(Pulso) Energía es, por lejos, la alternativa que el conjunto de encuestados más menciona al consultarles respecto a cuáles debieran ser las tres prioridades del próximo gobierno.
Y es que de los 100 entrevistados, 54 de ellos mencionaron la problemática energética como una de las prioridades que debe impulsar el gobierno de Bachelet. La sigue la necesidad de avanzar en una mejora en la calidad en la educación, con 35 menciones; y en tercer lugar, fortalecer las medidas que apunten a mantener el ritmo de crecimiento de la economía, mejorar la competitividad y productividad de las empresas chilenas e incentivar la inversión, con unas 25 alusiones.
Poco después, y relacionado con lo anterior, los encuestados piden despejar lo más rápido posible las dudas que existen sobre la reforma tributaria, para así controlar la incertidumbre. Otros solicitan derechamente revisar la propuesta de eliminación del FUT o suavizar el proyecto anunciado en campaña.
Otros conceptos que fueron mencionados con insistencia fueron: impulsar el empleo, especialmente la contratación de mujeres y jóvenes; contener expectativas y mantener la estabilidad social; generar certidumbre judicial para los proyectos de inversión; el nombramiento de un gabinete que genere confianza; continuar con la disciplina fiscal; flexibilidad laboral; capacitación; salud y educación.
Energía
Conocido es el reclamo generalizado del empresariado por la crisis energética y el retraso que sufren los proyectos del sector fruto de la judicialización. “Para mí, energía, energía y energía”, dice un empresario en forma tajante al manifestar sus prioridades.
Pero más allá de manifestar su preocupación, en las respuestas -especialmente las provenientes del sector empresarial- se repite la idea de que el nuevo gobierno debiera buscar generar una política energética de consenso entre todos los sectores.
“Asegurar una política energética de largo plazo”; “fijar un plan energético”; “lograr un gran acuerdo nacional”; “es clave que Chile cuente con una política energética, que es algo que he echado mucho de menos y, hasta ahora, ningún gobierno ha desarrollado”, “definir a la brevedad una agenda clara y precisa de cómo se abordará la crisis energética”, son sólo algunas de las intervenciones que hacen alusión a potenciar un plan energético que involucre a todos los sectores del país.
Relacionado con lo energético y el desarrollo de los grandes proyectos, no son pocos los que enfatizan en la necesidad de que el Ejecutivo se haga cargo del exceso de judicialización que afecta a los proyectos.
Educación
Pero no sólo de energía viven los empresarios. Un número considerable de encuestados – un tercio, al menos – sostienen que el real problema de Chile es la calidad de la educación y coinciden en la urgencia de que el nuevo gobierno le ponga atajo.
¿Cómo hacerlo? Tesis hay varias, pero hay algunos aspectos en los que coinciden varios: apuntar con fuerza en mejorar la calidad de la educación preescolar y básica, “ya que es ahí donde se logra la mejoría en equidad”, dice una economista; poner acento en formar “profesores de alto nivel”, comenta un gerente general del sector energía; poner el énfasis en la calidad y docencia “más que en el lucro”, señala otro ejecutivo; y, por último, más allá de las ideologías, ponerle “racionalidad a la discusión de educación gratuita”, sintetiza un máximo ejecutivo del sector financiero.
Foco en crecimiento
Uno de los aspectos más mencionados en esta encuesta es el de crecimiento económico y la capacidad de generar empleos, como activos que el país no puede perder. “Hacer los esfuerzos necesarios para mantener la economía en una apropiada senda de crecimiento”, dice un economista. Para eso, agrega, los cambios económicos y sociales anunciados deben tener una rentabilidad social superior al retorno de los recursos en sus usos actuales.
Y junto al crecimiento, aparecen otros conceptos que según los encuestados debieran ser prioridad porque sirven de acelerador de la economía: crecer en competitividad, capacitación, flexibilidad laboral, productividad, incentivos a la inversión, y el impulso de las concesiones en infraestructura.
