El 2019 entró la última termoeléctrica a carbón en operación en el país, Infraestructura Energética de Mejillones (377MW), propiedad de la empresa Engie, la misma que este año anunciase el cese de operación de todas sus unidades a carbón al 2025, para reconvertir parte de ellas a gas y biomasa.
En Chile, existen 28 unidades termoeléctricas a carbón, de las cuales 19 ya cuentan con fecha de cierre y planes de reconversión para tres de ellas, dos a biomasa y una a gas. Las diez restantes no cuentan aún con una fecha definida. Este retiro programado hasta fines del 2025, equivale al 65% de la potencia termoeléctrica a carbón existente.
Tanto los anuncios de Enel, Engie y últimamente de Aes Andes (ex Aes Gener), dan cuenta de la ambición pública y privada de acelerar un proceso que se impulsa en el mundo occidental para cerrar este tipo de centrales, atendiendo el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) liberadas a la atmosfera en el marco del Acuerdo de Paris. En Chile, además, el parlamento discute la promulgación de una ley que prohibiría el funcionamiento de todas las centrales a carbón a partir del 2025.
Para limitar las temperaturas, las emisiones anuales en 2030 deben ser de 15 gigatoneladas de CO2, lo que significa recortes de 7,6% anuales hasta 2030 para la meta de los 1,5°, y de 2,7% por año para la meta de 2° C.
El inventario nacional de GEI da cuenta de un peak de emisiones asociados a la generación eléctrica en el 2016, desde esa fecha han ido disminuyendo, explicado en gran parte por la alta penetración de las energías renovables variables en el sistema eléctrico nacional, y se espera que al menos un 60% de la reducción de emisiones de GEI comprometidos por Chile en su NDC provengan del sector de la generación eléctrica.
El adelanto y el cierre total de centrales a carbón traerá una serie de beneficios sociales y ambientales para los territorios que hoy alojan dichas unidades, pero también se generarán tensiones por la pérdida de empleo directo e indirecto y la disminución de la actividad económica.
El Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la GIZ está apoyando el proceso de transición justa del país y para ello ha desarrollado dos guías que pueden ser utilizadas como orientación para empresas, el gobierno central, los gobiernos locales y regionales así como también para las organizaciones de la sociedad civil.
GIZ en conjunto con Inodú elaboró una guía de buenas prácticas ambientales para el cierre de centrales desde una perspectiva multiactor, diseñando una ruta para el proceso de cierre, la cual se complementa con la perspectiva participativa de la inclusión de actores en el cierre, trabajo que fue desarrollado en conjunto con Gestión Social.
El 2022 dejará de funcionar Bocamina II cerrándose la primera central de manera completa en la comuna de Coronel, lo cual abre una oportunidad para impulsar medidas que permitan una reconversión a nivel local mirando hacia un futuro sin emisiones, generando aprendizajes de experiencias anteriores cercanas y también posibilitando nuevos acuerdos transversales que apunten hacia el buen vivir.