(El Mercurio) Más oscuras que claras estaban las cosas en el sector eléctrico en 2010. Los 15 mil MW de capacidad instalada existente y los 2.500 MW que estaban en ejecución permitían a las autoridades de la época dar certeza del abastecimiento hasta 2024.
De ahí en adelante, el panorama era incierto. El fantasma del blackout se alejaba únicamente si se lograban desarrollar los 8.000 MW en capacidad de generación que tenía permisos ambientales como Barracones, Castilla o Hidroaysén-, pero que a raíz de la oposición ciudadana y la judicialización no lograron ver la luz. Nunca lo hicieron.
Mientras se hablaba del impulso a la energía nuclear y de múltiples alternativas para la interconexión con los países vecinos, la situación interna seguía complicada, tanto que en febrero de 2011 se evaluaba un decreto de racionamiento para enfrentar la estrechez configurada por la sequía -entonces incipiente-, y por fallas en unidades clave para el abastecimiento del mayor sistema eléctrico, que entre Taltal y Chiloé abastecía al 94% de la población.
En ese tiempo, a la par de precios del mercado mayorista que superaban los US$130 por MWh, las cuentas de la luz empezaron a subir, por fórmulas de indexación que no fueron consideradas a la hora de adjudicar las licitaciones entre generadoras y distribuidoras, y porque las primeras dejaron de acudir a las subastas, por la incertidumbre en torno a la ejecución de proyectos.
Después de dos subastas desiertas a fines de 2014, las distribuidoras firmaron contratos a un precio que bordeó los US$130 por MWh y que cinco años después -cuando esos contratos se activaron- fue demasiado alto, convirtiéndose en una de las razones que derivó en la crisis social.
En 2014 el panorama empezó a cambiar con la Agenda de Energía, una política que el exministro de Energía, Máximo Pacheco, impulsó durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet para dinamizar la competencia mediante varias reformas regulatorias. Una fue el ajuste de las licitaciones para facilitar la participación de las energías renovables (ERNC).
El nuevo diseño permitió la proliferación de empresas y la baja en los precios de adjudicación de los contratos que entrarán a partir de 2021. Este año, las ERNC ocuparán el 20% de la matriz y las estimaciones apuntan a que 2021 cerca del 30% de la generación provendrá de fuentes eólicas y solares, debido a que ese año entran los contratos de licitación 2016, donde el 50% ofertado fue energía eólica. Esto supera la proyección de hace una década, que apuntaban a que las ERNC difícilmente superarían el 8% de la matriz al 2020. ¿La razón? El alto costo de estas tecnologías. Por ejemplo, instalar un MW fotovoltaico costaba US$5 millones en 2020 y hoy cuesta US$1. En 2010, las ERNC representaban solo el 3% del parque nacional.
El precio de la energía ha bajado casi un 60%, al pasar de US$130 por MWh en 2010 a US$54,1 a noviembre de este año, producto de dos factores: la irrupción de las renovables y la interconexión de los principales sistemas eléctricos del país, hito que permitió trasladar hacia el principal centro de consumo del país, la Región Metropolitana, la producción renovable de la zona norte.
En términos de capacidad instalada, en tanto, los 15 MW de 2010 ahora son 25.300 MW, para abastecer una demanda que desde Arica y Parinacota hasta Chiloé se empina sobre los 10 mil MWh.
Otro cambio que dinamizó el mercado fue la baja del consumo que los usuarios quieren para dejar de ser clientes regulados -abastecidos por las distribuidoras- y optar a contratar su energía directo con las generadoras. Aquí, las cifras son reveladoras. Si en 2010 eran 115 las empresas que estaban en el segmento libre, según datos del Coordinador Eléctrico Nacional, al cierre de noviembre de este año el incremento es de 14 veces, con 1.614 usuarios.
«Me arrepiento de no haber impulsado un cambio legal para terminar con los abusos de las grandes distribuidoras»
Las reformas de la denominada Agenda de Energía que debutó en 2014, durante el segundo mandato de la Presidenta Bachelet, explican en parte que Chile se subiera a la revolución que unos años antes se había iniciado a nivel global en la industria eléctrica para bajar sus emisiones.
Máximo Pacheco, que hasta octubre de 2016 lideró el Ministerio de Energía, diseño y ejecutó esta política. Dice que el país llegó tarde a esa revolución porque aunque muchos digan que esta fue una transición natural por la baja en el costo de las tecnologías renovables, como la solar y eólica, «lo que verdaderamente cambió en esta década es que el Estado decidió jugar un rol para terminar con este fetiche de que solo bastaba la actividad de los privados para que el mercado funcionara y lanzó una política pública que trajo competencia a un mercado donde no lo había».
-Se ha más que triplicado el número de generadoras eléctricas. ¿Esto es sostenible?
«Lo que para mí es claro es que los mercados funcionan en competencia con el Estado cuidando al consumidor y garantizando la competencia. Este enfoque tan equivocado de que mientras más chico o ausente esté el Estado la economía y la sociedad funcionarán mejor, está cambiando y cada vez hay más gente que cree que necesitamos un Estado eficiente, moderno y robusto, que haga esa pega. Tenemos que asegurarnos de que el Estado represente el bien común y no se deje capturar por otro tipo de intereses. Eso fue lo más desafiante de sacar adelante la Agenda de Energía».
-¿Hay algo de la Agenda de Energía que hubiese hecho de una forma distinta?
«Fue un error haber postergado la reforma a la distribución eléctrica. Fuimos capaces de generar competencia en la generación, pero la distribución sigue siendo extraordinariamente sensible para el ciudadano y para la opinión pública. Me arrepiento de no haber impulsado un cambio legal para terminar con los abusos de las grandes distribuidoras».
-Una de las demandas del estallido social son las alzas de las cuentas de la luz. ¿Qué le parecen las medidas como la baja de la rentabilidad de las distribuidoras como respuesta?
«Son insuficientes. Le escuché al ministro Jobet que tiene el compromiso de enfrentar los temas de fondo en una ley larga, donde lo más importante debiera ser el terminar con los abusos de las grandes distribuidores trayendo más competencia».
-Las empresas debieran estar motivadas para seguir adelante con la ley larga.
«Espero que sea así. Sin embargo, no tengo ninguna evidencia de que las tasas de rentabilidad con las que quedaron las distribuidoras sean malas. Creo que queda espacio para seguir revisándolas».