Con expectativas reconocidas y la tarea de unir fuerzas para abordar de forma conjunta un problema que afecta a un amplio espectro del sector energía, se retomará este jueves la mesa trabajo público-privada que está abordando la situación del mercado de corto plazo y la cadena de pagos, a raíz de la alarma encendida luego de que dos empresas generadoras se declararon imposibilitadas de cumplir con sus contratos de suministro.
La instancia fue convocada por el ministerio de Energía, bajo la conducción de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y en ella participan además los gremios eléctricos, junto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Consejo Minero.
Este jueves se realizará la segunda sesión de la mesa, ocasión en que las entidades gremiales participantes tendrán, según un calendario ya definido, la oportunidad entregar su diagnóstico y apreciaciones acerca de la situación que comenzó a fines de septiembre cuando María Elena Solar S.A., -filial de la empresa española Solar Pack y operadora de un proyecto fotovoltaico en Pozo Almonte- notificara al Coordinador Eléctrico de su incapacidad económica para cumplir sus obligaciones de pago con otras compañías.
En la siguiente reunión, los organismos que tendrán la oportunidad de exponer son la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), Asociación de Concentración Solar de Potencia (ACSP) y Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor).
Por parte del ministerio de Energía, en la primera reunión participó el subsecretario Julio Maturana. Según fuentes del sector, se prevé que en lo sucesivo siga siendo la segunda autoridad el representante oficial de la cartera, en lugar del ministro Diego Pardow.
Diversidad y transversalidad
Desde los distintos gremios, valoran la conformación de la mesa de trabajo y reconocen sus expectativas con relación a los resultados que de ella podría lograrse. Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera, entrega su percepción, a partir de su experiencia en el primer encuentro, efectuado el 13 de octubre (foto de noticia): “Se valora la diversidad y transversalidad de la mesa, ya que estuvieron todos los actores presentes. La posición planteada por Acera fue la de priorizar la aplicación de medidas de corto plazo, pero con mirada sistémica de largo plazo”.
Agrega que “se requiere de un trabajo conjunto con el gobierno para entregar propuestas con plazos de ejecución y responsabilidades asignadas en distintas instituciones e instrumentos”.
Asimismo, la líder gremial pone el acento en que “bajo este escenario de suspensión de los contratos, se advierten riesgos para el proceso de descarbonización, pues se conjugan varias condiciones exógenas y otras endógenas del sistema”.
Por su parte, Camilo Charme, gerente general de Generadoras de Chile, expresa que “valoramos la mesa de trabajo convocada por la autoridad, dentro de la lógica de un mercado competitivo y abierto, con el objetivo de mejorar la planificación del sistema y de la red de transmisión, para evitar desacoples de precio en el mercado e incentivar una mejor coordinación de sistema, conciliando seguridad con una visión económica que le permita ser sustentable”.
El ejecutivo añade que el problema que ha afectado hasta el momento a dos firmas de generación renovable “se trata de una situación que debe resolverse dentro del marco de los contratos y la legislación vigente, cuyo objetivo es proteger la adecuada operación y sustentabilidad financiera del mercado eléctrico bajo el liderazgo institucional de la CNE, el Coordinador Eléctrico Nacional y el Ministerio de Energía”.
Bajar el límite de potencia
De igual modo, Ignacia García, directora ejecutiva de GPM (gremio de las pequeñas y medianas generadoras), también celebró la creación de la instancia: “Valoramos la creación de una mesa público-privada por parte de la CNE para dialogar sobre la operación del mercado de corto plazo, y así buscar medidas de corto y mediano plazo que permitan subsanar este tipo de situaciones”.
Respecto a la situación en que se encuentran las generadoras, comenta que “si bien los mecanismos diseñados para este tipo de escenario (boletas de garantía) funcionaron de buena manera en este caso, es una situación que preocupa y requiere de un monitoreo oportuno por parte del Coordinador”.
La representante gremial detalla que “es relevante tener presente que, junto con asegurar una operación segura del sistema, el Coordinador debe velar por que esta sea también económica. La estrechez operacional tiene un impacto significativo en los costos del sistema y esto se traslada a todos los actores, incluyendo a los pequeños y medianos generadores”.
En tanto, desde la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN), Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de la entidad, también valora la constitución de la mesa, argumentando que “es una oportunidad para que la autoridad reciba de primera mano propuestas que puedan ayudar a descomprimir la crisis que afecta a algunas empresas generadoras”.
Agrega que, “desde ACEN estimamos que el bajar el límite de la potencia apunta en esa dirección, puesto que ello permitiría una transición fluida de clientes regulados a libres, lo cual liberaría espacio para que los contratos existentes, aún en el caso de que más empresas de generación siguieran el camino de incumplir sus contratos con las distribuidoras, sean suficientes para abastecer la demanda regulada”.
Por otro lado, el director ejecutivo de Acenor, Javier Bustos, también plantea las expectativas del gremio: “Esperamos que esta sea una instancia para analizar los desafíos y problemas que está presentando el mercado eléctrico en la actualidad, de manera que se pueda diseñar una respuesta regulatoria y operativa acorde y con el objetivo de que el proceso de transición energética se lleve delante de forma segura y a costos eficientes para todos los clientes”.
Sacar a generadores que no puedan cumplir
Desde el segmento de las hidroeléctricas, Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec, opina que “esta es una situación que se genera, esencialmente, por una deficiente evaluación de los riesgos de suministro de ciertas empresas de generación variable en el sistema eléctrico y, como tal, lo que debe suceder es que la autoridad y las distribuidoras apliquen la ley y los contratos correspondientes para sacar del sistema, lo antes posible, a aquellos generadores que no son capaces de cumplir con sus obligaciones de suministro”.
Asimismo, Loyola estima que resulta necesario aplicar las garantías de los contratos “y, probablemente, evaluar aumentar el valor de las mismas, de manera de fortalecer la cadena de pagos en el mercado eléctrico”.