(Pulso) El gobierno ya cursó las invitaciones y la meta es clara: anunciar los primeros días de marzo, en el Palacio de la Moneda, la creación de una comisión transversal que estudie mejorías al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para estos fines, el Ministerio de Medio Ambiente ya tomó la batuta y procedió a afinar la lista de representantes que conformarán la mesa que pondrá sobre la mesa propuestas para mejorar la tramitación ambiental de proyectos y de paso acotar el fenómeno de la judicialización.
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Esta instancia que es seguida con especial interés desde La Moneda será liderada por el Ministro Pablo Badenier y ya se convocó a líderes gremiales, expertos y representantes de la comunidad.
Ya fueron invitados el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; el vicepresidente de la Asociación Gremial de Generadoras, René Muga; el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado; el gerente de estudios de Sofofa, Javier Vega y por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio y de la Sonami, acudirá la abogada experta en institucionalidad ambiental Paulina Riquelme.
Por el lado de los expertos en el área ambiental, también se invitó al gerente de sustentabilidad de Quiñenco y ex director de la Conama, Álvaro Sapag y al ex subsecretario del Medio Ambiente de la administración de Sebastián Piñera, Rodrigo Benítez. Desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental, el ejecutivo convocó a la directora Terram, Flavia Liberona, quien también acudirá a la cita.
¿Por qué tanto interés en La Moneda?
El proceso concita especial interés en el Ejecutivo, dado que la reformulación del SEIA es una promesa de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet.
De acuerdo al programa, “es necesario evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA,) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y empresarios, una institucionalidad validada desde el punto de vista técnico”, expone el texto.
Respuestas de vuelta
Las invitaciones que ya fueron enviadas solicitaban la mayor reserva por parte de los convocados, y adjuntaba una petición adicional: enviar una lista de propuestas, temas para comenzar a levantar un diagnóstico sobre los puntos grises del sistema, identificando las principales trabas para el desarrollo armónico de los proyectos.
Algunas de las inquietudes que serán planteadas por los gremios tienen que ver con analizar el rol del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) y su real capacidad para enfrentar la tramitación de proyectos complejos.
Otro elemento que es visto con preocupación por los invitados a la cita es la unificación de criterios de los organismos con competencia ambiental que dan su visto bueno a las iniciativas. Según fuentes gremiales, “es muy frecuente que un mismo servicio cambie sus criterios desde una región a otra, lo que genera un problema mayor de falta de certeza jurídica”.
Otro punto que sería analizado es el rol del Comité de Ministros, instancia que resulta ser el último filtro administrativo de los proyectos y que fue cuestionado durante el episodio de HidroAysén.
“Es fundamental conocer cuál es verdadero rol del Comité de Ministros, si operará mayormente por criterios técnicos o bien políticos, o bien si actuará caso a caso. Es prudente realizar una revisión de este filtro de proyectos”, apunta un experto invitado al cónclave.
Mayor rol del titular
La judicialización de las aprobaciones ambientales aparece frecuentemente citada como uno de los principales problemas que entorpecen el desarrollo de proyectos en el país.
Para los gremios mineros “es imperativo” generar instrumentos adicionales que permitan al proponente, y no solo al Estado, asumir la responsabilidad de monitorear y cautelar la corrección del procedimiento de evaluación y así evitar o reducir el riesgo de estancamiento de los proyectos.
En palabras sencillas, la propuesta pasa por dotar de un rol más protagónico a las empresas en el proceso de tramitación y consulta que es de exclusiva responsabilidad del SEA y donde el titular del proyecto aporta paralelamente y de manera no regulada.
De acuerdo a los gremios, otra interrogante a despejar será la metodología mediante la cual se aplicará la consulta indígena, esto tras el anuncio del Gobierno que propuso que este proceso reglado en el Convenio 169 este bajo la tutela del Ministerio de Bienes Nacionales.
Eugenio Evans: «Debería eliminarse el Comité de Ministros (…) sólo ha servido para generar incertidumbre»
El socio de Cubillos Evans considera que la convocatoria de La Moneda llega en buen momento, principalmente porque pondrá sobre la mesa propuestas que darán mayor fluidez a la tramitación de proyectos de inversión. El asesor de proyectos como HidroAysén y otros, considera que una buena medida sería eliminar el Comité de Ministros.
