La empresa Enel Chile destacó en el estudio denominado “Primer Programa sobre Empresa y Derechos Humanos en Chile”, realizado por el programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en colaboración con World Benchmarking Alliance (WBA).
De acuerdo con los resultados difundidos este martes, la compañía eléctrica de generación y distribución obtuvo 21,5 puntos de un puntaje máximo de 24 que podían obtener las compañías participantes, entre las que se incluyeron 29 empresas listadas en el Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA). La matriz Enel Américas también se alzó con el mismo puntaje.
Fabrizio Barderi, gerente general de Enel Chile, expresó el orgullo de los trabajadores de la firma por el reconocimiento obtenido en el estudio. “Este resultado da cuenta del compromiso de nuestra compañía con la sociedad y del camino recorrido desde 2016, de la mano de nuestros grupos de interés (…) hemos logrado avanzar en el entendimiento de los derechos humanos y su impacto en el desarrollo sostenible de forma de integrarlos sistemáticamente en nuestra estrategia de negocios a lo largo de toda la cadena de valor”.
Los antecedentes recopilados para el estudio se obtuvieron de la información pública de las empresas disponibles entre marzo y junio de 2022, entre ellos, los informes de sostenibilidad, las memorias anuales o páginas web, siguiendo la metodología Corporate Human Rights Benchmark (CHRB).
Por su parte, la gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento comunitario de Enel Chile, Montserrat Palomar, destacó el significado del estudio para la firma. “Este es un logro que nos llena de orgullo y nos inspira a seguir en este camino de hacia donde tenemos que movernos como compañía y lo tomamos también, como una invitación a que siempre es el momento correcto para preguntarnos qué más podemos hacer y a conversar para ir siempre más allá, para que nuestra gestión tenga un impacto positivo”.
En total, el estudio evaluó tres dimensiones, cada una de ellas desglosada en 54 variables, que entregaron el puntaje final de cada empresa. Así, las categorías fueron compromiso y gobernanza, referente al compromiso político de la alta administración de la empresa (el directorio) con el respeto de los derechos humanos; debida diligencia, que apunta a que se haya implementado una debida diligencia para la identificación y gestión de impactos, y reclamación y remediación, referido al establecimiento de mecanismos efectivos de reclamación y reparación.