(Pulso) A fines de la semana pasada los funcionarios de los Tribunales Tributarios Aduaneros (TTA) manifestaron su preocupación por la demora en la tramitación del proyecto de ley que fortalecer su institucionalidad y autonomía, aumenta la dotación de planta y crea un nuevo sistema de mediación para conciliar y evitar la judicialización.
Por ello, le solicitaron al Gobierno que calificara con urgencia la iniciativa, ya que a seis meses de su ingreso al Parlamento, sigue estancada en su primer trámite legislativo en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Pese a esta petición, el Ministerio de Hacienda descartó ponerle urgencia al proyecto, ya que aseguran que hay otros textos de la misma importancia en la comisión, como los de probidad.
Cerrada esa puerta, en la reunión almuerzo del lunes recién pasado entre Hacienda y los parlamentarios de la Nueva Mayoría que integran las comisiones ad hoc de la Cámara y del Senado, se abrió como opción para acelerar su tramitación que el proyecto pase desde la comisión de Constitución a la de Hacienda.
En ese sentido, el diputado integrante del segundo grupo, Pablo Lorenzini (DC), afirmó que “el objetivo es que como la comisión de Constitución está abocada a la agenda de probidad, nosotros podamos avanzar en su discusión y así ganar tiempo, ya que además, lo central de esta iniciativa se relaciona más con Hacienda, por lo que se justifica este cambio”. De todas formas, el diputado criticó que el Gobierno decidiera no darle urgencia al proyecto.
Lorenzini puntualizó que pese a que están con los plazos bastante justos, el proyecto debería ser ley antes del 30 de septiembre. “Esto quedó establecido en el protocolo de acuerdo de la Reforma Tributaria y luego confirmado en los compromisos de la Ley de Presupuestos 2015, por lo que debemos cumplir”.
Ahora bien, Lorenzini aseveró que durante la jornada del miércoles en la sesión de la comisión, donde participó el ministro de la cartera Rodrigo Valdés, se acordó realizar la solicitud a la mesa de la Cámara para que se oficialice el cambio del proyecto. Dicho trámite se realizaría el próximo martes.
No obstante, el diputado Marcelo Schilling (PS), quien también integra la instancia de Hacienda, indicó que más allá de la comisión en que esté el proyecto, si el Ejecutivo no le otorga urgencia es poco probable que avance con celeridad.
Desde la comisión de Constitución, el diputado Fuad Chahín (DC) acotó que el retraso se debe a que hay otros proyectos que también son prioritarios y, por ende, llamó al Ejecutivo a “darle urgencia a la iniciativa si quiere acelerar su proceso. Ahora tenemos con urgencia en la comisión todos los proyectos de la agenda de probidad. El Ejecutivo debe priorizar”.
Desde la Asociación de Funcionarios de los TTA, la presidenta, Marlene Leyton, indicó que si bien valoran esta acción de parte de la comisión de Hacienda, siguen esperando que el Gobierno le dé urgencia, porque “un proyecto de esta magnitud no puede estar supeditado sólo al impulso de los parlamentarios, puesto que esto es fruto del protocolo de acuerdo de la Reforma y en esa firma estuvo presente el Gobierno”.
Esta lentitud inquieta a la Asociación, quienes alertan que de no aprobarse el proyecto antes de fines de septiembre, se podría complicar el funcionamiento de los juicios tributarios y ocasionar colapsos en los juzgados. Ello, debido a que en dicho mes el mayor número de circulares estarán en vigencia, así como la normativa antielusión que podría generar nuevos reclamos de los contribuyentes.
En términos generales, el proyecto tiene 3 objetivos principales: fortalece la institucionalidad de los TTA con herramientas para afrontar de mejor manera la especialidad como la redistribución de los juicios entre los 4 tribunales de la Región Metropolitana y aumentar la dotación en 12 funcionarios para acelerar las causas. En segundo lugar, mejorar los procedimientos incorporando el trámite de la conciliación, lo que permitirá que las partes puedan llegar a acuerdo antes de ir a juicio, pues actualmente no se contempla dicha posibilidad. Así, también mejorará el recurso de reposición administrativa, con tal de evitar la judicialización innecesaria de conflictos.
En tercer lugar establece la tramitación electrónica, debido a que los TTA sólo existen en las capitales regionales, permitiendo un acceso más oportuno a las partes.