(El Mercurio) Fuertes aumentos en la cantidad de contribuyentes registrados en municipios fuera de Santiago, como Zapallar o Santo Domingo. Rebajas en las tasas cobradas por patentes municipales. Y hasta «ofertones» propiciados por los propios alcaldes para que existan terrenos disponibles en sus comunas que sirvan para domiciliar allí a contribuyentes.
Estos son solo algunos de los efectos que en los últimos dos años han ocurrido en el país, tras zanjarse la bullada polémica por el pago de patentes de las llamadas sociedades de inversión.
Estas son sociedades que personas naturales -por lo general de altos ingresos- constituyen para, a través de ellas percibir rentas (financieras, por ejemplo). Pero que no tienen una actividad productiva o comercial convencional.
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Entre los años 2010 y 2012 estas sociedades fueron protagonistas de una álgida polémica, que incluyó a los tribunales de justicia a los que acudieron muchos contribuyentes. Todo para despejar si correspondía que este tipo de sociedades «pasivas» -como se les llamó-, pagaran o no la patente municipal. Este es un impuesto que los municipios definen dentro de un rango que va entre 0,25% y el 0,5% del capital propio declarado por cada empresa.
Después de varios recursos en tribunales y un dictamen de la Contraloría General de la República que se pronunció en sentido contrario al pago, fue la Corte Suprema la que zanjó finalmente la discusión.
En un dictamen emitido el 6 de noviembre de 2012, el máximo tribunal definió que sí correspondía el cobro de este gravamen por parte de los municipios para todas las sociedades, incluidas estas con fines rentísticos, poniendo fin a toda interpretación.
A los pocos días de esta resolución, la Contraloría finalmente dio un paso al costado y se allanó a la postura de la Corte Suprema.
Hoy prácticamente no existen dudas: todas las sociedades de inversión deben pagar patente municipal por tratarse de actividades lucrativas.
Sin embargo, este tema ha seguido agitando las aguas. Varios titulares de sociedades han optado por trasladarse a comunas con menores tasas por concepto de patentes; hay casos de municipios han bajado las tasas que cobran para captar más contribuyentes; y también hay muchos casos donde los titulares de sociedades están dando una pelea judicial para lograr la prescripción de sus deudas antiguas.
Traslados a otras comunas
Como era de esperar, varios son los contribuyentes que ante el escenario definido por los dictámenes de 2012 optaron por trasladar su sociedad de inversión desde la comuna donde estaban situadas hacia otra donde el cobro es menor.
Carlos Martínez, socio de EY; Álvaro Mecklenburg, socio de Deloitte, y Óscar Ferrari, socio de Avendaño y Merino Abogados, han visto cómo varias sociedades han tomado este camino para disminuir sus gastos por este concepto, ya que el efecto no es menor.
Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura están en el tope del cobro por patente municipal (0,5% del capital propio declarado por la sociedad). Así, si una sociedad declara un capital de $1.000 millones, pagará una patente anual de $5 millones si su domicilio tributario está en alguna de esas comunas. Sin embargo, hay otras zonas que cobran el piso del rango permitido en la normativa: 0,25%. Con esta tasa, la patente de una sociedad que declara un capital de $1.000 millones ascendería a la mitad: $2,5 millones anuales.
Un ejemplo de esto último es Zapallar, que ya tenía su tasa en 0,25% desde 2001, pero que vio un salto muy lucrativo para sus arcas municipales después de 2012. Esta comuna pasó de tener 50 sociedades de inversión en 2005 a más de 500 el año pasado, cuenta el alcalde de esa comuna, Nicolás Cox.
La autoridad agrega que dado este nuevo escenario los ingresos del municipio por concepto de patentes han ido ganando importancia en los recursos que recibe el municipio. En su último presupuesto este ítem representó la principal fuente de ingresos, con el 33% del total.
La tajada es aún más jugosa para Zapallar, pues esta comuna -como la mayoría de las comunas del país- recibe el 100% de lo recaudado por concepto de patentes.
A diferencia, Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura deben aportar el 65% de lo percibido vía patentes al Fondo Común Municipal (FCM), y solo el 35% queda en sus propias arcas, según la Ley de Rentas Municipales.
Dentro de la Región Metropolitana, una de las comunas que han visto incrementos en los registros de sociedades de inversión es Lo Barnechea. Desde 1996 su municipio cobra una patente que corresponde al 0,35%, pero en 2013 -post dictamen de la Corte Suprema-, aumentó en 12% el número de sociedades de inversión enroladas, aunque en 2014 bajó.
Pese a que una sociedad puede cambiar su domicilio y tributar en una comuna donde haya una menor tasa por patente, existen ciertas «barreras de salida» para el traslado.
Esto, porque el municipio que recibe a una nueva sociedad de inversión debe exigir -basándose en la Ley de Rentas Municipales-, el certificado de no deuda que emite la municipalidad de origen, explica Ramón Santos, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Las Condes.
