(Pulso) Era una de las ideas más innovadoras de la Agenda de Energía, la elogiada hoja de ruta para el desarrollo eléctrico lanzada hace un año por la Presidenta Bachelet.
Mediante una ley de Asociatividad, que en principio iba a ser ingresada al Congreso a fines de 2014, se buscaría instar por la vía legal a que las empresas compartieran un porcentaje de las ventas de energía -o de las utilidades resultantes- con las comunidades aledañas a sus proyectos.
Se trata de una idea antigua, cuya primera versión data de cuando el actual gerente general de Enap, Marcelo Tokman, era el ministro de Energía en el primer gobierno de Bachelet, en 2009. Entonces se le llamó “ley de Compensaciones” y tenía un objetivo parecido: buscar hacer partícipes a las comunidades aledañas a los proyectos de generación de los beneficios de la instalación de estas unidades, lo que a su vez permitiría destrabar la oposición a ellas. Un “win-win” que aunque efectivamente fue tramitado en el Parlamento nunca vio la luz. Luego se aplazó y se metió en el congelador, definitivamente, durante la administración Piñera.
Pero en su segundo mandato, Bachelet reactivó la propuesta, aunque cambiando el concepto central, pasando de “compensaciones” al de “asociatividad”. En la Agenda de Energía, según consta en el propio documento, el Gobierno se comprometía a enviar un proyecto de ley de “Incentivos de promoción del desarrollo local asociado a proyectos energéticos”, en una fecha a definir dentro de 2014, y en cuya definición participarían también el Ministerio del Interior y la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional.
Todo eso ya no va. El director de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía, Javier Zulueta, reconoció ayer que el Gobierno descartó esta opción, por considerar que se corre el riesgo de monetarizar la relación entre las empresas y las comunidades, lo que va en contra de la idea original del Ejecutivo.
“Inicialmente nos pusimos un poco monetaristas y avanzamos en distintas alternativas que eran fijar un monto fijo por MW generado o inyectado o un porcentaje de la inversión, pero a poco andar y al desarrollar las mesas de trabajo con los distintos actores nos dimos cuenta de que si monetarizamos la discusión nos va a ir mal, porque cada vez que se monetariza el desarrollo local, nos va mal”, dijo Zulueta, quien participó ayer en una mesa redonda de Energía organizada por el Instituto de las Américas, y al que también asistió el ministro Pacheco.
Zulueta agregó que una vez que se llegó a esa visión se decidió cambiar el foco. “Empezamos a apostar por desarrollar fórmulas que promuevan el desarrollo local, donde podamos propiciar el diálogo temprano de los proyectos (…) Hemos impulsado planes de desarrollo a nivel local, y hemos propiciado el desarrollo de estándares participativos de desarrollo de proyectos, donde los proyectos de generación y transmisión tengan claro cómo llegar, cuándo llegar, cómo conversar y sobre todo nos ponga a nosotros como Estado un rol protagónico a la hora de acompañar esas discusiones, ser garantes, facilitadores del diálogo, mediadores de los conflictos, para que cuando éstos aparezcan hayamos generado las confianzas a tiempo con los distintos actores”, añadió.
“Antes hablábamos de una ley de Asociatividad, hoy hablamos de una política de asociatividad”, concluyó.
El Gobierno ya había dado algunas señales del cambio de perspectiva. En enero pasado se decidió aplazar en tres meses el proyecto de ley, fecha que tampoco se cumplió. Y más recientemente, en entrevista con PULSO, el propio ministro de Energía, Máximo Pacheco, reconoció que se decidió quitar el pie del acelerador al proyecto.
La idea que se impuso fue separar el proyecto en tres: equidad tarifaria, pago de patentes en las zonas donde se ubican los proyectos y asociatividad. El primero de los proyectos fue anunciado por la Mandataria en su discurso del 21 de mayo y será enviado al Parlamento este viernes (ver nota relacionada). En el pago de patentes en las zonas productoras se avanzará por la vía administrativa (se enviará una ley si se estima necesario, pero hasta ahora se ha avanzado rápido sin necesidad de hacerlo, reconoció Zulueta) y el tercer pilar, el de compartir beneficios económicos, ya no va.