, hasta cerca de un 2,5% del Producto en 2018, es decir, unos US$342 millones.
La ley ha sido criticada por algunos sectores, como el empresarial y el minero, así como por el opositor Partido Acción Nacional (PAN), porque desincentivaría la inversión y se recaudaría un monto menor al 3% del PIB, lo que compensaría por el alza del precio a los combustibles exportables.
Además, la iniciativa -que será puesta en marcha a partir de enero del próximo año – apunta a disminuir la desigualdad y que «paguen los que tienen más», como dijo Peña Nieto, a través del aumento de la carga impositiva a las mineras y a los sectores más ricos.
La reforma tributaria gravará la comida «chatarra» y las bebidas azucaradas, los estados fronterizos, la venta de combustible fósiles, las ganancias de la bolsa, entre otros (ver listado).
Reacciones adversas
Senadores del PAN rechazaron la ley argumentando que ésta desincentivará la inversión y perjudicará el crecimiento económico para «satisfacer el apetito recaudatorio de un gobierno insaciable».
«La reforma fiscal es una miscelánea de impuestos nuevos que no responde a lo esperado, que era una diversificación de la fuente de ingresos», dice a PULSO la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, Miriam Grunstein.
Con respecto al aumento del impuesto sobre la renta de los que tienen mayores ingresos, la académica cree que esto no soluciona el problema: «subieron la recaudación de los contribuyentes cautivos (los que sí pagan impuestos), pero deberían hacerle pagar impuestos, en cambio, a los que están en la economía informal y a las grandes empresas, que eluden al fisco.
«Es un goteo de pequeños impuestos sin un carácter integral y un claro plan de manejo de los ingresos, que pega fuerte en los sectores más ricos, pero los pobres no se hacen más ricos y la clase media se hace más pobre», recalca.
Asimismo, el sector minero, que está en el cuarto lugar en la generación de divisdas, dio su rechazó al impuesto que le obliga a pagar 7,5%de sus ganancias al estado.
«Las cargas fiscales – equivalentes a 19 puntos adicionales de impuestos sobre la renta – llevarán a México a ser uno de los más caros para invertir en minería», señaló una asociación del gremio. Ésta argumentó que los nuevos gravámenes significarán un retroceso en la competitividad y provocará el colapso de 60% en el programa de inversiones de la minería nacional, estimado en US$30 mil millones para el periodo 2013 – 2018, lo que afectará la creación de empleos y el desarrollo de infraestructura.
Peña Nieto afirmó hace unos meses que México ha sido demasiado generoso con las mineras por mucho tiempo, pero éstas insisten en que es un mito el que la minería paga menos impuestos que en otras partes del mundo.
En tanto, el senador por el Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, de oposición, aseguró que la reforma fiscal no es una reforma social y que no contiene un plan para el destino de los nuevos impuestos ni para distribuir la riqueza, argumentando que el incremento en la carga impositiva a las personas físicas desencadenará un aumento en la evasión y que el alza de los precios de los energéticos es una medida regresiva que perjudicará a las clases que menos tienen.
El economista jefe de Bank of America para ese país, Carlos Capistrán, no cree que sea el mejor momento para gravar a las mineras, puesto que la industria ha sufrido una desaceleración en el último año producto de la crisis mundial. «La reforma fiscal, presentada en la forma de gravar a distintos sectores por separado afecta los incentivos a la productividad, distorsiona los mercados y no es una forma neutral de recaudación», aseguró.
Por su parte, el gerente de la empresa de exploración canadiense en México Riverside Resources, John-Mark Staude, afirmó a Reuters que ya ha retirado 45% de sus operaciones en el país desde que las discusiones acerca del nuevo esquema tributario empezaron hace dos años, y amenazó con hacer lo mismo con la mitad de las inversiones restantes si el impuesto es aprobado.
La reforma que se viene
El oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que no tiene mayoría en el Congreso, está tratando de contar con la ayuda del conservador PAN para sacar adelante la próxima gran reforma del país, la energética, cuyo fin es atraer la inversión privada al sector, controlado por el Estado, y ayudar a revertir la estancada producción de petróleo y gas. No está clara la fecha, pero el debate comenzaría los próximos días, según medios locales.
Sin embargo, el PAN ha dicho que después del «maltrato» que recibió del PRI en las discusiones de la reforma tributaria podría no apoyarlo en el debate de la energética, que abarca desde las estratégicas áreas de petróleo y gas hasta la de electricidad, de acuerdo al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de México.
El PRI se inclinó por ofrecer contratos de «utilidad compartida» en petróleo y gas, lo que para sus adversarios políticos es poco para atraer capitales extranjeros a zonas complejas como aguas profundas y ultra profundas. «Los expertos en el tema no entienden de qué se trata este sistema, hay poca transparencia y mucha incertidumbre», indica Grunstein, para quien esta reforma tiene mucha incertidumbre. «México no tiene experiencia en privatización de su sector petrolero, y el gobierno no tiene un plan energético claro», acota.
Fuente / Pulso