(Pulso) A casi siete meses de que el Canal de Panamá cumpla 100 años desde su inauguración, la amenaza por parte del consorcio encargado del plan de ampliación de paralizar los trabajos, si no se cumplen sus reclamaciones, remeció el mundo político de ese país y al mercado.
La construcción del tercer juego de esclusas -una en el Atlántico y otra en el Pacífico – es el proyecto más grande y complejo dentro del programa, con un costo de US$3.200 millones.
La obra, que unirá ambos mares, permitirá por primera vez trasladar buques de clase Postpanamax, que son los barcos más grandes que habrán cruzado por los cauces del canal caribeño y los únicos capaces de transportar 12 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) al año (ver infografía).
El contrato fue otorgado en 2009 al grupo GUPC, liderado por la empresa constructora española Sacyr, en conjunto con la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña, Constructora Urbana.
Pero el proyecto se suspenderá si de aquí al 20 de enero su empleador, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no le proporciona fondos adicionales a los pactados en el contrato para pagar los sobrecostos «imprevistos», que ascienden a US$1.625 millones. Mientras tanto, se seguirán con los trabajos.
El proyecto tiene un costo total de US$5.250 millones, de los cuales US$3.118 millones corresponden a las nuevas esclusas.
La importancia económica de la modernización del canal es enorme: por una parte, permitirá duplicar la carga que pasa por la vía acuática. Además, la ampliación revolucionaría el mercado del gas licuado, de llegar a ejecutarse en 2015: la posibilidad de transportar barcos más grandes acortará los viajes desde EEUU a Asia y, potencialmente, reducirá los costos de transporte para los productos básicos, como el GNL, de acuerdo a Bloomberg. Junto a la independencia energética de EEUU gracias a la explotación de gas shale, las embarcaciones podrán cruzar el canal de 77 kilómetros 350 veces al año, y los viajes a Asia desde EEUU van a costar 24% menos en comparación a las rutas más largas, según la Autoridad del Canal.
El consorcio de Sacyr e Impregilo se adjudicó el contrato en julio de 2009 – cuyas obras en principio iban a concluir en el 2014 y contemplaban la construcción de esclusas y cuencas colectoras de agua- para la expansión de la vía interoceánica, por la que pasa un 5% del comercio mundial.
La ACP dijo que el programa de ampliación del canal tiene un avance total de 72%, mientras que la construcción de las nuevas esclusas un 65% de avance.
El embajador de España en Panamá, Jesús Silva, dijo que el sobrecosto sería «perfectamente asumible» por la ACP y fácilmente amortizable por los beneficios y las expectativas de recuperación que existen sobre el proyecto, y que el gobierno español está dispuesto a colaborar para que haya una solución, consignó Reuters.
«Cualquier resolución de ruptura sería mucho más lenta y costosa, con lo cual la pérdida sería mucho mayor si no se llega a un acuerdo. Creo que ha faltado capacidad de diálogo con sentido común a largo plazo», señaló.
Según contó el portavoz de la firma Sacyr a Bloomberg, una parte de los costos adicionales se derivan de hormigón utilizado en el proyecto, ya que el plan inicial establecía un tipo de material que no era lo suficientemente bueno.
La ACP rechazó las presiones del grupo GUPC sobre salirse del contrato: «No importa qué tipo de presión se haga, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que GUPC respete el contrato que ellos mismos firmaron», explicó el Administrador del Canal, Jorge L. Quijano. De no ser así, pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra.
La noticia también provocó la molestia del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli: «espero que la obra continúe, porque se están haciendo muchas inversiones a nivel mundial en barcos y puertos, y es una gran irresponsabilidad de unas empresas que, por otros motivos y por cuestiones financieras propias en otros lugares, que esto venga a perjudicar el canal de Panamá», dijo.
En 2010, el vicepresidente de Panamá Juan Carlos Varela fue citado en un cable publicado por Wikileaks en que dijo que el proyecto de ampliación era un «desastre» y que en dos o tres años sería un fracaso. En los próximos días se sabrá si su pronóstico se acerca a la realidad.
Efecto dominó
El mandatario afirmó que viajará a España e Italia para que sus gobiernos se hagan responsables de la situación, ya que dos de las cuatro empresas integrantes del consorcio encargado de la ampliación son de esos países. «Cuando ellos (GUPC) licitaron pusieron un precio y ahora vienen con el cuentito de que están subiendo los precios», agregó.
Sin embargo, para los analistas consultados por Bloomberg las perspectivas de esta empresa no son tan negativas: el precio objetivo de la acción a un año es de €4,23.
Las acciones de Sacyr sufrieron su mayor caída intradía (-8,95%) desde al menos 1989, y llegaron a transarse en €3,42. Además, la variación negativa acumulada en los últimos tres días ha sido de 10,65%. Las acciones se duplicaron el año pasado, valorizando la firma en €1.600 millones.
Tras la crisis europea, las constructores españolas endeudadas dependen cada vez más de los proyectos en el extranjero, ya que el gobierno está recortando el gasto en obras públicas, mientras que el colapso del mercado inmobiliario ha dejado al país con un excedente de viviendas. El gobierno, que no ha comentado sobre la amenaza de Sacyr, ha apoyado estos esfuerzos, indicó Bloomberg.