El 98% de las empresas en Chile son MiPymes, abarcando al 46% de los trabajadores dependientes. Este segmento de empresas, clave en nuestra economía, tiene gastos energéticos promedio equivalentes a un 10% de sus costos totales.
Por otro lado, el último Informe preliminar de la CNE, de agosto de 2023, indica que el descongelamiento de tarifas eléctricas –que no ocurría desde el 2019– pronostica alzas promedio del 48% en cuentas de energía para clientes regulados de mayor consumo. Así, las más afectadas serán principalmente las empresas pequeñas y medianas, que se encuentran dentro de un rango de 300 kW y 500 kW de potencia instalada.
Si se lograra reducir el límite de potencia para optar a ser cliente libre desde los 300 kW, cerca de 38.500 MiPymes podrían acceder a mejores condiciones de contrato y menores costos de suministro eléctrico. Rubros como frigoríficos, hoteles, salmoneras, aserraderos, viñas, establecimientos educacionales, de salud y recintos municipales, entre muchos otros, podrían alcanzar reducciones de precio de entre 10% y 30%, según datos de la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN).
En un escenario optimista, si un 20% de estas MiPymes –alrededor de 7.600– declara año a año su intención de migrar, lograríamos al cabo de cinco años que la totalidad de este segmento tenga la opción de mitigar el alza de precios que tendrán que asumir, sin crear un impacto financiero para el Estado. Esto, por cuanto la propia ley 21.472 del PEC2 establece que los clientes que consumen más de 500 KWh al mes y que pudieran cambiar de régimen desde clientes regulados a clientes libres deberán seguir aportando al Fondo de Estabilización.
Además de la baja de potencia, es necesario retomar el apoyo directo a las auditorías energéticas y la implementación de medidas de ahorro para las MiPymes –ya que no son sujetos de regulación ni tampoco fueron consideradas con algún beneficio en el marco de la Ley 21.305 de Eficiencia Energética–, más allá de los instrumentos focalizados o subsidios que está buscando la autoridad para solucionar el problema en el corto plazo.
Eso permitiría una serie de beneficios, tales como evaluar el cambio a la tarifa eléctrica más conveniente según el comportamiento de su demanda; contar con mecanismos de control de consumos energéticos, concretar recambios de equipos eficientes, aplicar reducciones en pérdidas energéticas, implementar medidas para la recuperación de energía y el cambio o incorporación de una nueva fuente energética más económica y sustentable.
Actualmente, está en manos de la autoridad activar el procedimiento de cambio de límite de potencia, que está establecido en la Ley de Servicios Eléctricos. También, el retomar medidas para el ahorro energético de las MiPymes, permitiendo que este segmento de empresas se sume también a una transición energética justa.
No se puede olvidar que es el segmento que genera la mayor proporción del empleo, aporta al crecimiento y es fundamental en la reducción de la pobreza de nuestro país. Por tanto, estas iniciativas públicas de largo plazo serían un importante apoyo para la reducción de sus costos energéticos, factor relevante de su producción y, para muchas de ellas, hasta de su continuidad.