Autoridades de medio ambiente, ex titulares del sector y académicos se reunieron para dialogar en torno a la permisología ambiental y, particularmente, con relación al desarrollo de proyectos energéticos, en el marco del conversatorio “Necesitamos permiso para desarrollar el país: ¿Cómo avanzamos?”, organizado por Transelec.
Los participantes en la actividad apuntaron al debate instalado sobre la permisología vinculado al Pacto Fiscal que impulsa el Gobierno, para avanzar en modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Durante la bienvenida al encuentro, el gerente general de la compañía, Arturo Le Blanc, sostuvo que esta materia se trata de un tema país en cuya solución deben trabajar de forma conjunta el sector privado, el Estado y las comunidades, y que es necesario contar con una regulación que dé flexibilidad para destrabar proyectos.
Respecto al desafío que implica avanzar en mayor infraestructura de transmisión, Le Blanc mencionó que “todos queremos descarbonizar la matriz de Chile y para poder hacerlo necesitamos construir más líneas. ¿Cómo lograrlo? Con un consenso que nos permita avanzar con certeza. Hoy no existe certeza sobre los plazos de consulta indígena o respecto de los criterios que distintas autoridades locales puedan tener en la obtención de los permisos cuando se trata de infraestructura lineal”.
Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la empresa, Paola Basaure, subrayó la necesidad de actualizar legislaciones o permisos ambientales que datan de 50 años y que no se conectan con las necesidades actuales. Asimismo, hizo hincapié en la existencia de leyes contradictorias que contraponen el fomento a la inversión y a la producción con el cuidado al medio ambiente.
“Los proyectos eléctricos son proyectos declarados de interés nacional, reconocidos por el Estado, que apuntan a un desarrollo sostenible del país, pero aun así no podemos correr más rápido para ayudar a que Chile llegue a la descarbonización”, advirtió. En este sentido, la ejecutiva cuestionó que “los titulares de energía que se adjudican un proyecto deben tramitar en solo 24 meses los permisos ambientales, construirlo y ponerlo en servicio”.
Sistema unificado de permisos
El cierre de la actividad estuvo a cargo del jefe de la División de Fomento, Inversión e Industria del Ministerio de Economía, Nicolás Marshall, quien entregó detalles del futuro proyecto de ley que busca, precisamente, agilizar la aprobación de las iniciativas de inversión, y que −según señaló− ingresaría al Congreso “a fines de este año”.
La iniciativa, explicó Marshall, considera reformas al SEIA, a las concesiones marítimas, a la Ley de Patrimonio del Consejo de Monumentos Nacionales y una reforma integral a la tramitación de permisos sectoriales. Entre sus objetivos se encuentra estandarizar los tipos de permisos y sus procesos de tramitación, reducir los tiempos, lograr un mayor equilibrio entre el nivel de carga regulatoria y el riesgo del proyecto, aumentar la transparencia del proceso y crear una gobernanza supervisora.
El representante de Economía destacó, además, el Sistema Unificado de Permisos (Super) que permite integrar estos en una ventanilla única y permite al Estado detectar con mayor facilidad dónde se encuentran los “cuellos de botella”.