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El activo rol del TDLC para dictar normas en mercados regulados

Feb 23, 2015

Mayor protagonismo se debe a petición de privados que buscan un proceso más rápido, técnico y apolítico.

(Diario Financiero) «Efectivamente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha ido tomando un rol cada vez más activo en lo que se refiere a regulación de ciertos mercados», señala Lorena Pavic, socia de Libre Competencia y Mercados Regulados de Carey.

A juicio de la experta, lo anterior se debe principalmente a una mayor preocupación de los privados que buscan que el TDLC sea el que encabece la petición de modificar, derogar o dictar preceptos legales o reglamentarios al Ejecutivo y que se presente un proyecto de ley sobre la materia.

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En ese sentido, el abogado de Guerrero Olivos y ex subfiscal nacional económico, Jaime Barahona, agrega que en el último tiempo se han visto casos que utilizan la vía preventiva con el fin de obtener algún grado de certeza del comportamiento de la empresa respecto de alguna industria.

El experto en regulación y libre competencia de FerradaNehme, Diego Hernández, coincide con esta visión y agrega que «dado que se trata de un proceso más expedito, técnico y apolítico que el proceso legislativo, eso permite explicar la reacción de algunas empresas de querer enmendar alguna falla del mercado a través de las facultades del tribunal», advierte.

Con todo, los especialistas destacan que pese a que el TDLC está habilitado para ejercer funciones más bien administrativas, como dictar normas de instrucción general, el organismo ha sido «cauto» en utilizar este instrumento.

«El tribunal sabe que esta es una herramienta muy poderosa (y contra mayoría, dado que sus Ministros no son elegidos popularmente), por lo que ha ejercido estas atribuciones de manera muy prudente», explica Hernández.

Actualmente son varios los procedimientos de consulta que se siguen ante el TDLC que tienen esta finalidad. Uno de los más bullados es la causa que abrió el organismo para regular las tarifas de Metrogas a petición de la Municipalidad de Maipú por haberse excedido en el límite de rentabilidad. Solicitud que se hizo previo al ingreso del proyecto de ley que anunció el gobierno para zanjar esta misma materia.

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