(Pulso) La semana pasada, el Ministerio de Energía puso en consulta pública un documento clave y largamente esperado por la industria eléctrica: la guía de estándares de participación para proyectos de energía, elaborado por la división de Participación y Diálogo Social de esa cartera.
La relevancia de esta guía radica en que a través de este instrumento el Ejecutivo recogió las ideas centrales de la propuesta de Asociatividad, que inicialmente iba a ser una ley pero que se definió cambiarle el enfoque, hacia una especie de “sello de buenas prácticas” para el desarrollo de proyectos de generación y transmisión que los privados quieren levantar en el país.
Si bien no ha sido 100% definido, la idea es que se trate una exigencia por ejemplo en las licitaciones eléctricas para las distribuidoras, representando una especie de certificación de calidad que eleve el puntaje en este tipo de procesos competitivos.
En el documento, al que tuvo acceso PULSO, se señala que estos estándares serán elaborados “para que sean usado por todos los proyectos de energía, independientemente si son de generación o transmisión; si son realizados por los titulares ejecutores o por desarrolladores para su venta posterior; si son proyectos que deben entrar al SEIA o no; y si entran a éste por DIA o EIA”.
Entre sus objetivos centrales, se añade, figura el “asegurar que los proyectos de inversión energéticos que requiere el país se desarrollen en base al ejercicio y respeto de los derechos sociales, ambientales, territoriales, culturales y económicos de personas y comunidades y que aporten al desarrollo de los territorios relacionados con el proyecto”, además de “establecer un marco claro de interacción entre el Estado, las empresas de energía y las comunidades, que nivele las asimetrías existentes, respete los derechos de las partes, identifique el tipo y grado de participación que se requiere en el desarrollo de los proyectos de energía, y asegure la construcción de acuerdos sostenibles entre los distintos actores y comunidades que comparten un territorio”.
Una de las novedades respecto a la forma en que se vienen ejecutando los proyectos por parte de los privados es el rol central que se le asignará al Estado en la etapa previa a la tramitación ambiental.
Así, será obligación del Ejecutivo el promover la correcta implementación del estándar y orientar a los actores involucrados, además de velar por el cumplimiento del plan de participación entregado por el titular y de los acuerdos alcanzados. También tendrá la responsabilidad de pedir la actuación de la Superintendencia del Medio Ambiente en caso que corresponda, centrándose en los compromisos relacionados con el desarrollo local.
El documento añade que el Estado, a través del Ministerio de Energía, deberá “apoyar con orientación técnica a comunidades o grupos de interés que lo soliciten”, además de “promover, de manera selectiva o a razón de la solicitud específica de las partes interesadas, la articulación de actores locales y grupos de interés para la identificación e implementación de oportunidades de desarrollo local”.
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¿Qué es lo que hoy día están planteando las comunidades?
Ellos dicen que quieren participar en el desarrollo del proyecto en forma temprana. Hoy existe la participación ciudadana anticipada, pero no reglada. No quieren sólo opinar, quieren participar desde el proceso de prefactibilidad para plantear los temas y que se puedan hacer cambios en el momento en que se pueden hacer todavía. También salieron otras cosas, como empleabilidad y educación. Y en menor medida, también medio ambiente y salud.
¿No aparece en ellos la idea de una compensación económica?
Más allá de eso, uno podría pensar que eso corresponde, porque las comunas que albergan proyectos energéticos tienen una merma. Tiene que ver con eso: todos nos beneficiamos por ese servicio, pero sólo unos pocos se ven impactados. Por eso se ve como algo justo el que una comunidad que de todas maneras va a recibir un impacto, que puede ser subjetivo u objetivo, pueda tener una compensación económica. Pero en la conversación con las comunidades surgieron temas que no tienen que ver con plata sino que con gestión, alianzas, integración, etc. Ahí se cae la otra hipótesis: lo que ellos quieren es plata. No es sólo plata, es participación.
¿Por qué cree que se opta por una guía y no una ley?
No es que se caiga la ley, sino que se dieron cuenta de que no era la ley el camino para solucionar los problemas que ellos habían detectado. El diagnóstico: por una parte era proyectos paralizados por judicialización, la tramitación muy larga, o la oposición violenta, con cortes de caminos, etc. Está identificado el problema pero la causa no estaba bien identificada.
Una de las razones para cambiar el foco, y así lo reconoció el ministro, era que había un riesgo de monetarizar la relación. ¿Lo ve así?
Es verdad, pero es la misma comunidad la que plantea eso. La comunidad no está pidiendo plata. Si la empresa compensa con plata, se monetariza la relación y aunque haya un pago, la comunidad sigue descontenta. Entonces uno vuelve y pregunta ¿qué pasó? ¿Por qué sigue el descontento si esto ya lo resolví? Esa decisión surgió de los resultados de unas conversación, que fue larguísima, de meses, con muchas personas. Puede parecer como un incumplimiento (del compromiso de la agenda), pero no lo es.