(La Tercera-Pulso) Alta expectativa causó la invitación que el jueves pasado recibieron ejecutivos de las empresas eléctricas, de la industria sanitaria y también de telecomunicaciones, los que eran convocados para el viernes a 15.30 horas a Teatinos 92.
Se trataba de la tercera cita con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien, junto con un general de Carabineros y personeros de todos los ministerios se sentaron a coordinar las acciones y conocer las medidas que el sector privado está tomando para asegurar el suministro de los servicios básicos en el marco de la contingencia que está generando el estallido social.
Sin embargo, los cerca de 60 asistentes salieron con un gusto amargo, pues indican las fuentes consultadas que en las tres reuniones que han sostenido en las últimas cuatro semanas no ha habido mucho avance, y solo se ha generado una serie de WhatsApp para tener una mayor coordinación en un escenario crítico.
Para muchos de los asistentes, la cita podría haber sido aprovechada para analizar los alcances del proyecto de ley que busca resguardar la infraestructura crítica, iniciativa con urgencia suma, que no ha avanzado en el Congreso y que el
próximo miércoles se verá en la Comisión de Constitución de la Cámara. A la cita están invitados el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el subsecretario del Interior, Francisco Galli.
[LEA TAMBIÉN: Cuatro aspectos de seguridad para subestaciones eléctricas]
En el mundo eléctrico hay una especie de “disputa subterránea” con el gobierno, señala un ejecutivo del sector. Esto, debido a que aún no existe certeza sobre lo que se denomina “infraestructura crítica”, por lo que las empresas todavía no saben qué tipo de instalaciones son las que deben proteger. También existe un malestar, pues el Estado les está exigiendo que deben tomar todas las medidas “humanamente necesarias” para resguardar sus instalaciones.
De hecho, en la reunión pasada, donde no asistió Martorell, el gobierno les recomendó a las empresas que contrataran más personal de seguridad privado y armado, recomendación que no gustó en las empresas relacionadas con el suministro de servicios básicos.