El proyecto de ley que busca estabilizar las tarifas eléctricas, congeladas desde 2019, se hace cargo de los efectos que han tenido los mecanismos de regulación tarifaria implementados en los últimos años (PEC-1 y PEC-2). Sobre este texto vemos seis puntos a destacar. En primer lugar, viene a aclarar conceptos en lo relativo a los cargos que se realizarán en las cuentas de la luz y al hecho de que esos recursos se acumularán en un fondo. En ese sentido, la propuesta entrega claridad sobre el destino de los fondos que se utilizarán para pagar la deuda con las empresas generadoras.
En segundo término, el proyecto se hace cargo del retraso en la dictación de los decretos tarifarios que debieron haber sido publicados durante 2023, año en el que se esperaba cierta alza en las tarifas. Como esto no ocurrió, la deuda con las generadoras sobrepasó los 1.800 millones originalmente establecidos en la ley PEC-2 y alcanzó cerca de 5.500 millones de dólares. En línea con esto, el denominado Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), que se esperaba que alcanzara hasta 1.800 millones, se sinceró y estableció que ascendiera a 5.500 millones de dólares. Al respecto, cabe destacar que a diferencia de los 1.800 millones de dólares originales, los 3.700 millones suplementarios solo tendrán una garantía estatal por hasta el 30% de su valor.
Como tercer punto, el PDL modifica ciertos cargos que estaban contemplados en la ley anterior. Básicamente, fija en pesos el monto que van algunos de ellos destinados a cubrir el MPC, que durante el primer tiempo serán de 22 pesos por kWh y luego de nueve pesos, más los ajustes correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la Comisión Nacional de Energía para hacer ciertos ajustes en determinadas circunstancias.
En cuarto lugar, la propuesta da mayor certeza acerca de las fechas de pago de las deudas con las generadoras, a propósito del PEC-1 y PEC-2. Respecto a ambos casos la fecha para el pago no podrá exceder del 31 de diciembre del año 2027. En lo que se refiere al PEC-2, el desembolso dentro de dicho plazo es solamente por los 1.800 millones de dólares que estaban originalmente considerados y que debían pagarse al 31 de diciembre del 2032. Ahora −aparentemente−, tal deuda por dicho monto original se pagaría en un plazo mucho menor, al 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, debemos tener presente que, por sobre estos 1.800 millones de dólares originales hay una deuda que es más del doble, concretamente los 3.700 millones de dólares en que se incrementó el MPC, y eso se pagará entre enero de 2028 y diciembre de 2035.
Como quinto punto, se están descongelando ciertos elementos de las tarifas de las distribuidoras, que también fueron una forma de evitar las alzas de la luz, pero que generaban distorsiones en los precios.
La propuesta establece, finalmente, un subsidio para las familias más vulnerables, que se espera que beneficie a cerca de 850 mil hogares y que será de 120 millones de dólares anuales. Estos recursos provendrán en gran parte de un “Fondo de Estabilización de Tarifas”, que se financiaría con cargos que las mismas personas pagarán en sus cuentas de la luz. Cabe señalar que solo un 17% de este subsidio provendrá de recursos del Estado.
Si hacemos un cálculo, básicamente se trata de un subsidio de 10 mil pesos al mes por hogar, recursos que emanan en casi un 83% de los mismos clientes, para compensar la cuenta de los más vulnerables. ¿No parecerá una reasignación tarifaria?
Al respecto, se indica que se contempla la existencia de más fondos según lo determina la ley, pero vemos que finalmente el aporte real del Estado se reduce principalmente a introducir la mano en el bolsillo de unas personas para financiar a otras. Seguimos entonces con el Estado tratando de solucionar un problema con fondos de terceros.
Lamentablemente, además de lo señalado sobre los subsidios, están de por medio los plazos que se consideran para pagar las deudas con las generadoras, más que duplicando las expectativas de recaudación. Es decir, de recaudar 1.800 millones de dólares en 10 años, a recaudar 5.500 millones en 13 años.
Es natural que existan dudas respecto a la forma como se realizan estos cálculos. En los mecanismos anteriores se quedaron cortos cuando estimaron el monto de la deuda que se acumularía con el PEC-1 y el PEC-2, y ahora que esta deuda se triplica, nos aseguran que pueden cubrirla prácticamente en la misma cantidad de tiempo.
Evidentemente, es un proyecto que tiene urgencia de ser revisado, pero esperamos que se haga a conciencia y que se pueda estudiar cada una de sus distintas aristas. No vaya a ser cosa de que nos encontremos en marzo del próximo año discutiendo una nueva modificación a este esquema de estabilización de tarifas.