(La Nación) El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, eligió el camino que nadie en la industria petrolera quería transitar, pero todos anticipaban. A través de la resolución 108, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, extendió por 45 días la vigencia de precios tope para las naftas y el gasoil, que deberán mantener los niveles máximos de abril, como estableció ese mes el funcionario mediante la resolución 35. Esa última norma caduca este fin de semana.
La decisión, que despertó críticas y molestias en la cadena de los combustibles, encerró sin embargo en el reverso un magro premio para las estaciones. Hasta la semana pasada, el funcionario tenía previsto prorrogar el control sobre los surtidores hasta los últimos días de diciembre. Pero los planteos que le hicieron algunos empresarios del sector lo llevaron a extenderlo hasta fines de noviembre. Desde el punto de vista del polifuncional secretario, se trató de una concesión al sector privado.
La fijación de precios máximos permitió remarcaciones en los surtidores (por caso, las naftas de YPF, dueña de un 55% del mercado, treparon 15% desde la implementación de la norma, y el resto de las grandes petroleras la siguió), pero las limitó al valor máximo registrado al día anterior a la publicación de la norma.
Los pequeños y medianos propietarios de estaciones de servicio, que llevan la bandera de algunas de las principales empresas (además de la compañía estatizada, los grandes jugadores del mercado son Axion -ex Esso-, Shell, Petrobras y Oil), reclamaron que las empresas aumentaron el precio mayorista de los combustibles y ellos no podían remarcar sus pizarras, por lo que resignaron márgenes de rentabilidad.
Para intentar acallar esos reclamos, Moreno les prometió a algunos empresarios que, si bien no permitirá aumentos en los surtidores, vigilará a las petroleras para que no aumenten los precios a los que les venden a las estaciones.
Las aguas están divididas entre los dueños de las estaciones de servicio. Según Rosario Sica, presidenta de la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra), que representa a la mayor parte de las bocas de expendio a nivel nacional, los precios «se están desbandando» más allá de la fijación de topes. Y lamentó que las empresas petroleras «siguen subiendo» los valores mayoristas.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) tiene una posición más dura. Su presidente, Oscar Díaz, reclamó «que congelen los precios de los combustibles, pero también los del proveedor. Nos aumentan, pero nosotros no podemos tocar los precios. ¿Por qué no congelamos todos los precios y paramos la inflación?». Díaz también sostuvo que las empresas petroleras aumentaron los valores de venta en el último tiempo.
El próximo martes, la mesa directiva de Cecha se reunirá en su sede porteña de Avenida de Mayo para definir los pasos a seguir. La primera alternativa que se discutirá es la posibilidad de iniciar una demanda, algo dificultoso porque la entidad no es la perjudicada directa. En ese caso, debería plantearla un estacionero.
En segundo término, analizarán la posibilidad de suspender el expendio de combustibles durante 24 horas. Entre los estacioneros más enojados sugirieron una fecha clave para llevar a cabo la medida: piensan en el 26 de octubre, el día anterior a las elecciones legislativas que tienen como principal candidato al triunfo al opositor intendente de Tigre, Sergio Massa.
Espacio para los aumentos
Según los precios máximos por zona que informaron las petroleras a los dueños de estaciones de servicio, las naftas pueden trepar otro 17% hasta diciembre, al menos en la zona metropolitana.
En la Capital y el Gran Buenos Aires (la sexta zona en la lista con la que Moreno dividió el país para establecer el control sobre las naftas y el gasoil), el litro de la premium puede llegar hasta los $ 8,950, y la súper, $ 8,60; es decir, un 10% y un 17% en cada caso, si se compara con los valores actuales más extendidos en estaciones de servicio YPF de la Ciudad.
Fuente / La Nación