(El Mercurio) Ad portas de que la actual Ley de Servicios Básicos expire, la alerta comenzó a rondar entre las empresas de distribución eléctrica. Esto porque, pese a que la normativa ya fue extendida en agosto, la situación sanitaria del país ha empeorado y buena parte de los clientes acumula importantes pasivos.
Si bien ya existe al menos un proyecto que busca prorrogar la normativa en no menos de 540 días (desde su entrada en vigencia en agosto de 2020), tanto parlamentarios como las empresas coinciden en que la extensión por sí sola no es la solución adecuada, y ya se comienza a hablar de posibles subsidios de parte del Estado, tal como ha ocurrido en países como Perú.
Los objetivos de las empresas apuntan a que aquellos clientes que sí están en condiciones de saldar sus cuentas lo hagan, pero también existe preocupación por los posibles efectos financieros que podrían afectar a las compañías y que se suman al impacto económico que ha significado la pandemia.