Ante la crisis generada por la pandemia desde el año pasado, se estableció un beneficio para los usuarios de los servicios básicos, donde las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad están obligadas a suspender el corte de servicios por mora y obliga a las empresas a dividir la deuda en cuotas, con duración hasta el 31 de diciembre de este año.
Del mismo modo, el 2 de noviembre de 2019 se aprobó la ley 21.1815 que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía para los clientes sujetos a regulación de precios, la cual tiene vigencia hasta 2023.
Por esta razón el diputado y presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Esteban Velásquez, explica a ELECTRICIDAD cómo se proseguirá luego del término de esta iniciativa legal y cuáles son los siguientes pasos para abordar este tema.
¿En qué consiste la ley de servicios básicos?
La ley 21.249 denominada ley de servicios básicos tiene como finalidad suspender el corte de estos servicios en caso de no pago mientras existiese el estado de excepción constitucional, posteriormente se promulgó y publicó una prórroga de esta ley que extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año (ley 21.314). Ambas iniciativas iniciadas por mociones de parlamentarios han sido un gran ayuda, otorgando un alivio para todas las familias azotadas por los efectos negativos de la pandemia que aún sufre el país, que a consecuencia de su precariedad económica no han podido pagar las deudas acumuladas en servicios como la electricidad y el agua.
En cuanto al fin de la ley de servicios básicos, ¿Está la idea de votar sobre esta ley en la Comisión? ¿Cree que es necesario prorrogar o establecer subsidios?
Como diputado y presidente de la Comisión de Energía y Minería observo con preocupación el fin de esta ley, que ha sido fundamental para una gran cantidad de chilenos, con mayor razón cuando veo la nula preocupación por parte del gobierno en buscar alternativas para poder seguir ayudando a estas familias. Por otro lado, también es menester señalar que desde la Cámara de Diputados, en agosto de este año un grupo de parlamentarios de oposición ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca extender este beneficio hasta el año 2022 ( Boletín 14543-03), pero lamentablemente este proyecto aún se encuentra en su primer trámite constitucional, entrampado en la Comisión de Economía, por lo que enviaremos un oficio al presidente de esta Comisión para que de la celeridad necesaria en la tramitación, con la finalidad de ir en ayuda a las familias beneficiadas con esta iniciativa.
Respecto de la ley 21.185 sobre la estabilización del precio de la energía que crea un mecanismo transitorio para frenar y aminorar las alzas en el valor de la energía y que estas no sean traspasadas a los usuarios finales, tendrá vigencia hasta el año 2023 o bien hasta que se termine el fondo de 1.350.000 USD destinado a esta estabilización. Ahora bien, ya en el año 2020 se ha ocupado la mayor parte de este recurso según lo señala Comisión Nacional de Energía, así en una proyección realizada por la consultora Systep, señaló que si el precio del dólar es igual o mayor a 790 CPL existirán alzas en las tarifas de los clientes regulados por sobre el 10% en un período de un año.
¿Cómo cree que se va a resolver este tema?
Lo anterior, es complejo en atención a la situación actual, por lo que oficiaremos a la Comisión Nacional de Energía para que informe sobre el saldo restante del fondo de estabilización y sobre las alzas que han sufrido o sufrirán las tarifas de los usuarios finales, con el fin de confeccionar un proyecto de resolución para que el Presidente de la República evalúe incrementar recursos al fondo o bien proponga alguna otra medida para que aminore las alzas de energía.
Finalmente, estas dos herramientas legislativas que vienen a beneficiar a todos los ciudadanos no pueden desaparecer, menos en momentos en que el IFE universal terminó, el cuarto retiro de fondos de AFP fue rechazado, menos en momentos en que las no se vislumbran buenas noticias en las proyecciones económicas, por lo que el llamado es a buscar y proponer soluciones a esta problemática.
A su juicio, ¿Cuáles son los principales desafíos que debería tener el próximo gobierno en materia energética?
En este sentido y desde el punto de vista energético, entre los grandes desafíos es continuar el proceso de transformación de la matriz energética hacia energías limpias acelerándolo con la finalidad de cumplir las metas impuestas como Estado, finalizar las operaciones de las termoeléctricas de carbón en el país, diversificar las diferentes formas de generación de energías limpias más allá de la eólica y solar.
También como un desafío importante es buscar un mecanismo para reducir el costo de generación y distribución de energía con la finalidad de rebajar las tarifas a los usuarios finales; como también buscar herramientas que busquen que las empresas generadoras de energía compensen los daños y externalidades negativas que produzcan en su funcionamiento.
En definitiva el país ya está consciente donde nos queremos dirigir hacia el futuro, una matriz energética limpia, eficiente, económica y responsable con las comunidades donde las generadoras se encuentran emplazadas.