La presidenta Bachelet lo dijo claramente: a 2010 el 15% de la nueva energía que se integre a la matriz energética debe obtenerse de fuentes renovables no convencionales (ERNC), entre los cuales figuran mini hidroeléctricas (menos de 20 MW), eólicas, geotermia, biomasa, solares, biogas y mareomotriz.
Para asegurar esta meta, la autoridad ingresó un proyecto de ley que obliga a las generadoras a acreditar que el 5% de la energía que ofrezcan en las licitaciones de suministro para clientes residenciales del SIC y SING, entre los años 2010 y 2029, corresponda a este tipo de energías.
El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, es uno de los detractores de esta decisión. La considera inoportuna porque comparada con las energías tradicionales estas inversiones son más caras y de una capacidad inferior.
“Son inoportunas no porque pensemos que no sea atractivo estudiar otras formas de desarrollo de energías alternativas, sino que hoy no se puede invertir y subir los costos de la energía eléctrica con estas fuentes renovables no convencionales, que en otros países ya vienen en retirada porque necesitan subsidios”, dijo Castillo durante un seminario del sector.
Agregó que obligar a las generadoras a contar con un 5% de su producción en base a estas energías es equivalente a exigir que en una casa pobre se obligue a invertir en césped caro, porque en este momento la necesidad del país es disponer de energía y ésta debe ser la que represente los menores costos para los productores.
Protocolo de Kyoto
En países desarrollados la proliferación de proyectos de ERNC no está relacionado con la diversificación de la matriz energética, ni como un método eficaz para hacer frente a las necesidades de un escenario energético complicado, como el que enfrenta el país.
La motivación en estas economías está relacionada con la reducción de gases efecto invernadero que ellas suponen y a las cuales esos países están obligados, en el marco de los postulados del Protocolo de Kyoto.
“No se puede obligar a las generadoras a invertir en condiciones difíciles y asumiendo costos de energía es lo que no vemos oportuno”, aseguró recientemente Castillo.
Desde el gobierno retrucan la queja de los eléctricos señalando que se trata de una obligación de mediano plazo, que está asociado a la segundo proceso de licitación de suministro, por lo que estos proyectos no deben estar operativos en 2010, que es el momento donde urgen los proyectos.
La meta del gobierno es elevar la participación de las energías renovables no convencionales desde los 11,9 MW que hoy tienen a nivel nacional, hasta 420 MW a 2010.
Fuente / Diario Financiero