La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión del Consejo Para la Transparencia (CPLT) que ordenó entregar copias de estudios realizados para elaborar un decreto supremo que reglamenta transferencias de potencias entre empresas de servicios eléctricos.
En la sentencia (rol 610-2022) la Tercera Sala del tribunal de alzada descartó el reclamo, por considerar que no es procedente introducir nuevos argumentos no incorporados en los descargos del recurso de amparo presentado ante el CPLT y que la entrega de información no afecta a terceros.
“Que desestimadas las infracciones denunciadas y existiendo un interés social que justifica el acceso a la información, de una interpretación armónica de las normas citadas se desprende que el principio de transparencia y publicidad es la norma general para los organismos públicos, y la negativa a entregar información solo debe sustentarse en causales legales o constitucionales que en la especie no concurren», expresa el dictamen.
El tribunal agregó que, “por lo anterior, la autoridad pública debe entregar la información con los resguardos que el CPLT le impuso, toda vez que la negativa no se sustentó en ninguna de las causales que habilitan para hacerlo”.