Santos reconoce que el factor tasa ha sido relevante para que las sociedades definan un domicilio, pero estima que el plazo que demora la obtención de una patente también es una variable que los contribuyentes consideran.
Sus números muestran que esta comuna, pese a cobrar el máximo de tasa, igual ha visto un incremento de sociedades de inversión que se enrolan en la comuna. Santos lo atribuye a los menores plazos de trámite, así como a la regularización del cobro, tras 2012.
Ofertones y baja de las tasas
Otras comunas, como La Reina, sí llevaron el tema a discusión a su concejo municipal luego de los fallos de 2012 y bajaron su tasa para el cálculo de la patente. Pero no solo eso, sino que en el marco de esta discusión el alcalde de esta comuna, Raúl Donckaster, mencionó que la Asociación de Industriales de La Reina -gremio que agrupa a empresas principalmente ubicadas en el Parque Industrial de La Reina, que se encuentra al este del Aeródromo de Tobalaba-, estaba disponible para arrendar parte de sus terrenos para que sus socios, que no necesariamente estaban domiciliados en La Reina, se instalaran en esa comuna y pagarán ahí su patente por sus sociedades de inversión.
El concejo municipal de La Reina, el 26 de junio del 2013, acordó rebajar la tasa de 0,5% a 0,25% en dos zonas de su comuna, a contar del 1 de enero de 2014 (la norma permite el cobro diferenciado por zonas).
En la decisión -según consta en el acta pública del concejo- primó la necesidad de atraer más sociedades de inversión a esa comuna. De hecho, dicha acta menciona los casos de Zapallar, Santo Domingo y Panguipulli (todas con tasas de 0,25% y que han aumentado los enrolamientos). Además, el concejo advirtió en ese momento que otras comunas habían comenzado a captar una suma importante de inversionistas que establecieron sus domicilios en esas zonas, provocándole una merma importante en los ingresos a La Reina.
Jorge Córdova, administrador municipal y alcalde (s) de La Reina, sostiene que la rebaja -que implica un ahorro importante para los contribuyentes- ayudó a aumentar el número de sociedades con patente en la comuna. En 2012 el registro ascendía a 1.062 sociedades de inversión y en 2014 la cifra subió a 1.298. Pero advierte que dada la exigencia del certificado de no deuda que debe emitir la municipalidad de origen, se ha generado una «evidente barrera de salida» que impide una mayor movilidad de sociedades de inversión.
El movimiento que continúa en tribunales
La judicialización en torno al pago ha continuado porque ahora el problema derivó en la retroactividad del cobro.
El desfile de sociedades de inversión se ha dado puntualmente por este tema en los tribunales de primera instancia, ya que hoy son muy pocas las que acuden a la Corte de Apelaciones o la Suprema para impugnar el pago de la patente municipal.
«Si bien en Chile no existe un sistema de precedente y los fallos judiciales tienen efectos relativos, los pronunciamientos de 2012 fueron contundentes y por eso hoy son pocos los que se animan a discutir en tribunales el fondo del asunto; esto es, si las sociedades de inversión realizan o no actividades gravadas con patente comercial», explica Óscar Ferrari.
Pese a esto, existe la opción de disminuir el monto a pagar. Y para ello muchas sociedades acuden a los tribunales civiles para solicitar la prescripción de la deuda con una data mayor a los tres años de antigüedad, explica Álvaro Mecklenburg.
Todos los abogados consultados señalan que los municipios no han presentado mayor oposición frente a este tipo de solicitudes, ya que entienden que en muchos casos los impagos se debieron a que no había uniformidad de criterio sobre si procedía o no el cobro.
Pero sí cuestionan que deba realizarse mediante un proceso judicial en tribunales. Ferrari advierte que una causa de este tipo puede llegar a demorar un año, lo que retrasa innecesariamente la regularización del problema, generando además un aumento en la carga de trabajo de los ya recargados tribunales de justicia.
Por eso propone que se faculte por ley a las municipalidades para condonar el pago de los períodos prescritos.
Otra opción que ve el abogado es ampliar la competencia de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) para que sean ellos los que conozcan de estas materias.
Los cobros a personas que han encendido las luces de alerta
Álvaro Mecklenburg advierte que en los últimos años se han encendido las luces de alerta, ya que se han cursado cobros de patentes por parte de los municipios a personas naturales que no tienen constituida una sociedad de inversión, pero que sí han iniciado actividades en el giro de inversión y rentista de capitales mobiliarios ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Uno de los primeros fallos fue en octubre de 2012 cuando la Corte Suprema instó a Gracia Izquierdo a pagar patente municipal en Providencia.
Mecklenburg sostiene que casos de este tipo han continuado y que incluso él ha defendido a contribuyentes en esta situación de cobro.
