(El Mercurio) El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, está negociando una reforma más ambiciosa a las leyes energéticas nacionalistas del país que su propuesta inicial del trimestre pasado. Este cambio podría colocar a las leyes mexicanas a la par con otros productores petroleros de peso y probablemente atraería mucho más interés por parte de las petroleras privadas.
Altos representantes del gobierno y miembros importantes del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) se encuentran en negociaciones avanzadas para sellar un acuerdo que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas, según tres personas que participan en las conversaciones, si bien advirtieron que sigue habiendo obstáculos en el camino.
Peña Nieto hizo historia hace unos meses cuando se convirtió en el primer presidente mexicano en muchas décadas en proponer formalmente un cambio a la Constitución para poner fin al monopolio del Estado sobre el gas y petróleo. Ese monopolio se remonta a 1938, año en que el presidente de entonces, Lázaro Cárdenas, expropió la industria y convirtió el petróleo en un símbolo nacionalista de la soberanía de México. Cualquier intento de revertir a una industria petrolera más convencionalmente comercial es visto como algo polémico aquí, y en meses recientes ha impulsado a miles de personas a manifestarse en protestas organizadas por los políticos de la izquierda.
Consciente de este sentimiento popular, Peña Nieto propuso al principio contratos de ganancias compartidas, que son convenios inusuales y complejos en los que las empresas privadas comparten los riesgos y las ganancias de un proyecto petrolero, pero son remuneradas en efectivo en lugar de crudo. Algunos países como Ecuador han usado estos contratos pero no son considerados muy atractivos por los inversionistas.
Cómo funcionaría
Bajo la nueva propuesta, el gobierno podría utilizar contratos diferentes según el caso. Los contratos de ganancias compartidas -en que toda la producción va al Estado- podrían ser útiles para campos petroleros de bajo riesgo. La producción compartida -en que la producción se reparte entre el Estado y la empresa privada- podría usarse para campos más riesgosos. Los negociadores también están esbozando un tercer tipo de contrato de licencia para los campos en aguas ultraprofundas y gas de esquisto, en los que la empresa controlaría el petróleo tras pagar regalías e impuestos.
«Personalmente, estoy un tanto sorprendido de que vayan tan lejos. Si esto es lo que sucede, lo consideraría significativo, a diferencia de las reformas diluidas del pasado», señaló Tim Samples, profesor de estudios legales y experto de la industria petrolera en la Universidad de Georgia. Samples afirmó que Brasil ha tenido éxito al ofrecer distintos tipos de contratos para diferentes tipos de depósitos.
Si la reforma energética es aprobada, México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad, la estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex, a un mercado basado en la competencia, en que las empresas privadas podrían explorar y producir hidrocarburos por su cuenta, bajo un contrato con el Estado mexicano. Esto también aplicaría a Pemex, que seguiría siendo un importante jugador estatal con derechos preferentes para presentar ofertas por bloques petroleros.
México es el noveno mayor productor de petróleo en el mundo y los geólogos creen que cuenta con los cuartos mayores depósitos de gas de esquisto. La producción petrolera del país ha caído 25% en la última década a 2,5 millones de barriles diarios, a pesar de que Pemex ha quintuplicado su inversión durante ese período a unos US$ 20.000 millones anuales.
En sus primeros meses al frente, Peña Nieto logró el apoyo de los dos principales partidos de oposición -el PAN y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)- para una serie de iniciativas. Pero la dinámica política ha cambiado en los últimos meses.
Se espera aprobación antes de fin de año
El plan es tener un dictamen para ser votado en el Senado a finales de noviembre, según personas que participan en las conversaciones. El gobierno espera que ambas cámaras del Congreso lo aprueben antes de fin de año. Pero el acuerdo final aún no está listo, indicaron las fuentes.
Una ley más ambiciosa podría desatar una nueva ola de protestas en un país con un largo historial de nacionalismo petrolero. Los detractores ven los cambios como una manera de privatizar la industria. Además, algunos expertos creen que contar con demasiados modelos podría convertirse en un dolor de cabeza burocrático para el país y que este debería centrarse en las licencias.
Fuente / El Mercurio