¿Qué le parece que el Gobierno convoque a una mesa para optimizar la tramitación ambiental?
Es relevante que se generen estos espacios, dado que las materias medioambientales se han convertido en un frenazo importante para el desarrollo de proyectos, lo que sin duda repercute en el desarrollo del país.
¿Qué cambio considera relevante?
A propósito de lo sucedido en HidroAysén, creo que el Comité de Ministros sólo ha servido para generar incertidumbres e inseguridad jurídica. Debería eliminarse el Comité de Ministros porque le resta autoridad al SEA como el organismo importante y fundamental del Estado en la evaluación de proyectos ambientales. Otro punto relevante es evaluar el comportamiento de los funcionarios a nivel regional que tienen facultad de decisión medioambiental. Creo que es clave que ellos no asuman o pidan requisitos que no están previstos por la ley.
¿Considera que hay irregularidades en ese aspecto?
En algunas oportunidades hay proyectos que no tienen mayor impacto ambiental pero que son objeto de requerimientos, condiciones o demoras por parte de funcionarios que no tienen competencias. Tal vez lo que buscan es retrasar los proyectos. Yo creo que a veces existen espacios para usos de poder e incluso existen espacios para corrupciones o eventual mal uso de las atribuciones que la ley señala.
¿Debería existir una evaluación de esas autoridades regionales?
En muchas ocasiones las decisiones de autoridades regionales son muy discrecionales, en todo ámbito. Ahí hay una zona de peligro importante.
¿Cree que el titular debería tener más espacio para defenderse?
El recurso de protección siempre se deduce en contra de las autoridades que han evaluado los proyectos, por eso es complejo que la empresa participe como directamente involucrado. Es difícil que se imponga este criterio, por un tema constitucional incluso, pero creo fundamental que existan espacios para que el titular pueda acelerar la tramitación del proyecto.
Patricio Leyton: «Es necesario que el titular tenga un rol más activo en la defensa de su proyecto»
“Acá lo primero es establecer un diagnóstico, luego debemos establecer los cambios que queremos para el sistema”. Esa es la visión del socio de Ferrada Nehme, Patricio Leyton. El abogado de proyectos emblemáticos como El Morro, valora la determinación del gobierno y considera que el titular debe tener mayores espacios para defender sus proyectos.
¿Qué le parece la mesa que quiere establecer el gobierno?
Me parece muy bueno que se generen estas instancias para recoger los puntos a mejorar, no necesariamente realizar cambios al Sistema de Evaluación, sino más bien para establecer diagnósticos de la mano de los actores y de los usuarios.
¿Cree necesario realizar cambios?
Creo que lo primero es ponerse de acuerdo sobre cuál es el problema, yo creo que con un año de funcionamiento del nuevo sistema es prematuro pensar en cambios, es más yo creo que a la fecha no hay ningún proyecto aprobado con el nuevo sistema.
¿Qué buscan las empresas?
Lo principal es certeza jurídica, que los permisos ambientales resistan todas las instancias y revisiones posibles, tanto de las comunidades como judiciales. Yo no propongo blindar los permisos, lo que propongo es que los permiso sean fuertes y sustentables para que en todo escenario sean válidos.
¿Considera que se debe optimizar el proceso de consulta indígena, más ahora que quieren retirarlo del SEIA?
No me parece descabellado sacar la consulta del SEIA, pero debemos establecer dónde y cómo va a operar. Lo otro que se ha olvidado es que el problema de las reivindicaciones de las comunidades van más allá de la tramitación de proyectos, es un tema de políticas públicas, por eso esto requiere un diagnóstico y una solución mayor. Por eso creo que hay una falta de foco, creo que se saca el problema de un lado y se está poniendo en el otro.
¿Considera que el titular debería tener más herramientas?
Quien más pierde cuándo el SEA realiza una mala consulta es el titular. Cuándo se presenta un recurso de protección contra un proyecto, no está dirigido contra la empresa, sino más bien contra la entidad que le otorgó el permiso, las empresas sólo puede ir como tercero coadyuvante. Tal vez sea necesario que el titular tenga un rol más activo en la defensa de sus proyectos, la idea es que existan más espacios para participar.