n cuenta regresiva para su puesta en marcha se encuentra el Centro de Aceleración Sostenible (CASE), adjudicado a una propuesta liderada por la Universidad de Chile y donde también participan la Agencia de Sostenibilidad Energética, las Universidades de Santiago, Tecnológica Metropolitana y la Austral de Chile, EY, Centro Mario Molina, Saesa, Engie Latam, SURA, Enel X, Empresas Eléctricas A.G. y Generadoras de Chile, entre otros actores públicos y privados.
CASE busca desarrollar y acelerar la inserción de la electromovilidad a través de un portafolio de proyectos de desarrollo e innovación aplicada (I+D+i) en conjunto con grandes empresas y pymes, políticas públicas, capacitación, etc. que buscan posicionar a Chile como motor de desarrollo tecnológico e industrial para Latinoamérica, y ayudar a alcanzar las metas de carbono neutral hacia 2050.
Pasos
Williams Calderón, director del CASE y líder de Electromovilidad de la Universidad de Chile, señala que se contempla la existencia de un directorio, además de un comité técnico y otro estratégico, por lo que durante el primer trimestre de este ano están ultimando las propuestas que se plantean a CORFO para ver los integrantes, tanto públicos como privados, de estas instancias.
“La idea es que los comités y el directorio aporten en la visión, en la forma en que esto pueda seguir con un exitoso desempeño de los proyectos en el futuro. Este es el punto de partida, donde el desafío es generar un adecuado vínculo con la industria y mantener una sostenibilidad en el tiempo”, sostiene el especialista.
Según Calderón, ambos comités deberán seguir la ejecución técnica de los programas y su dirección hará el seguimiento administrativo.
“Cada institución que participa en el CASE es responsable de sus proyectos, con un control central que fija límites y recomendaciones. Además, cada proyecto tiene su propia carta Gantt, por lo que también habrá un seguimiento, la cual se construye con la gobernanza”.
El director del CASE explica que en materia de financiamiento se cuenta con el aporte de US$7 millones por parte de CORFO durante cinco años, los que se entregarán en cuotas anuales de US$1,4 millones. “También tenemos recursos comprometidos desde empresas y otras organizaciones que forman parte del CASE. El presupuesto global del programa en total es del orden de US$14 millones por cinco años”, agrega.
Proyectos
Williams Calderón recuerda que se comenzará a operar en cuatro vectores de aceleración para la electromovilidad: desarrollo regional; desarrollo residencial, desarrollo industrial y comercial; y transferencia tecnológica, y vinculación, que incluye modelos de negocio, capacitación, educación, aspectos regulatorios, normativos y de estándares.
“Cada vector está compuesto de iniciativas, las cuales –a su vez- tienen proyectos de Investigación y Desarrollo aplicados (I+D) y Bienes Públicos donde tenemos 22 proyectos”, relata el académico. Entre los principales trabajos que realizará el CASE menciona el desarrollo regional en infraestructura de carga, soluciones de operación de flotas eléctricas, y avanzar en la segunda vida de las baterías de vehículos eléctricos.
Desde la perspectiva regulatoria, Calderón afirma que la idea es que el CASE sea una especie de brazo técnico para la generación de normas y estándares.
“El conocimiento generado o recopilado por los proyectos de Bienes Públicos y de I+D aplicada permitirá generar la información que falta para el tomador de decisiones o adecuar modelos que entreguen certezas desde el lado técnico”, precisa.
Otros proyectos que se impulsaran este ano son lo que desarrollará la Universidad de Santiago de Chile. Matías Díaz, investigador del Programa Centro “Electrical Energy Technologies Research Center E2TECH”, de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios, indica que este ano “esperamos partir con el desarrollo local de cargadores, con tecnología nacional para dispositivos residenciales y rápidos.
“La otra área de trabajo es el desarrollo de un laboratorio técnico para pruebas estándares y certificación de interoperabilidad”, asegura.
Según el académico, uno de los principales objetivos es desarrollar tecnología nacional, “pues en Chile hay capacidades para construir cargadores más versátiles y flexibles, potenciando a futuro una industria de desarrollo y de reparación local”.
Y concluye: “Esperamos en un plazo de dos años tener nuestros cargadores AC hechos en Chile y los cargadores DC en cinco años, además de tener funcionando el laboratorio de certificación de interoperabilidad a principios de 2022”.