(La Tercera) En 2015 Endesa comenzará la construcción de la primera unidad del complejo termoeléctrico Punta Alcalde (740 megawatts), luego que la semana pasada la Corte Suprema aprobara el proyecto con condiciones. Sebastián Fernández, gerente regional de Planificación de la eléctrica, asegura que las mitigaciones no encarecerán el proyecto y que el fallo refrenda la labor del Comité de Ministros. ¿Cómo evalúan el fallo?
Estamos satisfechos porque viene a ratificar lo que hemos dicho desde el minuto en que presentamos este proyecto: que cumplía con la normativa y se hacía cargo de todo su impacto, incorporando medidas de mitigación y contribuyendo a una mejora en la calidad del aire en Huasco con el acuerdo con CAP. Las condiciones que impone la Corte Suprema aún están en evaluación, pero es más o menos lo mismo que se había incorporado en el proceso de evaluación ambiental.
– ¿Las condiciones no hacen que el proyecto se complique?
No cambia la estructura general del proyecto, tanto desde el punto de vista de las obligaciones ambientales como de los compromisos de inversión. Se circunscriben al proyecto que se había presentado.
– ¿Afectará la inversión de US$ 1.400 millones prevista para Punta Alcalde?
No ha variado la inversión, pero ese número sólo lo tendremos una vez iniciado el proceso de licitación de los equipos principales. Respecto de las exigencias ambientales de la Corte Suprema, no vemos que haya un impacto significativo en las obras, con el fallo, no se encarece significativamente el proyecto de generación.
– ¿El fallo recoge lo que Endesa había acordado con el Comité de Ministros?
Sí, efectivamente. Es un respaldo importante a la institucionalidad y a la labor del Comité de Ministros.
– ¿Han conversado con CAP por la evaluación ambiental del precipitador electrostático?
Sí, pero el trabajo principal es desarrollar un acuerdo que se haga cargo de las exigencias y de la RCA definitiva del proyecto ambiental. Con CAP es algo que se ha ido conversando hace tiempo y hoy viene una nueva etapa, que va a ser incorporar el fallo dentro de las conversaciones y negociaciones.
– ¿Será a través de un Estudio de Impacto Ambiental?
Eso está en estudio. La ciudadanía y las comunidades tienen bastante que opinar sobre la instalación del precipitador, y por lo tanto, vamos a ir tras un EIA, de modo de incorporar un proceso de participación ciudadana.
– ¿Cuándo podría empezar la construcción del proyecto?
Eso dependerá de los plazos que tome la tramitación ambiental del precipitador. Estimo que entre un año y medio y dos años deberíamos contar ya con todas las autorizaciones necesarias para empezar la construcción del proyecto.
– ¿Las obras partirían en 2015?
Sí, en ese momento ya contaremos con la RCA de la central, de la línea de transmisión y también del precipitador electrostático, y con el avance de la ingeniería y la licitación de los contratos principales de la central, en condiciones de dar la orden de proceder.
– ¿El desarrollo estará amarrado a los contratos de suministro?
La RCA establece que hay una secuencia de entrada de las dos unidades. Se debe construir la primera central de 370 MW y luego la segunda. La factibilidad económica de Punta Alcalde no está sujeta a la obtención de algún contrato. Vamos a demorar cuatro años por unidad, y la primera entraría a inicios de 2019. La segunda unidad dependerá de la demanda de la zona, la factibilidad económica, la voluntad del accionista y las comunidades para lograr los consensos.
– ¿Contribuirá la central a bajar los costos del sistema?
Es puntual el peak de precios que se da en la zona, que está generado también por restricciones de transmisión, que se normalizarán con la expansión del SIC. Desde el punto de vista del costo de operación del SIC, Punta Alcalde podría significar un ahorro del orden de US$ 400 millones, al sustituir generación a diésel, con la primera unidad. Esta va a ser la unidad térmica con un costo variable más bajo del sistema.