«Lo que la ley hace es enumerar las actividades, pero según el fallo (de la Corte Suprema), cualquier actividad lucrativa paga patente, por lo cual se podría entender que cualquier persona que tenga un depósito a plazo, por ejemplo, que genere intereses, debería pagar patente dado que es lucrativo, lo cual es absurdo», advierte.
El impacto de la reforma
La reforma tributaria -que comenzó a operar en forma gradual en octubre de 2014- si bien no modificó directamente el pago de patentes municipales, indirectamente sí afectará el pago de este tributo para las sociedades de inversión. Esto, debido a los cambios que a partir de enero de este año se introdujeron respecto del denominado goodwill .
Este, en simple, es el sobreprecio que una empresa está dispuesta a pagar cuando compra otra, respecto del patrimonio de esta última.
Hasta antes de la reforma esa diferencia o goodwill tenía un tratamiento contable que permitía a una sociedad, en la práctica, reducir el capital que se considera como base para calcular la patente municipal (la diferencia se podía amortizar y registrar como pérdida en un plazo de hasta 10 años).
Con la reforma, en cambio, el tratamiento tributario es distinto desde enero de este año: el goodwill debe registrarse como un valor «intangible» de la sociedad (como lo sería, por ejemplo, una marca comercial), y no es posible amortizarlo. Por tanto, será mayor el capital que se considera como base para determinar la patente municipal.
¿Qué es una sociedad de inversión y cómo se determina el monto de la patente?
No existe una definición legal para las sociedades de inversión, pero corresponde a aquellas empresas cuyo objeto, giro o actividad consiste en la adquisición, con fines rentísticos, de toda clase de bienes. Por ejemplo, acciones, derechos sociales, cuotas de fondos mutuos y bienes raíces.
Óscar Ferrari, socio de Avendaño y Merino Abogados, explica que las sociedades de inversión son distintas a las empresas que realizan actividades industriales (como por ejemplo, la elaboración o producción de bienes) y comerciales (como la intermediación, distribución y/o comercialización de bienes y servicios).
A partir del dictamen de la Contraloría de 2012, las sociedades de inversión deben pagar patente municipal, ya no hay dudas al respecto, y el monto de este gravamen fluctúa entre el 0,25% y el 0,5% del capital propio de esa empresa anual.
«La Ley de Rentas Municipales autoriza expresamente a las municipalidades a determinar tasas diferenciadas», sostiene Carlos Martínez, socio de EY.
En la práctica, casi todos los municipios pueden eligir cuánto cobran dentro del rango señalado. Casi, porque hay comunas que deben cobrar el 0,5%: Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura, que por ser aportantes al Fondo Común Municipal (FCM) deben cobrar por sus patentes dicha tasa del capital propio de las empresas y sociedades instaladas en sus comunas.
De acuerdo con las últimas cifras de la Subdere en 2013, Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura contribuyeron con $111.158 millones al FCM solo por concepto de patentes municipales. El resto de los municipios no aporta al FCM. Por ende, los recursos que obtienen por patentes municipales van íntegros a sus arcas. Esto ha generado incentivos para que algunos municipios opten por cobrar una tasa más cercana al 0,25% en toda su comuna o en algunas zonas. La ley permite hacer diferenciaciones por zonas, pero no por tipo de empresas.
Cómo fijar el domicilio tributario en una comuna
La mayoría de las sociedades de inversión tienen solo un domicilio postal o tributario, pero no tienen físicamente oficinas en las que atiendan público o trabaje mucha gente, salvo algunos casos puntuales como family offices . Por lo tanto, basta con que alguien que tenga un inmueble autorice el uso de sus instalaciones u oficinas como domicilio tributario, para que una sociedad de inversión se instale ahí y pague patente en esa comuna.
La autorización de uso de un inmueble como domicilio tributario se puede obtener a través de un contrato de arriendo o de una simple autorización notarial, que debe ser debidamente informada al Servicio de Impuestos Internos. Carlos Martínez explica que no existe «ninguna ilegalidad» con que los propietarios de terrenos, ubicados en áreas donde hay una menor tasa de patente municipal, arrienden un inmueble a contribuyentes de otras comunas para que fijen su domicilio en esas zonas beneficiadas.
La información que el SII provee a los municipios
En junio de cada año el Servicio de Impuestos Internos (SII) -basándose en la información declarada por todos los contribuyentes en abril, en el marco de la Operación Renta- informa a los municipios sobre el capital reportado por todas las empresas y sociedades en cada comuna.
Con esos datos, más los propios, las municipalidades emiten el 1 de julio los cobros de patentes municipales, las que pueden cancelarse hasta en dos cuotas.
En julio de este año, por ejemplo, las empresas y sociedades recibirán los cobros con la información del año comercial 2014. La primera cuota debe pagarse en julio y la segunda puede pagarse en enero de 2016.