Chile ha experimentado en los últimos 20-30 años grandes cambios en su matriz energética. Esto, desde principios de los noventa, cuando la matriz se basaba en dos grandes fuentes, la hidráulica y combustibles fósiles, para luego tener la bonanza del gas natural argentino, que inclinó la balanza hacia la predominancia de ese combustible fósil.
Posteriormente, ante la crisis del gas desde Argentina se sumó el gas natural licuado vía marítima (Quintero y Mejillones) y numerosas termoeléctricas carboneras, hasta llegar a hoy, en que prevalece el desarrollo de tecnologías de energía renovable no convencional (ERNC). Respecto a estas, cabe destacar que en los últimos cinco años −debido especialmente a la baja de costos para la energía solar− han hecho que Chile posea una preponderancia de ellas en la nueva matriz energética aportando a los requerimientos internos de energía para todas las actividades del país.
Recién hace unos pocos años, como algo inédito, ha surgido la posibilidad de ser exportadores de energía, aprovechando las ventajas comparativas que poseemos en cuanto a potencial de producción de energía solar y eólica, para conectarlo con la producción de hidrógeno, dándole a este producto el valioso calificativo de “verde”.
Pero ser exportadores de mundiales de energía (H2V y combustibles sintéticos) requiere escalar a gran nivel la magnitud de los proyectos de producción, esperando convertirla en una industria de exportación de importancia similar al cobre en cuanto a ingresos país.
Este es un análisis que en Arcadis hemos venido realizando hace ya varios años, entendiendo la enorme trascendencia del desarrollo de esta industria para el futuro nacional, tanto para descarbonización, sostenibilidad y carbono neutralidad (meta a 2050 comprometida a nivel internacional por Chile) como, evidentemente, para un aumento significativo del PIB.
Es por ello que las expectativas del desarrollo de esta industria son altas y se han establecido programas públicos que permiten dar apoyo a proyectos de producción de hidrógeno verde a escalas de investigación o piloto, aunándose a derivados como combustibles sintéticos.
La nueva industria de H2V, en su escala masiva, conlleva la necesidad de utilizar decenas de miles de hectáreas para generación de energía renovable, junto a las propias instalaciones industriales de producción, de almacenamiento y transporte, desalación de agua de mar y de infraestructura portuaria.
Con ello, se ha comenzado a percibir y debatir que la industria del hidrógeno verde y biocombustibles derivados requiere de una planificación del territorio. Lo anterior resulta ser un punto de inflexión trascendental, ya que parece ser una realidad palpable que si eso no se comienza a socializar con las comunidades locales y regionales para establecer niveles aceptables de acuerdos en cómo dar viabilidad territorial y socioambiental a iniciativas de escala mayor destinadas a la exportación de H2V y derivados, es muy probable que la nueva industria empiece rápidamente un camino de conflicto y deslegitimación.
Así, podría ocurrir que la del hidrógeno pase de ser una industria deseable a una poco deseable, por lo menos para ciertas poblaciones regionales que podrían asumir estos proyectos como una amenaza.
Es deber de todos, autoridades, academia, consultores y por supuesto comunidades, llevar el quiebre hacia un futuro positivo a través del dialogo y planificación territorial, que pueda por una parte, determinar las áreas aptas para la inclusión de estos proyectos. Y por otra, aquellas que por sus condiciones de valor ambiental poseerán niveles de restricción o bien, simplemente, que no serán aptas para proyectos de escala industrial debido a su sensibilidad intrínseca y/o sus prestaciones ecosistémicas.