(efeempresas.com) En palabras de Iñigo Elorriaga, director de Gobierno Corporativo de Iberdrola, la “involucración” supone “abrir las ventanas” de la empresa para que los accionistas puedan mantener un diálogo constructivo con ella. El consejo de administración de la eléctrica aprobó a principios de año la Política de Involucración de los Accionistas, que sienta las bases que deben regir la interacción entre la empresa y los accionistas. “Iberdrola lo ha incorporado a sus Estatutos y ahora es una obligación”, explicó Elorriaga en un encuentro con la prensa celebrado en Madrid.
Para elaborar la Política de Involucración, Iberdrola creó una comisión integrada por tres representantes de la empresa; otros tres de asociaciones de accionistas minoritarios, españolas y europeas; y tres personalidades de referencia en el ámbito del gobierno corporativo.
La Política de Involucración, que se apoya especialmente en las nuevas tecnologías, permitirá al Consejo de Administración conocer las opiniones y las inquietudes de los accionistas en los ámbitos del gobierno corporativo y la responsabilidad social.
Con el propósito de explicar esta iniciativa a la comunidad financiera y a sus propios accionistas, Iberdrola ha organizado dos jornadas, que se han celebrado esta semana en Bilbao y en Madrid, bajo el título “Involucración de los accionistas en el gobierno de las sociedades cotizadas”. La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán ha contado con la colaboración de Deusto Businees School y la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia de Comillas.
Debate sobre las ‘loyalty shares’
En las dos sesiones se ha propiciado un debate sobre las llamadas ‘loyalty shares’ (acciones de lealtad), una fórmula novedosa -sólo se aplica de momento en Francia y en Italia- para promover la estabilidad de los accionistas en el capital de la empresa. En concreto, consiste en conceder el doble de derechos de voto a los accionistas que permanezcan en la compañía durante un periodo de tiempo determinado.
El objetivo de esta medida es evitar los efectos negativos en la gestión de la cada vez menor permanencia de los accionistas en el capital de las empresas. “Se mira al corto plazo porque los inversores piden resultados muy rápidos”, asegura Elorriaga.
En Francia, la legislación establece que las empresas deben tener ‘loyalty shares’ salvo que la Junta de Accionistas decida lo contrario. En Italia, el mecanismo es el opuesto: existe la posibilidad legal pero la Junta de Accionistas debe aprobar expresamente su aplicación.
Para explicar esta figura, poco conocida en España, Iberdrola ha contado con Luca Enriques, profesor de Gobierno Corporativo en Oxford, y Gabriel Alsina, responsable de Institutional Shareholder Services (ISS) para el sur de Europa.
Según estos dos expertos, las ‘loyalty shares’ cuentan con el rechazo de los inversores institucionales -salvo los accionistas de referencia, que suelen mantenerse en el capital durante más tiempo- porque limitan su forma de actuación. También es una fórmula bien acogida por las empresas familiares y por las compañías públicas, ya que permite a sus accionistas de control -la familia propietaria o el Estado- reforzar su posición sin coste alguno.
No es ésta la única fórmula para aumentar la permanencia de los accionistas. También se pueden conceder mejores derechos económicos o gravar más la venta de acciones si no ha transcurrido un tiempo determinado desde la compra.