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Consejo de Ministros da luz verde a Plan Nacional de Implementación del Acuerdo de Escazú

Abr 17, 2024

El instrumento contempla acciones tendientes a garantizar un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Un paso trascendental se dio este lunes con la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), instrumento creado para avanzar de manera progresiva y continua en mejorar los estándares de los derechos de acceso en el país y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Este plan permitirá avanzar en la implementación en el país el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación del PIPE, asegurando que “este plan es transversal. Se construyó a través de un proceso participativo en el que se incluyó la opinión de las personas y también de 25 servicios públicos, comprometiéndose a más de 230 medidas que se deberán realizar de aquí a 2030, que lo que buscan es fortalecer la democracia”.

En tanto, el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, destacó también el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos que su cartera presentó, una herramienta que servirá también en la implementación del Acuerdo de Escazú. “El Consejo de Ministros tomó conocimiento de la aprobación de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que aprobó el 4 de abril el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos, que es un protocolo firmado por todas las instituciones del sistema de enjuiciamiento criminal, para aquellas personas que dedican sus acciones a la defensa y promoción de los derechos humanos y para que éstas puedan ser ejercidas en entornos seguros, libres de violencia”, dijo.

Líneas estratégicas

El pilar de acceso a la información ambiental tiene como objetivo implementar un sistema eficiente y accesible para el manejo de la información ambiental garantizando el acceso gratuito, la generación y actualización continua y la comprensión amplia de los datos por todas las personas interesadas. Para conseguirlo se plantean acciones como actualizar periódicamente la información ambiental dispuesta en las distintas plataformas y sistemas de información, utilizando un lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía o el promover la transparencia de la información ambiental de empresas privadas y públicas.

La participación en la toma de decisiones ambientales plantea como meta fortalecer los marcos de participación ciudadana en la gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, alineándolos con los principios y estándares del Acuerdo de Escazú. Para ello se proponen medidas como promover la implementación de procesos, orientada al involucramiento del público en etapas iniciales del proceso con tal de fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes.

El acceso a la justicia ambiental busca desarrollar acciones que potencien la educación y difusión de herramientas que faciliten la asistencia legal y técnica, promoviendo procedimientos eficientes para asegurar las garantías del debido proceso en asuntos medioambientales.

Cuarto, sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales el PIPE busca generar mayor conocimiento y reconocimiento a la labor que realizan personas, organizaciones y grupos que lo promueven. De esta manera se plantea reforzar los contenidos relativos a la labor de promoción y defensa del medio ambiente en programas de capacitación o instancias formativas dirigidas a funcionarios públicos de la institucionalidad ambiental.

Quinto, el fortalecimiento de capacidades y cooperación tiene como objetivo promover instancias para el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización ambiental de diversos actores de la sociedad, así como espacios de cooperación, alianzas e intercambios entre países. Entre las acciones de esta línea aparecen el capacitar en los derechos de acceso, a funcionarios/as públicos/as y municipales, y autoridades de distintos niveles, utilizando diferentes recursos y formatos educativos o desarrollar material didáctico, informativo y educativo para diferentes públicos.

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