(Pulso) A 103 días de finalizar la actual administración, para el gobierno no sólo es hora de fijar sus prioridades legislativas para lo queda al mando del Estado, sino también realizar un balance de lo logrado.
Para el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Cristián Larroulet, la meta que tiene la actual administración, amén de las reformas que se han desarrollado a partir de los compromisos de campaña, es que “este gobierno quiere dejar un legado en lo que respecta a las reformas microeconómicas”.
Por esa misma razón, el énfasis en lo que viene para las seis semanas legislativas hasta marzo del próximo año -y siempre en la lógica de gobernar hasta el último día- apunta básicamente en dos líneas: culminar las reformas normativas y concretar las modificaciones para la economía real.
Con todo, su análisis parte desde una idea fundamental y que es recalcar la labor que ha realizado el gobierno y que ha permitido, por ejemplo, “reducir en 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), el déficit estructural que dejó la anterior administración”, sostiene el secretario de Estado, argumento que dicho sea de paso, le ha provocado más de un roce verbal con el comando de la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet.
Según el ministro, los ajustes normativos promovidos por la actual administración también han sido claves para aumentar la competencia, gracias a la entrada en vigencia de leyes como la de creación de empresas en un día aprobada hace algunas semanas o la ley de portabilidad que ha también ha permitido mayor competencia entre las empresas de telefonía, iniciativas que tuvieron la resistencia de las empresas involucradas, como también fue el caso de los notarios con respecto a la creación de empresas en un día.
Es que alcanzar el desarrollo, afirma el ministro, ha sido una de las metas más esquivas de Latinoamérica por más de dos siglos, ¿cuántas veces los países han estado a pasos de traspasar el umbral del progreso sólo para extraviarse al último momento?
Bajo esa lógica, el secretario de Estado aseguró que Chile tiene la oportunidad histórica de pasar al otro lado, al del desarrollo, donde no sólo habrá mejores oportunidades para la satisfacción de las necesidades materiales de todos los chilenos, sino que también del desarrollo intelectual, cultural y moral de una nación.
Es con esa meta en mente, de llegar a ser un país desarrollado al final de la década, el gobierno ha coordinado una serie de proyectos prioritarios de aquí al final de la actual administración.
Las definiciones
El primer eje es el tema energético, donde las prioridades, según Larroulet, apuntan por una parte al proyecto de ley de Concesiones Eléctricas y Servidumbres, así como también el de interconexión con el Norte Grande. “Ambos proyectos pretendemos que sean ley antes de marzo”, señaló.
Asimismo, el ministro de Segpres aseguró que “queremos avanzar” en el proyecto de carretera eléctrica, el que probablemente no será despachado antes de marzo, debido a que su trámite se encuentra más entrampado.
Desde el área económica y particularmente microeconómica, Larroulet apunta al proyecto de ley sobre factura electrónica.
Esta iniciativa apunta hacia la modernización del sistema tributario, a reducir costos de transacción para los contribuyentes y a contribuir a la lucha contra la evasión, y viene asociado a una reducción del impuesto de timbres y estampillas desde 0,4% a 0,2%.
Otra prioridad -sostiene Larroulet- pero que probablemente tampoco se logrará despachar es la iniciativa que modifica íntegramente la estructura normativa de la autoridad que vela por el buen funcionamiento del mercado de valores y convierte a la actual Superintendencia de Valores y Seguros en una Comisión, similar al modelo que existe en EEUU.
Basado en la transformación que dicho mercado ha experimentado en las últimas décadas y en las debilidades que presenta la institucionalidad supervisora, el objetivo es mutar desde una autoridad unipersonal que debe afrontar múltiples desafíos en los mercados, que investiga y sanciona eventuales infracciones, a una colegiada que permita contar con una variedad de criterios, dotada de un gobierno corporativo que asegure la objetividad, eficiencia y oportunidad de sus decisiones.
Otro de los ejes apunta al sistema notarial, según el ministro de Segpres, que también es relevante para esta gobierno.
En medio de la coyuntura que tiene como ojo de la polémica al Censo 2012, por cierto que entre las prioridades del Ejecutivo se encuentra el INE autónomo, debido a toda la crisis que ha enfrentado el ente estadístico en los últimos meses. “Tenemos la intención de que este proyecto sea despachado y creemos que será ley antes de finalizar el gobierno”.
Un mejor escenario se aprecia para Televisión Digital, que según Larroulet, “esperamos despacharlo de aquí a 3 semanas más”.
Adicionalmente, el proyecto de ley venta de fármacos y el proyecto que pretende regular el lobby, según Larroulet, serán ley antes de marzo.
En el ámbito laboral, el ministro Secretario General de la Presidencia, sostuvo que hoy existen tres proyectos de ley que también serán ley antes de que finalice la actual administración. El primero es el que se refiere al perfeccionamiento de salas cuna, así como el estatuto laboral agrícola y el estatuto laboral para jóvenes.
Nuevo escenario legislativo
No es un misterio que el nuevo Congreso, elegido el pasado 17 de noviembre, será bastante distinto al que actualmente funciona en Valparaíso.
E independientemente de quién sea la próxima presidenta de la República el próximo 15 de diciembre entre Michelle Bachelet y Evelyn Matthei, varios de los parlamentarios emblemáticos saldrán para dar paso a nuevas figuras, nacidas, por ejemplo, de las movilizaciones estudiantiles.
Es así como quien gobierne a partir de marzo no verá en la sala a Camilo Escalona (PS), Jovino Novoa (UDI), Carlos Kuschel (RN), Hosaín Sabag (DC), por sólo mencionar algunos.
¿Cómo incide eso en las mayorías? Bastante.
Por ejemplo, para las llamadas reformas constitucionales, se necesita que de los 120 diputados, 72 estén a favor, y de los 38 senadores, 23. Esto, a excepción de reformas que apunten a institucionalidad, derechos y deberes Constitucionales, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas o el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que demanda 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, es decir, 80 diputados y 25 senadores del Congreso.
La visión desde los think tank respecto de las mayorías es disímil. Desde Cieplan, el economista Jorge Rodríguez señala que dentro de un eventual bloque oficialista -de ganar Bachelet- también serán necesarios los acuerdos, mientras que la abogada de Libertad y Desarrollo, Natalia González, apunta que el escenario es complejo para las ideas de la Alianza.
¿Será así? Eso está por verse.