Reglas del juego
Una cancha claramente rayada para que los inversionistas sepan dónde están pisando. Con esta analogía definen varios empresarios uno de los asuntos que, a su modo de ver, requieren de mayor prioridad: despejar cuanto antes las dudas respecto a las diversas reformas planteadas durante la candidatura de la hoy Presidenta electa Michelle Bachelet, en especial la tributaria. De hecho, son más los encuestados -17 de ellos – que piden reducir las dudas respecto a la reforma tributaria para así despejar las incertidumbres que afectan a los inversionistas, que los que solicitan una revisión de la reforma planteada por Bachelet. “Despejar las dudas en materia tributaria, con una definición rápida de lo que realmente se va a hacer”, repiten distintos entrevistados. Otros son más audaces y piden la revisión de lo planteado, con especial énfasis en la eliminación del FUT. “Una reforma tributaria que elimine el FUT puede terminar siendo nociva, lo que es un tema que debemos reflexionar”, dice uno de ellos. Relacionado con este aspecto, otro de los ítems en el que hacen hincapié los hombres de negocio es en la necesidad de que los cambios se generen con gradualidad, evitando las reformas bruscas, y el aprovechamiento de las mayorías parlamentarias para avanzar sin llegar a consensos con la futura oposición.
En palabras de un empresario: “El nuevo gobierno tiene un programa donde establece sus prioridades que están centradas en la reforma educacional, reforma tributaria y cambio constitucional. Independiente de lo que se pueda sugerir, sería ingenuo y poco realista esperar algo diferente. Sin embargo, uno aspira a que se respete a las instituciones y exista el coraje para oponerse a las presiones de minorías organizadas”.
Contener demandas sociales
“Trabajar en contener las expectativas de la gente, hacer las modificaciones con cautela y precaución manteniendo los indicadores macroeconómicos de buena manera”, dice un ejecutivo de una empresa al manifestar la prioridad número uno que, a su entender, debiera tener en cuenta el gobierno entrante.
Y es que son varios los que han puesto el acento en las expectativas que generó Michelle Bachelet durante su campaña presidencial, y las posibles consecuencias que eso podría generar en el ambiente social. Es a raíz de esto que muchos de los encuestados mencionan entres las prioridades planteadas el generar mayor diálogo social, estabilidad social, contener demandas y expectativas sociales, resguardar la relación con el empresariado, generar confianzas. En total son unas 15 menciones.Un importante economista que participó en este estudio lo define así: “El primer problema es el control de las expectativas. De acuerdo a la encuesta Bicentenario, estas tuvieron un alza el año 2013 en la víspera de las elecciones, algo similar ocurrió el 2009 en una etapa similar. El programa de gobierno de M. Bachelet es muy amplio y tiene una diversidad de promesas políticas ‘abiertas’ que responden a una agenda de demandas sociales que se han ido instalando en los últimos años. En la práctica estas demandas son poco precisas pero hay altas expectativas de solución. Dónde termina el problema de la ‘calidad de la educación’; ¿en una educación con los resultados de Finlandia…? Cuántos años nos demoraríamos en construir esto si fuese posible”. Para evitar un problema mayor de expectativas, añade el economista, es esencial que el gobierno sienta como una prioridad mantener la coalición de gobierno unida.
Mantener responsabilidad fiscal
Si bien esta es una preocupación generalizada, es en el mundo de los economistas donde más importancia le otorgan a este aspecto. “Mantener la disciplina fiscal, mayores gastos permanentes deben ser financiados con mayores ingresos permanentes. La reforma tributaria anunciada deberá generar los recursos suficientes para financiar los gastos adicionales anunciados”, dice un economista. Otro añade que “la prioridad debe ser la de tranquilizar al mercado con el compromiso en la disciplina de las políticas fiscales”. Y otro agrega: “La prioridad debiera ser asegurar para el mercado el compromiso de políticas fiscales disciplinadas y que la búsqueda de políticas redistributivas sean hechas sin comprometer un incremento excesivo en la carga tributaria y sin desincentivar la inversión del sector privado”. Relacionado con lo anterior, varios encuestados manifiestan que, la primera gran prioridad de este nuevo gobierno debiera ser, en realidad, la designación de un gabinete de confianza, especialmente, el ministro de Hacienda.