(La Tercera) Solo tres semanas de enero de 2014 quedan para el trabajo legislativo antes del receso de febrero. Lo anterior supone seis días de sesiones en la sala en el Senado y nueve en la Cámara de Diputados. La última semana de enero es distrital. ¿Qué proyectos del área económica podrían transformarse en ley en ese plazo o avanzar en su trámite? Distintas son las apreciaciones que expresan los asesores legislativos de las bancadas del oficialismo como de la oposición, así como los ministerios involucrados. Aunque sí hay consenso en un punto: los tiempos son muy acotados.
Contribuciones
En la Cámara de Diputados se adelanta que la iniciativa que posterga el reavalúo a los bienes agrícolas podría tener un trámite rápido, dado que cuenta con un apoyo transversal. Esta iniciativa, firmada por el Ejecutivo el 11 de diciembre, ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara y quedó en condiciones de ser vista por la sala. Para este proyecto, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2015 el avalúo vigente, se prevé un despacho con alto consenso en enero.
Distinta es la perspectiva para la normativa que rebaja el pago de contribuciones, o impuesto territorial, a propiedades de adultos mayores vulnerables, firmado por el Ejecutivo el 13 de diciembre para su despacho al Congreso.
Según asesores legislativos de oposición, hay dudas en cuanto a los criterios de focalización y se ha cuestionado que se termine beneficiando prioritariamente a los adultos mayores de las comunas con más recursos (Las Condes, Vitacura y Providencia, entre otras). Igualmente, se han planteado dudas sobre la efectividad de los mecanismos de fiscalización, a fin de evitar conductas elusivas, y el impacto que esta medida traerá aparejada para las arcas municipales. Otros sectores han hecho ver la inconveniencia de esta iniciativa, pues introduciría distorsiones dentro del sistema tributario, además de evitar la discusión de fondo sobre el cobro de las contribuciones, que ha pasado a ser un impuesto sobre el patrimonio, en circunstancias que el sistema tributario se basa en gravar las rentas.
Ambos proyectos ingresaron a trámite legislativo con discusión inmediata; es decir, con mayor urgencia (ver recuadro) que otros, por lo “que coparon la agenda de la Comisión de Hacienda y no permitieron que pudieran ser vistas propuestas como la que crea el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF)”, explica Natalia González, directora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo (LyD).
El CEF fue creado administrativamente en 2011, con el objetivo de coordinar e intercambiar información para la prevención de eventuales crisis ocasionadas por riesgos sistémicos en el sector financiero. El 4 de diciembre recién pasado, el Ejecutivo ingresó a trámite legislativo el proyecto que institucionaliza por ley el actual CEF, definiendo su rol, atribuciones y componentes.
Si bien el Ejecutivo le puso suma urgencia, es poco factible que tenga avances sustantivos, tomando en consideración los escasos espacios legislativos de la actual agenda, coinciden asesores legislativos del oficialismo y de la oposición.
González explica que, además de los proyectos de contribuciones, una tercera prioridad del Ministerio de Hacienda es la modificación de la institucionalidad de la Superintendencia de Valores y Seguro (SVS), desde un gobierno unipersonal a otro colegiado, bajo la figura de una Comisión de Valores y Seguros (CVS) a cargo de un consejo compuesto por cinco miembros. Ingresado en julio de este año, el proyecto fue aprobado la primera quincena de diciembre por la Comisión de Hacienda y despachado a la sala de la Cámara, con un amplio acuerdo entre el Ejecutivo y diputados de todos los sectores.
Según asesores de la oposición “es factible que este proyecto logre ser visto en la sala de la Cámara en su primer trámite constitucional, pero en caso alguno concluir su trámite legislativo”.
Cooperativas y notarios
En el Ministerio de Economía, en tanto, esperan avanzar en el proyecto de reforma a la Ley General de Cooperativas, que se encuentra, en segundo trámite constitucional, en discusión en particular en la Comisión de Economía del Senado.
En la cartera también prevén avances en el proyecto de ley conocido como “firma electrónica”, que promueve la digitalización documentaria y permite autorizar firmas de documentos privados sin intervención de un notario.
Esta iniciativa ingresó en julio de 2012 y se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara, aprobado en general, pero en discusión en la Comisión de Economía. Daniel Montalva, investigador del Programa Legislativo de LyD, prevé que el 7 de enero se termine este trámite y el proyecto pueda ser ley en ese mismo mes.
Montalva estima un difícil avance en el resto de los proyectos de economía, salvo el relacionado con cooperativas. “Yo pondría las fichas en datos personales, que es un proyecto súper importante, y en el sistema de obligaciones económicas (SOE)”. Agrega que “Bachelet ha dicho que está de acuerdo con el proyecto de unificación de la deuda, por lo que si no sale ahora, el próximo año puede salir algo muy distinto”.
Tanto el proyecto de datos personales como el SOE ya pasaron por la Comisión de Economía en el primer trámite y ahora están a la espera de pasar a la Comisión de Hacienda, pero “es tanta la agenda de Hacienda que también afecta la de Economía. Dado esto último, en el caso del INE autónomo ya se decidió que no lo van a sacar”, puntualiza el investigador.
Eventuales avances
Entre los proyectos que sí podrían llegar a buen puerto durante enero está el proyecto que establece la obligatoriedad de la factura electrónica.
El 17 de diciembre, la sala del Senado dio un respaldo mayoritario al proyecto, siendo aprobado en general, por lo que ahora volverá a la Comisión de Hacienda del Senado. Hasta el 6 de enero hay plazo para presentar indicaciones con miras a perfeccionar su articulado. El Ejecutivo ya comprometió algunas, que se relacionan con los plazos para la implementación de la obligatoriedad de la factura electrónica, en especial para las pequeñas y microempresas.
“El ministro de Hacienda se mostró disponible para ampliar los plazos que hoy están en el proyecto y esa es una de las indicaciones que eventualmente va a ingresar”, explica Natalia González. Una vez hechas, la Comisión de Hacienda conocerá el proyecto en particular; es decir, votará artículo por artículo. Luego pasará a la sala del Senado y terminaría su segundo trámite, volviendo a la Cámara para que ésta ratifique los cambios del Senado. Con ello quedaría aprobado.
No obstante, González añade que “como quedan tan pocas semanas legislativas, dentro de las probabilidades está el hecho que sólo alcance a terminar el segundo trámite, pero hay que ver cómo Hacienda manejará las urgencias. Este es un proyecto prioritario”.
Según asesores de la oposición, es “deseable y existe un acuerdo previo con el Ejecutivo para que en enero se despache”. No obstante, aclaran que dicho consenso se construyó sobre la base que el Ejecutivo no insistirá en la rebaja del impuesto de timbres y estampillas, que la oposición rechazará.
Por otra parte, “sería sensato que se despache en enero la iniciativa que modifica la ley general de servicios eléctricos, con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes, que se encuentra en tercer trámite constitucional en el Senado”, explican fuentes parlamentarias de la Nueva Mayoría.
Además, esperan que se avance en la Cámara de Diputados en el despacho de la iniciativa, en segundo trámite constitucional, que adecúa aspectos procedimentales y hace algunos ajustes en las plantas de los tribunales tributarios y aduaneros.
En el caso del Senado, además, deberá sesionar para ver el nombramiento del nuevo consejero del Banco Central.