Medidores inteligentes y políticas públicas

Mientras la industria y la autoridad se hacen cargo de los temas que quedan por resolver, como la ciberseguridad y propiedad de los datos, es bueno recordar que, para que esto funcione, se requiere que los beneficios a los usuarios no sean pensados, diseñados y transmitidos en abstracto.

Los medidores inteligentes son, desde un punto de vista técnico, una tecnología madura, con múltiples experiencias exitosas a nivel internacional. Se espera que dentro de los próximos años ya existan más de 1.000 millones de estos medidores instalados en el mundo (hoy son unos 700 millones), cifra que se podría incrementar rápidamente, a medida que avanza la tecnología y los costos bajan.

La experiencia internacional es clara en cuanto a los beneficios de los “Smart Meters”, y los sitúa como un activo habilitante para las redes futuras o “Smart Grid”.

Son varios los beneficios que trae esta tecnología. Para el distribuidor se concentran en tener datos en línea de los consumos y del estado de la red, agilizando el proceso de facturación y administrativo, permitiendo planificar mejor, entregando datos sobre el alcance y magnitud de una falla de suministro, mejorando la resiliencia y confiabilidad del sistema, entre otros muchos.

A nivel del regulador, abre la puerta a un amplio conjunto de políticas públicas, desarrolladas con más datos y por lo mismo, deseablemente, más robustas y adecuadas. Posibilita, por ejemplo, la implementación de nuevas tarifas, incluso con señales de precio que le podrían indicar al usuario cuando le es más económico consumir electricidad. Potencia las políticas que promuevan la generación domiciliaria, y permite la medición más precisa, y en línea, de la disponibilidad del servicio, pudiendo hacer una fiscalización profunda en todo momento.

Pero todo lo anterior pierde el sentido si no existen beneficios para los usuarios. Es el usuario el que podrá recibir las señales de precio, quien podrá recuperar su servicio en forma automática al pagar su deuda, quien podrá conocer sus consumos y hacerlos eficientes, quien podrá contar con servicio de forma ágil en caso de falla, o tener datos contundentes para reclamar una devolución por falta de suministro, y en definitiva, quien será el beneficiario de las nuevas políticas públicas.

Así que, mientras la industria y la autoridad se hacen cargo de los temas que quedan por resolver, como la ciberseguridad y propiedad de los datos, es bueno recordar que, para que esto funcione, se requiere que los beneficios a los usuarios no sean pensados, diseñados y transmitidos en abstracto. Deben ser claros y tener impacto positivo en cada consumidor, y dicho impacto debe ser en el corto plazo. Si los usuarios sólo ven costos, esta tecnología será, entendiblemente, rechazada, perdiéndose así, lamentablemente, su alto potencial de beneficio social.