El 24 de octubre fue el Día Internacional contra el Cambio Climático, creado con el objetivo de promover un cambio de conciencia y tomar medidas concretas para mitigar los efectos negativos que está provocando el calentamiento global en todo el mundo. Justamente en Chile estamos viviendo un periodo de renovaciones y ajustes de nuestra matriz energética, los que son fundamentales para avanzar en la ruta hacia la descarbonización y la producción de energías limpias. Y una de las iniciativas más destacadas es el proyecto de Ley de Transición Energética, el cual busca que esta industria se convierta en un sector habilitante dentro de las metas país de carbono neutralidad de aquí al año 2050.
La crisis climática es hoy un problema fundamental que nos afecta a todos y requiere de acciones concretas para generar cambios positivos. En este sentido, la energía es una de las bases del problema, pero al mismo tiempo, una oportunidad para su solución. Según las Naciones Unidas, los combustibles fósiles son responsables de más del 75% del total de emisiones de gases globales de efecto invernadero y cerca del 90% de todas las emisiones en dióxido de carbono. Actualmente, la única manera de detener el impacto negativo es reduciendo estos índices a casi la mitad en 2030 y llegar a cero en el año 2050. Para lograrlo, debemos dejar de depender de los combustibles fósiles e invertir en fuentes alternativas que sean limpias, accesibles, asequibles, sostenibles y fiables.
En el caso de Chile, se requiere promover un escenario donde las energías verdes tengan un rol relevante dentro de la matriz energética, entregando esperanzas de un futuro más sustentable para las nuevas generaciones.
La actual propuesta de Ley de Transición Energética tiene varios aspectos positivos, entre ellos, deja en evidencia la necesidad de transformar el mercado eléctrico chileno, el cual no ha sufrido modificaciones en los últimos cuarenta años con un modelo centrado en las energías tradicionales. Sin embargo, es crucial que este proyecto considere también el aspecto tarifario en la producción energética por varias razones. Primero, porque en la actualidad los precios de la energía no reflejan el costo de producirla y eso es un problema que se debe corregir. El escenario eléctrico actual favorece a los combustibles fósiles, ya que las condiciones establecen que las energías renovables que no pueden almacenarse, deben ser desechadas para no colapsar la red. Incluso existen meses del año donde -debido a la normativa-, éstas se valorizan a cero. En la práctica, esto significa que más de un tercio de la energía limpia que se desperdicia no está llegando a los hogares de miles de chilenos de manera más económica y eco amigable.
Segundo, porque aunque Chile está mostrando algunas señales de reconocimiento, hasta ahora la transmisión eléctrica no ha avanzado a la velocidad de la generación y por eso, es prioritario promover cambios que permitan operar de manera justa y sin incentivos a unos en desmedro de otros. Y tercero, porque en los últimos años, la competencia en el sector de generación eléctrica ha aumentado gracias al ingreso de nuevas empresas y esto es algo que debemos valorar y cuidar, ya que una mayor participación de actores promueve mejor calidad en el servicio y más opciones para los usuarios, permitiendo resolver de manera más efectiva los desafíos climáticos que hoy vivimos.
Tenemos claro que uno de los principales responsables del daño medioambiental es el uso intensivo de combustibles fósiles. Mientras sigamos dependiendo mayoritariamente de ellos, Chile estará perdiendo competitividad, desaprovechando el potencial de sus recursos naturales y poniendo en riesgo el bienestar de las nuevas generaciones. La invitación entonces es a valorar el aporte de las energías renovables limpias producidas en Chile, que son las que más colaboran en la ruta hacia la carbono neutralidad y la generación de energías verdes.
Si realmente Chile quiere ser un referente en hidrógeno y minería verde, la ley debe ir a la par de estas ambiciones. Ahora más que nunca, es urgente avanzar en una normativa eléctrica que logre reflejar los precios que cuesta producirla y considere la revalorización de las energías limpias, las que necesitan ser tasadas a un precio justo. Sólo así se podrá viabilizar y acelerar con responsabilidad la transición energética, poniendo al país a la vanguardia del desarrollo de las energías renovables, y al mismo tiempo, garantizando el acceso a un sistema más limpio, justo y resiliente para todos los chilenos.