(Reuters) Una moción del fiscal del martes de abrir una investigación a 54 personas, que según reportes incluye a los líderes de ambas cámaras del Congreso, significa una amenaza para una parte de la elite política de Brasil.
Las consecuencias quedaron en evidencia inmediatamente, luego de que el jefe del Senado arremetió con la cancelación de un decreto presidencial clave para los planes de la mandataria Dilma Rousseff para cerrar los desequilibrios en sus presupuestos.
Los mercados financieros se hundieron y el real perdió el nivel de 3 unidades por dólar por primera vez en una década, porque los inversores temen que la volatilidad política pueda provocar que Brasil pierda la calificación de grado de inversión y perjudique a una economía que se espera que este año sufra su mayor contracción en un cuarto de siglo.
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La amenaza más grave a la estabilidad de Brasil no proviene de los políticos, sino de la gente que ya está en la cárcel por el caso.
Una decena de ejecutivos de algunas de las mayores empresas de ingeniería y construcción del país están en «detención preventiva» desde fines del año pasado.
Sus empresas, que los fiscales sospechan que contribuyeron a que ejecutivos de Petrobras y políticos corruptos se apropiaran de miles de millones de dólares, han visto como sus ingresos han caído como resultado directo del escándalo.
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Los ejecutivos creen que, debido a toda la inquietud en Brasilia esta semana, los políticos probablemente se librarán fácilmente en comparación, dijo a Reuters una fuente política que ha tenido contacto con algunos de los directivos de las empresas.