(Reuters) El presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió en el 2006 ejecutar una idea que los habitantes del nordeste de Brasil, una empobrecida región históricamente castigada por sequías, venían escuchando hacía más de un medio siglo.
Lula, nacido en el nordeste, prometió canalizar el agua del río São Francisco hacia esta tórrida región. En el 2010, dijo, una red de canales, acueductos y reservorios de 477 kilómetros de extensión saciaría finalmente la sed de ciudades y granjas en cuatro estados.
Ocho años más tarde, el proyecto todavía está por la mitad. Retrasado por la burocracia y problemas contractuales, el costo de la mayor obra individual de infraestructura del gobierno casi se duplicó a 8.200 millones de reales (3.400 millones de dólares).
Plantas crecen en las grietas de las losas de concreto del canal, que fueron colocadas hace cinco años, pero aún no fueron usadas. Y algunas partes de la construcción original están tan deterioradas que tendrán que ser rehechas el día que el agua finalmente fluya por ellas.
Cuatro años después de la fecha de entrega prometida por Lula, parece poco probable que su protegida y sucesora, Dilma Rousseff, logre inaugurar el canal completo aún si consigue la reelección para un segundo mandato de cuatro años.
Con miras a los comicios de octubre, cuando se espera que Rousseff busque la reelección, su gobierno está acelerando la construcción del proyecto.
La transferencia de agua, igual que muchas otras grandes obras de infraestructura, es el tipo de inversiones que los economistas consideran necesarias para modernizar Brasil.
La séptima economía del mundo continúa limitada por cuellos de botella que complican el flujo de bienes y servicios, eso sin mencionar las necesidades básicas de desarrollo en algunas de las regiones más pobres del país.