(Diario Financiero) La española Elecnor, a través de la sociedad Charrúa Transmisora de Energía, ingresó ayer a trámite ambiental el proyecto para construir el primer circuito de la línea de transmisión troncal Ancoa-Alto Jahuel 2×500 kV.
Esta obra, que fue presentada con un costo de inversión de US$ 140 millones, permitirá reforzar la capacidad de transporte de energía desde la zona sur del Sistema Interconectado Central (SIC) a la principal red eléctrica del país, la que desde hace un par de años presenta un importante déficit de capacidad, que impide traer hasta la zona central la energía que producen las unidades hidroeléctricas emplazadas y proyectadas desde la Región del Biobío al sur, así como los aportes de diversas unidades renovables no convencionales ubicadas en esa zona.
Igual pasa con los tendidos ubicados al norte de la Región Metropolitana, donde los principales afectados han sido diversos proyectos de generación en base a energía eólica ubicados en las regiones de Coquimbo y Atacama, que están impedidos de inyectar su producción a la red troncal por la falta de capacidad.
De hecho, la línea Ancoa-Charrúa es parte del mayor proceso de expansión del sistema de transmisión del SIC, que involucró la licitación de ocho obras que en total superaron los US$ 800 millones.
Retrasos
De acuerdo con los registros del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cinco de estas ocho obras ya fueron ingresadas a trámite. Se trata de iniciativas que impulsan las empresas Transelec, Elecnor y Eletrans, que es la sociedad entre las distribuidoras eléctricas Saesa y Chilquinta, que en conjunto decicieron entrar al negocio de la transmisión troncal.
De acuerdo con estimaciones recientes del Ministerio de Energía, el gobierno está impulsando proyectos por más de US$ 1.100 millones para superar el déficit de transmisión en el SIC, lo que permitirá mejorar la seguridad del sistema y reducir el impacto en precio que provocan los cuellos de botella actuales.
La estimación es que estas obras, que fueron adjudicadas en mayo y octubre de 2012, estén concluidas en un plazo de cinco años, aunque algunas de ellas y otras anteriores presentan desfases de un año, con lo cual estarían disponibles en 2018.
Fuente / Diario Financiero