(Pulso) En diciembre pasado, en un seminario con la comunidad mapuche, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza hizo el anuncio: los pueblos originarios tendrían un trato diferenciado en el proceso constituyente. Luego, en las primeras reuniones que sostuvo el Consejo de Observadores Ciudadanos, el Ejecutivo informó formalmente de la decisión.
Aunque el anuncio es reciente, el Gobierno lleva meses ajustando la que será la propuesta final. Actualmente el proyecto está en su fase final de diseño, la cual debiera ser presentada en un plazo máximo de un mes, según estiman los involucrados.
La idea de impulsar un proceso diferenciado no es casual, entre otras razones, porque el Estado chileno tiene el mandato de dar cumplimiento al convenio 169 de la OIT que obliga a consultar a pueblos originarios en materias que los afecten directamente.
Desde el Gobierno dicen que una de las principales diferencias que tendrá el proceso constituyente para pueblos originarios será que tendrán material especial. De hecho, el Ejecutivo ya mandó a traducir a lenguas autóctonas los documentos que serán usados en el proceso de educación cívica.
Además, el Ejecutivo solicitó asesorías específicas para mejorar y potenciar su vinculación con los diferentes pueblos originarios.
Una vez terminada, la propuesta formal será presentada al Consejo de Observadores Ciudadanos, quienes tendrán que visar las definiciones ahí contenidas. Varios de sus integrantes ya han manifestado la intención de que sea el propio ministro Barraza quien asista junto al asesor de la Segpres, Tomás Jordán, a una sesión del Consejo para resolver las dudas que aparezcan.
El interés del Consejo en los pueblos originarios está reforzado por un factor particular: el abogado Salvador Millaleo y el futbolista Jean Beausejour son descendientes de pueblos originarios.
El coordinador de la instancia, el abogado DC Patricio Zapata, explicó que “no hay que descuidar ningún ángulo. De repente se pone mucho acento en la neutralidad política, que el proceso no esté cargado a favor de un sector, esa es una de las cuestiones que hay que cuidar. Pero no sacamos nada con tener un proceso políticamente muy neutral si no convocara a mucha gente, y para convocar a mucha gente viene la preocupación por estas otras dimensiones”.
Pero a pesar del amplio respaldo del que goza la idea de impulsar un proceso constituyente especial, al interior del Consejo de Observadores, también hay señales de alerta, principalmente en materias de procedimiento. Entre otras cosas porque hay elementos específicos por zanjar, por ejemplo, si habrá una cuota establecida para que los monitores del proceso -que serán seleccionados vía ADP- sean miembros de pueblos originarios, o cómo se implementarán los cabildos en zonas donde hay conflictos que involucran a pueblos originarios, como es la novena región.
“Como observadores no podemos aceptar cualquier cosa. Si el Gobierno nos propone algo que no reúne ciertas condiciones mínimas para generar confianza y un proceso transparente, tenemos que decirlo. Tenemos que informar constantemente al pueblo indígena”, dijo Salvador Millaleo.
Los parlamentarios de zonas como la Araucanía ya están al tanto de la idea en la que está trabajando el Ejecutivo. El ministro Barraza ya ha sostenido reuniones con algunos de ellos y ha comenzado a socializar documentos con los lineamientos generales del proceso constituyente indígena.
“El proceso constituyente, en todo lo que tiene relación con los pueblos originarios, partiendo por la definición de Chile como un posible Estado plurinacional, claramente tiene que adecuarse”, dijo el diputado por la Araucanía, Fuad Chahín (DC).