(El Mercurio) Distintas posiciones tiene el sector eléctrico respecto de la planificación territorial para instalar proyectos energéticos. Si bien algunos ven este mapeo como un paso necesario para avanzar en el desarrollo del sector, otros ponen en duda la posibilidad de que se concrete el plan.
El abogado Clemente Pérez, socio de Guerrero Olivos, ayer en un seminario organizado por la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), calificó de «peligroso» el ordenamiento territorial. Esto, dijo, porque una planificación de este tipo para instalar iniciativas energéticas podría tener consecuencias similares a las que generó el sistema que se puso en práctica para la implementación de cárceles, que suenan atractivos pero son complejos de llevar a cabo. «Es fácil poner las luces rojas, lo difícil es poner las verdes», advirtió, haciendo alusión al proceso que no resultó por la gran oposición que generó entre las comunidades la instalación de penales en sus cercanías. Agregó que, al elegir seis cuencas para desarrollar centrales de generación, surge también el problema de que en esos lugares hay solo algunas empresas o propietarios que tendrán derechos de agua y se generará una discusión adicional. «Se quiere jugar una especie de Metrópoli y definir en una mesa todas las cuencas del país. Va a ser un fracaso y creo que nos vamos a ver en la misma encrucijada que hoy ve el Estado con las cárceles», indicó Pérez.
Hugh Rudnick, director de Systep, recordó que en el gobierno anterior de Michelle Bachelet también hubo análisis de cuencas y que no se logró nada. «¿Cómo vamos a lograrlo ahora? Es un gran desafío, y no solo le compete al Ministerio de Energía, sino también al de Obras Públicas, Medio Ambiente y a la Dirección General de Aguas (DGA)», dijo. Aún así, manifestó que un plan de ordenamiento territorial puede hacer la diferencia en el desarrollo energético del país.
El senador Jaime Orpis, integrante de la comisión de Energía y Minería, comentó que, con el ordenamiento territorial o con compensaciones a las comunidades aledañas a las iniciativas, los proyectos seguirán teniendo problemas. «Más que cuestiones técnicas, muchas de esas expresiones de la sociedad civil responden a una visión distinta del desarrollo que van más allá de un ordenamiento territorial o compensaciones, que, por cierto, hay que regular», señaló, advirtiendo que con ello no pretendía restarle importancia a la participación ciudadana.
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, destacó que gran parte de la sociedad está abierta a la planificación territorial, pero que aún hay quienes ven estos temas como un obstáculo al desarrollo o una nueva condición a la inversión. «Bruno Philippi hace mas de 10 años decía lo mismo. En esos tiempos se impidió avanzar en esta regulación, pero el impedir esta regulación ha generado los problemas que tenemos. Los problemas de incertidumbre para las comunidades terminaron siendo problemas para las inversiones en energía», advirtió. Y añadió que, si continúan estas posiciones, no se resolverán las incertidumbres.