El fin de la tarifa de invierno anunciada por el Presidente Boric, que se implementó a partir de la primera quincena de julio, pudiese parecer una buena noticia, pero no lo es. Vemos un impacto importante en la señal que se da en el precio para el uso eficiente de la red, ya que quienes pagan más por el sobreconsumo de invierno no son los hogares de menores recursos, sino que los consumidores menos sensibles al precio de la electricidad, lo que hará que el beneficio no sea asignado correctamente. La consecuencia directa de esto es lo que en economía se conoce como inconsistencia dinámica.
Los casos puntuales de varias familias vulnerables que utilizan un solo medidor, a los que ha apelado el Gobierno, deben ser apoyadas a través de subsidios dirigidos y acotados, sobre la base de información de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares y programas de reconversión energética en curso. Al respecto, cabe mencionar que la disminución de la contaminación intra y extradomiciliaria tiene importantes beneficios en el corto y largo plazo, disminuyendo así el gasto estatal en salud, lo que debiera financiar con creces el subsidio.
Al igual que el Gobierno, creemos que en el mecanismo de tarifa de invierno existen incentivos que no son lo suficientemente eficientes considerando la tecnología de medidores existente desde hace varios años. Estos incentivos deben ser actualizados y no eliminados, como se ha planteado. Básicamente, el espíritu detrás del cobro de invierno corresponde al pago por el dimensionamiento de las redes y de la producción de electricidad para cubrir las necesidades de consumo, cuando el sistema está más estresado. En ese sentido, la tarifa de sobreconsumo de invierno no es en esencia un problema de cuánta energía más se consume, sino de cuándo se consume. En la jerga técnica, no es un problema de energía sino de potencia.
En los clientes libres, este concepto es remunerado explícitamente por potencia. Y en el caso de los clientes residenciales, como se cuenta con un medidor básico que recolecta solo datos de energía acumulada, no se tiene información para poder cobrar según el horario en que se usa. Por esta razón, en 1980 se optó por el mecanismo del límite de invierno como una medida simple para controlar el aumento brusco del consumo estacional. Hoy, la tarifa de invierno se ha convertido en un mecanismo ineficiente, y lo vemos en las distorsiones que genera, especialmente, con la electrificación de la demanda, ya que ante un mayor desarrollo a nivel país, mayor también debería ser el consumo eléctrico, por lo que sería positivo estudiar espacios de mejora en su funcionamiento.
En nuestra opinión, el camino para hacerlo es incorporando medidores inteligentes que permitan dar al consumidor final, de manera justa, las señales inmediatas de eficiencia en consumo eléctrico, con relación al uso del sistema cuando está más exigido, como ocurre en invierno. Creemos que ahora es el momento para que el Gobierno trabaje con las empresas distribuidoras y presenten un proyecto de ley corta en distribución, acotado a medidores inteligentes. Esto involucraría muchos aspectos positivos, más que solo lo del límite de invierno, pero comprometiendo los beneficios explícitamente en la tarifa para que sean autofinanciados y no signifiquen un aumento de esta.
Contar con medidores inteligentes de forma masiva permitiría establecer tarifas de energía en bloques horarios que incentiven el consumo en horario diurno, cuando no solo es más barata, sino que abunda la energía renovable. Adicionalmente, y como medidas concretas de corto plazo, se debe permitir a las empresas distribuidoras la implementación de pilotos para poder hacer pruebas con tarifas flexibles reguladas y se tarifique el servicio de arriendo de medidor inteligente.
No se trata de no calefaccionar, sino de hacerlo en los períodos en que la energía tiene menor precio. Esto mejoraría la implementación del mecanismo, haciéndolo más justo y beneficiando a las personas. Algo que estamos seguros de que no ocurrirá con la medida anunciada por el Gobierno.