(El Mercurio) El economista Bernardo Fontaine ha seguido de cerca la tramitación de la reforma laboral que ingresó al Congreso hace casi un año.
La semana pasada, el Gobierno presentó indicaciones al proyecto, las que Fontaine califica como «mejoras limitadas» y «pequeñas correcciones».
A su juicio esta iniciativa tiene serios errores técnicos y tendrá efectos diversos. «Espero que el Senado corrija este proyecto. No se trata de tener una ley que sea del gusto de la CUT o de los empresarios, sino que verdaderamente hecha para los trabajadores chilenos», afirma.
Respecto del rol del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la discusión de este proyecto, Fontaine cuestiona los cambios que la autoridad ha logrado introducir en esta discusión. «La gran promesa del Ministro Valdés sigue incumplida: hacer reformas bien hechas que favorezcan el crecimiento», advierte.
Las dificultades de la reasignación de trabajadores
El economista valora que se haya repuesto la posibilidad del descuelgue de trabajadores en huelga. Para las empresas grandes y medianas, esto se permite luego del día 16 de paralización, y para las micro y pequeñas a partir del día 6.
Sin embargo, considera una medida insuficiente la opción que permitiría que los trabajadores que no están en huelga puedan ser reasignados a otras posiciones en la empresa, respetando las funciones establecidas en sus respectivos contratos. «Es un intento por introducir algún grado de reemplazo interno, pero es muy maneado, y generará una judicialización importante», anticipa Fontaine, quien agrega que la prohibición del traslado de trabajadores de un lugar a otro durante la huelga tendrá graves consecuencias.
«El test más importante es preguntarse qué pasará cuando los conductores del metro vayan a huelga. Es imposible que pueda funcionar, porque es muy difícil que los contratos de otros trabajadores consideren otras funciones, como conducir trenes», explica.
Sobre la indicación de quórum sindical -donde se estableció que las empresas con menos de 50 trabajadores podrán constituir un sindicato con ocho empleados, siempre que representen como mínimo al 50% del total de la dotación-, afirma que representa un pequeño avance, pero que es un «total incumplimiento» del acuerdo que firmó la bancada de senadores pro pyme en septiembre con los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, respectivamente. Ese compromiso -recalca- planteaba un mínimo de 25 trabajadores para conformar un sindicato.
Nueva fórmula para extender beneficios
Respecto a la extensión de beneficios, que quedó sin indicación por parte del Ejecutivo, sugiere que tanto el empleador como el sindicato puedan ampliarlos al resto de los trabajadores, sin vetos. Tal como está redactada la reforma hoy, el sindicato puede vetar la extensión de beneficios cuando no hay acuerdo con el empleador.
En relación a la obligatoriedad de negociar con un sindicato interempresa, sostiene que lo ideal es que sea una opción voluntaria para que las empresas, principalmente pymes, no se vean obligadas a negociar con condiciones muy distintas a su realidad, lideradas por «un mega sindicato».
Finalmente, Fontaine pide reponer sanciones a la huelga violenta, como se propuso en el proyecto original que ingresó al parlamento en 2014. «Es indispensable asegurar una huelga pacífica», puntualiza.